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Las tres órdenes ejecutivas dictadas por la administración Trump el 28 de abril de 2025 son un nuevo intento por atribuirse poderes que no tiene y desconocer la Constitución para continuar la persecución contra las personas migrantes.
Una de las órdenes ejecutivas se refiere a fortalecer a los agentes responsables del cumplimiento de la ley para "perseguir a los criminales y proteger a los ciudadanos inocentes". La orden ejecutiva mantiene el discurso peligrosista y anima conflictos inexistentes entre una parte de la población y la otra, que son centrales para la agenda de este gobierno. La medida reitera que el foco debe ser la persecución de delito, sobre otros objetivos vinculados con la equidad racial o de género; y crea un mecanismo para apoyar a los oficiales que enfrenten procesos civiles o penales vinculados con el cumplimiento de sus funciones, entre otros.
Alianza Americas está preocupada con esta orden ejecutiva que autoriza destinar los activos sobrantes del ejército y la seguridad nacional a funciones de seguridad pública y cumplimiento de la ley. Militarizar la policía representa un peligro para toda la población porque las fuerzas armadas no están entrenadas o equipadas para cumplir esta función. En lugar de brindar seguridad, esta medida aumenta el riesgo de abusos y violencia para toda la población.
En la misma línea discursiva de antagonizar a la población, otra orden ejecutiva, titulada Protegiendo a las comunidades estadounidenses de los extranjeros criminales dispone una serie de acciones contra las jurisdicciones santuario, que incluyen incluirlas en una lista, amenazarlas con recortes de recursos, y demandarlas. Además, sostiene que cualquier política que favorezca a personas extranjeras residentes en perjuicio de ciudadanos estadounidenses es ilegal. Específicamente menciona a las universidades que ofrecen una reducción de la matrícula para estudiantes extranjeros residentes en el estado, lo cual según el gobierno discrimina en contra de ciudadanos de otros estados..
Alianza Americas lamenta la miopía del gobierno que ignora que los estudiantes extranjeros son una valiosa contribución para la sociedad estadounidense. Las jurisdicciones locales conocen de primera mano el valor y las contribuciones de las personas migrantes y la imposibilidad de separarlas del resto de la comunidad. Justamente y en aplicación de la ley vigente optan por no celebrar acuerdos de cooperación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como lo establece la sección 287 g de la Ley de Ciudadanía e Inmigración, para privilegiar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad. Esta es una prerrogativa que establece la legislación vigente, y que el Presidente no puede desconocer, aduciendo la supremacía de su poder en asuntos migratorios. El ejecutivo debe actuar en cumplimiento de la ley.
Por último, la tercera orden ejecutiva dice buscar dar cumplimiento a las reglas del sentido común en las carreteras para los chóferes estadounidenses de camiones y se centra en el nivel de competencia del inglés que deben tener quienes conducen vehículos pesados por lo que ordena modificar el examen y tomar otras acciones para “mejorar sus condiciones de trabajo”. Sin embargo, tendrá un impacto directo sobre los conductores de camiones mexicanos y canadienses francoparlantes.
Alianza Americas lamenta las prioridades del gobierno, y cuestiona los motivos de esta medida. Sin embargo, hacemos un llamado a que se tome esta oportunidad para garantizar y proteger los derechos de las personas que conducen vehículos de carga en las carreteras, quienes trabajan en largas jornadas lejos de sus familias. El examen de inglés debe responder a las necesidades de la actividad económica y no debe ser un factor de discriminación. Por último, expresamos nuestra preocupación con una medida que podría contribuir a la inflación y hacer más difícil el comercio en Norteamérica, una región integrada económicamente con complejos niveles de interdependencia en el sector de la alimentación y la industria.
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Alianza Americas es la principal red transnacional de defensa de los derechos de las personas migrantes latinoamericanas que trabaja en Estados Unidos, en todo el continente americano y en todo el mundo para crear un modo de vida inclusivo, equitativo y sostenible para las comunidades en las Américas.