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El 14 de agosto de 1935, en medio de la mayor depresión económica que jamás había vivido Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt promulgó la Ley del Seguro Social. Al anunciar la medida, el presidente Roosevelt reconoció sus limitaciones, pero reafirmó su propósito:
“Nunca podremos asegurar al cien por cien de la población contra el cien por cien de los riesgos y vicisitudes de la vida, pero hemos intentado elaborar una ley que ofrezca cierta protección al ciudadano común y a su familia contra la pérdida del empleo y contra una vejez marcada por la pobreza”.
Esta visión reflejaba un profundo cambio hacia el reconocimiento de que cuidarse unos a otros no es solo una obligación privada, sino una responsabilidad social colectiva, que requiere la intervención del gobierno para garantizar la dignidad y la seguridad de todos.
Noventa años después, la Ley del Seguro Social sigue siendo una de las leyes más importantes jamás aprobadas en los Estados Unidos. Ha proporcionado seguridad económica a las personas mayores, a las personas con discapacidades y a los familiares de los trabajadores fallecidos. Sin embargo, a pesar de su enorme popularidad y su innegable impacto, el Seguro Social se enfrenta a una serie de retos que amenazan la estabilidad a largo plazo del programa. En un momento en el que el programa se enfrenta a la incertidumbre, comprender sus orígenes y las razones por las que se creó es esencial para preservar su futuro y fortalecerlo para las generaciones futuras.
Antes de la creación del Seguro Social, no existía la idea de una jubilación digna. Una vez que se dejaba de trabajar, ya fuera por elección propia, por pérdida del empleo o por problemas de salud, no había garantía de ingresos futuros. El apoyo económico y el cuidado de las personas sin trabajo era una responsabilidad que asumían principalmente la familia extensa, los amigos, los vecinos y las organizaciones benéficas privadas.
A medida que Estados Unidos pasó de ser una sociedad agraria a una urbana, los estadounidenses dejaron de depender tanto de la producción agrícola para mantenerse a sí mismos y a sus familias, y pasaron a depender más de los salarios que proporcionaban los empleos industriales. Entre 1880 y 1900, la Revolución Industrial en Estados Unidos llevó a la gente a las ciudades, y 15 millones de personas se establecieron en centros urbanos y en empleos industriales. Sin embargo, con el inicio de la Gran Depresión, el desempleo se disparó, alcanzando el 34 % de la población activa no agrícola en 1932. Esto hizo mucho más difícil para las personas mantenerse a sí mismas y satisfacer las necesidades de sus familiares desempleados mayores de edad, sumiendo a aproximadamente la mitad de esta población del país en la pobreza.
Con una pobreza y una inseguridad económica tan generalizadas, la necesidad de que el gobierno federal proporcionara un seguro social era mucho más evidente. Aunque anteriormente se habían promulgado iniciativas gubernamentales para apoyar a los estadounidenses en dificultades, la creación del Comité de Seguridad Económica en 1934 fue el avance más importante y condujo a la propuesta de la Ley del Seguro Social. Esto supuso un paso importante hacia el reconocimiento de que el cuidado mutuo no debe recaer únicamente en las familias y las organizaciones benéficas privadas, sino que debe asumirse como una responsabilidad colectiva, en la que el gobierno desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar la dignidad y el apoyo a todos.
Cuando se promulgó la Ley de la Seguridad Social, se creó un sistema de seguro social financiado mediante impuestos sobre las nóminas pagados por los empleados y sus empleadores, lo que significaba que, para poder recibir prestaciones, los trabajadores tenían que cotizar al programa y, a continuación, podían recibir prestaciones en función de sus ingresos medios cubiertos.
Sin embargo, en sus primeros años, el Seguro Social dejó a muchas personas sin protección. A lo largo de los años, se han presentado numerosas enmiendas a la Ley de la Seguridad Social y se han aprobado leyes para ampliar la cobertura. Entre ellas se incluyen:
En febrero de 2024, 67 millones de personas cobraron prestaciones del Seguro Social. Según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, las prestaciones evitaron que 16,3 millones de adultos mayores de 65 años cayeran en la pobreza en 2023. Sin el Seguro Social, la tasa de pobreza ese año habría sido del 37,3 %, en comparación con la tasa de pobreza real del 10 %. Sin embargo, aunque la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social son adultos mayores, uno de cada cinco son personas con discapacidades o jóvenes sobrevivientes de trabajadores fallecidos, lo que ayuda a otras poblaciones vulnerables a evitar la inseguridad económica. Su impacto ha convertido al programa en uno de los programas gubernamentales más populares, y una encuesta del Pew Research Center de 2024 reveló que el 79 % de los adultos estadounidenses cree que las prestaciones del Seguro Social no deberían reducirse de ninguna manera.
A pesar de la cobertura casi universal del Seguro Social, muchas personas siguen sin tenerla. El Seguro Social exige a los trabajadores que contribuyan al programa para disfrutar de sus prestaciones. Sin embargo, los trabajadores indocumentados, al igual que otros, contribuyen al programa a través de los impuestos sobre la nómina, pero no tienen derecho a recibir prestaciones. De hecho, en 2022, los trabajadores indocumentados contribuyeron con $25.700 millones de dólares al Seguro Social. Esta exclusión clave impide a los trabajadores indocumentados tener una jubilación digna y traslada la responsabilidad de su cuidado del Estado a sus familiares.
Uno de los muchos retos a los que se enfrenta el programa está relacionado con su fondo fiduciario, que se prevé que se agote en 2033, ya que los impuestos sobre las nóminas actuales son insuficientes para compensar las prestaciones distribuidas y solo cubren alrededor del 77 % de las mismas. Esto supone un recorte importante con consecuencias devastadoras para las familias de ingresos medios y bajos.
A estas preocupaciones se suman las presiones políticas. En la actualidad, el Seguro Social se enfrenta al escrutinio de ciertos grupos que creen que abundan “el despilfarro, el fraude y el abuso”, a pesar de que no hay pruebas que respalden estas afirmaciones. No obstante, estas afirmaciones han provocado el despido de un número significativo de empleados de la Administración del Seguro Social y han dado lugar a llamamientos para privatizar el programa. La reducción del personal de la agencia amenaza el servicio al cliente, mientras que la privatización puede tener consecuencias aún mayores. Además, los recientes recortes a otros programas de la red de seguridad social en el reciente proceso de reconciliación presupuestaria ponen de relieve un cambio en la responsabilidad del gobierno federal de proporcionar apoyo a los pobres, en favor de proporcionar beneficios a los ricos. Estos cambios socavan el principio fundamental de que cuidarnos unos a otros – especialmente a los más vulnerables – es una responsabilidad social compartida, no una carga de la que hay que desprenderse.
Durante sus 90 años de existencia, el Seguro Social ha sido uno de los programas gubernamentales más populares, proporcionando apoyo a los segmentos más vulnerables de la población y ayudando a sacar de la pobreza a millones de personas. Es un testimonio de la responsabilidad del país de proteger a las personas de los “peligros y vicisitudes de la vida” de los que hablaba Roosevelt. Este compromiso refleja el entendimiento de que la dignidad y la seguridad no son privilegios individuales, sino obligaciones colectivas que defendemos juntos.
Aunque su futuro está en peligro, también depende de nosotros actuar ahora y asegurarnos de que nuestros representantes electos tomen las decisiones correctas para mantenerlo en funcionamiento y aprovecharlo para que sea inclusivo con las comunidades y poblaciones que han ayudado a sostenerlo para todo el país, lo que incluye a los inmigrantes sin estatus regular. Si bien es cierto que la Ley del Seguro Social ha tenido muchas deficiencias, fue una solución temporal que Roosevelt y los legisladores esperaban que siguiéramos desarrollando y fortaleciendo. Es nuestra responsabilidad garantizar que así sea. Como red de organizaciones lideradas por inmigrantes latinoamericanos y caribeños, seguimos comprometidos con la creación de un modo de vida más equitativo, sostenible y digno para todas las personas en los Estados Unidos.
