• El rol del gobierno de El Salvador como instrumento en la implementación de acciones ilegales de la administración Trump ilustra la espantosa evolución en la externalización de la política migratoria de Estados Unidos. Este proceso comenzó y se fomentó desde la Administración Clinton en 1994.

• La detención ilegal y rápida deportación de cientos de ciudadanos extranjeros, en particular de Venezuela, a una prisión de máxima seguridad en El Salvador no es la primera vez que el gobierno salvadoreño encarcela a personas sin fundamento legal. 

• Lamentablemente, miles de salvadoreños inocentes han acabado en la misma prisión por acusaciones infundadas o por la mera sospecha de que son miembros de pandillas. La presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad de una persona y el derecho a un juicio justo, incluida la presentación de un recurso de hábeas corpus, han estado ausentes del sistema judicial salvadoreño durante años. 

• El Presidente Bukele declaró el estado de emergencia el 27 de marzo de 2022, en respuesta a la violencia de las pandillas, que resultó en 92 homicidios entre el 22 y el 27 de marzo.  Se supone que los estados de emergencia son medidas temporales que otorgan poderes de emergencia al Ejecutivo. Sin embargo, el estado de excepción se ha prolongado durante 36 meses, sin fecha previsible de finalización.

• La visita del presidente salvadoreño a la Casa Blanca representa hoy un logro impensable para Nayib Bukele, un presidente que fue reelegido inconstitucionalmente en 2024. Al recibir a Nayib Bukele en la Casa Blanca, la Administración Trump está premiando a un autodenominado «dictador cool». 

• Lamentablemente, la administración Biden decidió permanecer en silencio ante la ilegal campaña de reelección de Nayib Bukele, que violó la constitución salvadoreña que no permite la reelección inmediata. En lugar de defender el Estado de Derecho en El Salvador, la administración Biden abrazó la noción de que si algo es popular, debe ser correcto. El Estado de derecho y el respeto a la constitución fueron socavados en la política exterior estadounidense. Las consecuencias de esas acciones pueden verse ahora claramente.

• El gobierno estadounidense tiene una influencia abrumadora en El Salvador. Kilmar Abrego García fue protegido de la deportación con la retención de expulsión. Un juez de inmigración lo protegió de la deportación a El Salvador. Si el gobierno de EE.UU. realmente quiere asegurar la liberación de Kilmar del sistema penitenciario salvadoreño -donde ha estado enviando personas desde marzo- tiene absolutamente los medios para hacerlo, como lo ordenó una corte  federal. 

• A pesar de las falsas afirmaciones de Bukele de que devolver a Kilmar Abrego García constituiría «traficar a un delincuente», su devolución requiere las acciones de los dos gobiernos que lo deportaron ilegalmente y lo mantienen detenido. Su puesta en libertad depende del régimen de Bukele. El gobierno estadounidense es el responsable de identificar cómo puede regresar a los Estados Unidos. 

• Está claro que la administración Trump envió a ciudadanos venezolanos a El Salvador como una transacción comercial pagada con dinero de los contribuyentes estadounidenses. Todavía no está claro cuál es la base legal para su detención en El Salvador si no cometieron ningún delito en ese país y tampoco cuándo serán liberados.

• Se ha afirmado que el propósito de esta visita es firmar un acuerdo para el traslado de deportados de EE.UU. a El Salvador. Es necesario preguntarse cuál es la base legal para estas deportaciones inhumanas, inconstitucionales e ilegales a un tercer país, a pesar de las órdenes judiciales en contrario. El intento de concentrar un inmenso poder en un presidente, más allá de cualquier revisión por parte de un poder legislativo independiente, así como de un poder judicial independiente, no es una situación saludable para ninguna nación. Lamentablemente, este es un ámbito en el que Donald Trump y Nayib Bukele están muy de acuerdo. Ambos quieren gobernar sin rendir cuentas de sus actos.

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