El 10 de junio de 2026, el presidente Donald Trump firmó la Ley Secure America (S.2), el segundo proyecto de ley de reconciliación presupuestaria de su segundo mandato. La ley pone fin a una disputa presupuestaria sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que inició tras los asesinatos de Renee Nicole Good y Alex Pretti en Minnesota.
Los republicanos recurrieron al proceso de reconciliación presupuestaria, un mecanismo que permite aprobar algunas leyes relacionadas con el presupuesto por mayoría simple en el Senado (51 votos), sin necesidad de negociar con sus colegas de la minoría. Esto le permitió al Congreso aprobar un paquete de financiación para DHS sin incluir ninguna reforma ni mecanismos adicionales de supervisión.
¿Qué incluye la Ley “Secure America”?
La Ley Secure America asigna casi $70 mil millones a DHS y a sus organismos encargados del cumplimiento de las leyes migratorias, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), hasta septiembre de 2029. Esto garantiza recursos para la implementación de la agenda migratoria de la administración Trump durante el resto de su mandato.
Financiamiento extraordinario
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¿Qué tiene de relevante esta ley?
La Ley Secure America incrementa aún más el presupuesto de los organismos federales encargados del cumplimiento de las leyes migratorias, lo que convierte a ICE y a CBP en algunas de las agencias federales del gobierno de Estados Unidos con mayor financiación.
Estos aumentos se producen a pesar de que las encuestas indican que la mayoría de los estadounidenses se opone a una mayor financiación de estas agencias y desaprueba sus acciones. Al aprobar fondos adicionales para la aplicación de la ley de inmigración, el Congreso está haciendo caso omiso de las peticiones de los estadounidenses indignados que exigen reformas significativas en DHS y sus organismos dependientes.
Además, al eludir el proceso anual de asignaciones presupuestarias y aprobar fondos para ICE y CBP hasta septiembre de 2029, el Congreso está eliminando la oportunidad de exigir rendición de cuentas a estas dos agencias.
El proceso anual de asignación de fondos ofrece a los miembros del Congreso la oportunidad de examinar minuciosamente el desempeño de las agencias federales y determinar si sus presupuestos deben recortarse o aumentarse para el próximo año fiscal. Con la financiación aprobada en los proyectos de ley H.R. 1 y S. 2, ICE y CBP pueden seguir actuando sin tener en cuenta los derechos de las personas ni el Estado de derecho, sabiendo que no corren el riesgo de sufrir un recorte presupuestario durante el próximo ciclo de asignación de fondos.
¿Qué significa para las comunidades migrantes?
Con recursos asegurados hasta 2029, las agencias de control migratorio cuentan con la capacidad financiera para continuar y ampliar sus operaciones durante los próximos años.
Esto puede traducirse en más:
La ley asigna miles de millones de dólares adicionales a estas agencias sin incorporar reformas que fortalezcan la transparencia, limiten los abusos o garanticen que las operaciones migratorias respeten los derechos humanos y el debido proceso.
¿Qué podemos hacer ante este escenario?
Para garantizar que esto no siga ocurriendo, las comunidades de inmigrantes deben:
Mientras el Congreso debate el proyecto de ley de asignaciones presupuestarias para la Seguridad Nacional del ejercicio fiscal 2027, que podría destinar aún más fondos a ICE y CBP, es fundamental comprender lo que está en juego y por qué nos oponemos a la financiación de estas agencias.
