Press Release
September 30, 2026

NO más IIRIRA: 30 años de negar derechos, promover la violencia estatal y ampliar el poder ejecutivo. El Congreso debe derogarla

Es hora de construir un sistema migratorio que proteja la dignidad humana, fortalezca a las familias y las comunidades y reconozca la migración como una realidad regional compartida que las medidas de control migratorio, por sí solas, no pueden resolver.

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NO más IIRIRA: 30 años de negar derechos, promover la violencia estatal y ampliar el poder ejecutivo. El Congreso debe derogarla

Es hora de construir un sistema migratorio que proteja la dignidad humana, fortalezca a las familias y las comunidades y reconozca la migración como una realidad regional compartida que las medidas de control migratorio, por sí solas, no pueden resolver.

COMUNICADO DE PRENSA

Para difusión inmediata

15 de septiembre de 2026

Contacto: press@alianzaamericas.org / (773) 638-4278 

Chicago, IL. A 30 años de la implementación de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes (IIRIRA, por sus siglas en inglés), Alianza Americas, una red de 55 organizaciones lideradas por personas inmigrantes de América Latina y el Caribe, hace un llamado al Congreso de Estados Unidos: ya basta. 

‍No más ataques contra la vida, la dignidad y los derechos de las personas inmigrantes y sus familias. Hacemos un llamado urgente a derogar esta ley, que ha contribuido a la muerte de personas, a la separación de familias y comunidades, y a la expansión de una retórica de odio que demoniza a las personas inmigrantes, mientras genera miles de millones de dólares en ganancias para empresas penitenciarias y fabricantes de tecnología militar. La IIRIRA introdujo un enfoque de criminalización en la aplicación de las leyes migratorias que hoy se utiliza para presentar a las personas no ciudadanas como una amenaza, cuando nuestra realidad demuestra todo lo contrario: somos personas que contribuimos, somos esperanza y somos familia. 

Lo que estamos presenciando hoy —redadas migratorias con agentes armados, detenciones masivas, colaboración entre las policías locales y las autoridades migratorias, deportaciones aceleradas, separación familiar y muertes bajo custodia— no es nuevo ni es creación de una sola administración. Es el resultado de una infraestructura de control migratorio construida, financiada y ampliada por el Congreso y por administraciones de ambos partidos durante las últimas tres décadas. Solo entre 2025 y 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió asignaciones presupuestarias combinadas por más de $390 mil millones. Mientras el Congreso no desmantele las leyes y estructuras de financiamiento que han permitido la expansión de este sistema, la maquinaria de detención y deportación permanecerá vigente mucho después de que termine la actual administración. 

A medida que la detención penal ha disminuido debido a la reducción de ciertos delitos, las empresas que operan centros privados de detención se han beneficiado de la expansión de la aplicación de las leyes migratorias. Durante los últimos 30 años, grandes empresas de la industria penitenciaria privada —como Corrections Corporation of America, actualmente CoreCivic, y GEO Group— no solo continuaron operando, sino que expandieron significativamente sus operaciones, beneficiándose de la ampliación de las disposiciones de detención obligatoria establecidas por la ley.

‍No existe una cifra oficial precisa sobre el número total de personas afectadas por la IIRIRA desde que el presidente Bill Clinton la convirtió en ley en 1996. Sin embargo, las deportaciones y expulsiones aumentaron considerablemente. Los acuerdos que permiten la colaboración entre las autoridades policiales locales y las autoridades migratorias también se han multiplicado. Al 25 de septiembre de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) había firmado 2,589 memorandos de acuerdo bajo el programa 287(g) en todo el país.

Una política migratoria diferente es posible, pero requiere desmantelar las leyes que construyeron el sistema que conocemos hoy. El Congreso debe comenzar por derogar la IIRIRA y reemplazar las políticas basadas en la detención, la deportación y el castigo por leyes que aborden las causas estructurales de la migración y reconozcan las responsabilidades morales de Estados Unidos, así como las contribuciones económicas y sociales de las personas inmigrantes.

Treinta años después, es hora de construir un sistema migratorio que proteja la dignidad humana, fortalezca a las familias y las comunidades y reconozca la migración como una realidad regional compartida que las medidas de control migratorio, por sí solas, no pueden resolver. Las leyes de inmigración no tienen por qué seguir el enfoque establecido por la IIRIRA. Existen otros caminos posibles. Es hora de sentar las bases de un sistema migratorio diferente.

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Alianza Americas es una red transnacional de organizaciones lideradas por personas migrantes en Estados Unidos. Trabajamos para fortalecer la justicia social, la equidad y los derechos humanos en las Américas.

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