COMUNICADO DE PRENSA
Para difusión inmediata
14 de septiembre de 2026
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Abel Nunez, abel.nunez@carecendc.org / 773-320-1408
La ciudadanía estadounidense ha expresado de forma inequívoca su rechazo a las redadas del ICE en las que se recurre a la violencia de manera desproporcionada. Aunque las opiniones pueden diferir en materia de política de inmigración, existe un amplio consenso en que los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley deben desempeñar sus funciones de manera que se respete la dignidad humana, se proteja la seguridad pública y se mantengan los más altos estándares de profesionalidad y rendición de cuentas. El uso de la fuerza por parte de los agentes federales de inmigración contra miembros de la comunidad plantea serias dudas sobre la rendición de cuentas, la proporcionalidad y la forma de llevar a cabo las operaciones de control de la inmigración.
La ley no obliga a recurrir a la violencia contra las personas cuando son detenidas por infracciones de inmigración, ni contra miembros de la comunidad desarmados o personas que ejercen sus derechos constitucionales. Los sucesos ocurridos en Frederick, Maryland, los días 3 y 4 de septiembre son el ejemplo más reciente del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de los agentes del ICE. La comunidad, los cargos electos locales y las organizaciones dirigidas por migrantes o que prestan servicios a los mismos exigen una investigación sobre lo ocurrido y sobre si los agentes federales se ajustaron a las políticas, procedimientos y normas establecidas. El silencio de ICE y del DHS indica que persisten los mismos patrones de abuso en el uso de la fuerza durante las operaciones de control de inmigración.
La falta de una rendición de cuentas pública y transparente por parte del ICE o del Departamento de Seguridad Nacional no hace sino agravar la preocupación y socavar la confianza de la ciudadanía. Cuando los organismos ejecutivos no ofrecen respuestas satisfactorias sobre sus actuaciones, recae en el Congreso la responsabilidad de ejercer su función constitucional de supervisión. Los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley gozan de una autoridad extraordinaria, y dicha autoridad debe estar sujeta a un escrutinio riguroso siempre que surjan denuncias creíbles de conducta indebida.
Alianza Americas y nuestra organización miembro CARECEN DC se suman a los llamamientos para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre las actuaciones del ICE en Frederick. La rendición de cuentas es esencial para el ejercicio del poder. La rendición de cuentas es fundamental para la democracia y para el ejercicio legítimo del poder gubernamental. La comunidad directamente afectada merece respuestas, al igual que los líderes cívicos y las comunidades de todo el país que han expresado su preocupación por la forma en que se llevan a cabo las operaciones de control de la inmigración.
Una investigación exhaustiva debería aportar respuestas en tres ámbitos fundamentales:
El propósito y el desarrollo de la operación. ¿Cuál era el objetivo de la operación «Frederick» y se logró dicho objetivo? ¿Por qué, según se informa, los agentes permanecieron apostados cerca de una dirección concreta durante aproximadamente 40 horas y qué justificación operativa existía para mantener esa presencia? ¿Qué factores influyeron en la planificación y ejecución de la operación? ¿Se barajaron enfoques alternativos para minimizar los riesgos para la comunidad?
Formación, desescalada y uso de la fuerza. ¿Qué formación reciben los agentes del ICE para responder a las protestas y gestionar las aglomeraciones durante las operaciones de control? ¿Qué procedimientos de desescalamiento deben seguir los agentes cuando los miembros de la comunidad se oponen a su presencia? ¿Qué normas rigen el uso de la fuerza y en qué circunstancias están autorizados los agentes a utilizar armas de fuego, armas de electrochoque, porras u otras armas? ¿Se respetaron esas normas en Frederick?
Responsabilidad y revisión independiente. ¿Qué tipo de revisión se exige cuando una operación de ICE da lugar al uso de la fuerza o a lesiones? ¿Quién determina si un incidente justifica una investigación interna o su remisión para una investigación penal federal? ¿Qué organismos son responsables de llevar a cabo esas investigaciones? ¿Se harán públicos sus resultados? ¿Qué mecanismos existen para garantizar la rendición de cuentas en caso de que los agentes hayan infringido la política del organismo, la legislación federal o las garantías constitucionales?
La seguridad de nuestras comunidades y la integridad de nuestras instituciones democráticas están en juego cuando los agentes del ICE recurren a la fuerza sin rendir cuentas públicamente de forma clara. El secretario Mullin, David Venturella, director en funciones del ICE, y Tom Homan, asistente del presidente y «zar de la frontera», deben dar una explicación exhaustiva de los sucesos ocurridos en Frederick. También instamos a los miembros del Congreso, independientemente de su partido, a que cumplan con sus responsabilidades constitucionales de supervisión y garanticen que los organismos federales encargados de la aplicación de la ley de inmigración actúen dentro de la legalidad, respeten los derechos civiles y rindan cuentas ante el pueblo estadounidense; es lo que todos nos merecemos. Si el poder ejecutivo no asume su responsabilidad, deberá hacerlo el Congreso. Y si el actual Congreso decide no actuar, un futuro Congreso tendrá la obligación de buscar la verdad, establecer los hechos y garantizar que ninguna agencia federal quede al margen de la supervisión. El pueblo estadounidense merece transparencia, y las comunidades afectadas por estas operaciones merecen respuestas. Un retraso en la rendición de cuentas no debe convertirse en una denegación de la misma.
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Alianza Americas es una red transnacional de organizaciones lideradas por personas migrantes en Estados Unidos. Trabajamos para fortalecer la justicia social, la equidad y los derechos humanos en las Américas.
CARECEN DC es una organización dedicada a fomentar el desarrollo integral de la población latina en la región metropolitana de Washington, prestando servicios directos y promoviendo, al mismo tiempo, el empoderamiento de las comunidades de base, la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos.
