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9 de octubre de 2026
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WASHINGTON, D. C. — Hoy, el congresista Glenn Ivey (D-MD) se unió a Alianza Americas, la Catholic Legal Immigration Network (CLINIC), CARECEN DC y America’s Voice en una conferencia de prensa virtual, al cumplirse un mes desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no tomó una decisión sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador. Las personas participantes, entre ellas el hijo de una persona salvadoreña beneficiaria del TPS, expusieron las consecuencias humanas y legales de esta inacción: la pérdida de empleos, los obstáculos para renovar las licencias de conducir y la amenaza de separación familiar en hogares con integrantes de distintos estatus migratorios.
Este limbo legal se produce tras el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio en el caso Mullin v. Doe, que determinó que, en gran medida, los tribunales federales tienen restricciones para revisar las decisiones del secretario de Seguridad Nacional sobre el TPS y abrió el camino para que la administración avance con terminaciones que anteriormente habían sido frenadas por litigios. Más de 170,000 personas salvadoreñas que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos, algunas durante más de 25 años, ahora enfrentan la pérdida de sus empleos y licencias de conducir, lo que las expone al riesgo de detención migratoria y deportación. Las personas participantes instaron a la administración a cumplir la ley y extender el TPS para El Salvador, y al Congreso a aprobar una solución permanente.
“Muchas personas salvadoreñas han vivido aquí, en el condado de Prince George, durante 20, 30 años o más. Trabajan duro. Sus hijos van a la escuela con nuestros hijos y asisten a la iglesia con nosotros”, señaló el representante Glenn Ivey (D-MD-04), cuyo distrito alberga a aproximadamente 90,000 personas salvadoreñas. “La administración dijo que se enfocaría en lo peor de lo peor. Pero esto está afectando a las familias de personas que no han cometido delitos y que han contribuido positivamente a sus comunidades”.
“Mi madre ha vivido y trabajado en Estados Unidos durante más de 20 años bajo el TPS. Ahora enfrenta la amenaza de ser detenida de manera inesperada”, expresó Ronnie, ciudadano estadounidense de 24 años e hijo de una persona salvadoreña beneficiaria del TPS. “Si la detuvieran, yo tendría que hacerme cargo de mi hermana menor y, siendo realista, no creo que pudiera mantenerla por mi cuenta. Quiero que la población estadounidense entienda lo que están sintiendo ahora miles de hijos e hijas de personas inmigrantes. Solo quiero que nuestra familia pueda tener una vida normal”.
“La inacción del gobierno no es una victoria, y la incertidumbre no es protección. Durante más de dos décadas, las personas salvadoreñas beneficiarias del TPS han construido sus vidas en Estados Unidos, han formado familias, han contribuido a la economía y han fortalecido sus comunidades. Sin embargo, hoy enfrentan las consecuencias de que el gobierno no proporcione orientaciones legales claras, lo que pone en riesgo sus empleos, sus medios de vida y su futuro”, afirmó Dulce Guzmán, directora ejecutiva de Alianza Americas. “DHS debe cumplir la ley y brindar claridad, pero otra prórroga temporal no puede ser la solución definitiva. Las personas salvadoreñas beneficiarias del TPS merecen una vía hacia la residencia permanente. El Congreso debe actuar”.
“Como parte de quienes impulsaron la ley del TPS aprobada en 1990, nos resulta devastador ver cómo se debilitan estas protecciones. Las personas beneficiarias del TPS se someten a verificaciones de antecedentes cada vez que vuelven a solicitarlo y han cumplido con todos los requisitos que este gobierno les ha pedido”, señaló Abel Núñez, director ejecutivo de CARECEN de Washington, D. C. “Este anuncio ha generado caos. Los empleadores han despedido a trabajadores y, dado que las licencias de conducir están vinculadas a los permisos de trabajo, las protecciones ahora dependen del estado en el que viva cada persona. Las personas salvadoreñas se han ganado una vía hacia el estatus legal y la ciudadanía”.
“Esta incertidumbre no es responsabilidad de las personas afectadas. Es consecuencia de que esta administración no haya tomado una decisión conforme a lo que exige la ley, y de que no se haya publicado una determinación formal en el Registro Federal”, señaló Elnora Bassey, abogada de políticas públicas de CLINIC. “Ese silencio deja a las familias con distintos estatus migratorios con temor a la separación, a los trabajadores sin certeza sobre la vigencia de su autorización de empleo y a los profesionales del derecho sin poder asesorar con confianza a sus clientes. Instamos a la administración a emitir una determinación formal, explicar su fundamento jurídico y proporcionar orientaciones claras sobre las protecciones del TPS y la autorización de empleo”.
“Cientos de miles de personas siguen bajo el programa TPS, pero sus vidas permanecen en un limbo porque esta administración se ha negado a extender el TPS para El Salvador”, afirmó Mario Carrillo, director de Campañas de America’s Voice, quien moderó la conferencia. “Además, el TPS para otros países también está llegando a su fin, lo que pone muchas más vidas en grave riesgo”.
Vea la conferencia de prensa completa: Consulte la grabación.
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