COMUNICADO DE PRENSA
Para difusión inmediata
7 de abril de 2026
Contacto: press@alianzaamericas.org / (773) 638-4278
Alianza Americas, una red de más de 55 organizaciones lideradas por inmigrantes de América Latina y el Caribe, reitera su preocupación por la promoción de un discurso de seguridad que se sustenta en violaciones de los derechos constitucionales. El modelo de seguridad punitivo del Gobierno salvadoreño se basa en detenciones masivas sin pruebas, tortura sistemática, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal. La gran mayoría de las víctimas son personas inocentes y en situación de pobreza, aunque también entre ellas se encuentran líderes políticos y sociales.
El Salvador cumplió cuatro años bajo un régimen de excepción que dejó de ser temporal y se convirtió en la nueva cotidianidad. Desde el 27 de marzo de 2022, la población salvadoreña vive bajo garantías constitucionales suspendidas, lo que significa que puede ser detenida sin conocer los motivos, se le niega asistencia legal, puede permanecer en prisión indefinidamente sin ver a un juez y sus comunicaciones pueden ser intervenidas sin orden judicial. Todo esto, prorrogado mes a mes por la Asamblea Legislativa controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas. Al contrario de lo que afirma el presidente Bukele, la democracia, las oportunidades económicas y la atención a las necesidades de la población son las que generan verdadera seguridad.
Los hechos son contundentes. Múltiples informes y denuncias de organizaciones de la sociedad civil evidencian la magnitud y la gravedad de la situación. El Informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) concluye que en El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad. Según Socorro Jurídico Humanitario, aproximadamente 1.300 personas privadas de libertad fallecieron en centros penales durante estos cuatro años. Cristosal documentó en el informe "El precio de disentir" 245 casos de persecución política registrados entre 2019 y 2025. En otro informe, titulado «Has llegado al infierno», Human Rights Watch y Cristosal recogen testimonios de varios de los 251 hombres venezolanos que denuncian haber sufrido violencia sexual, maltrato físico y verbal, humillaciones y otras agresiones tras ser trasladados ilegalmente desde Estados Unidos a una prisión de El Salvador. Nos acercamos a un año de la privación de la libertad de Ruth Eleonora López, abogada y jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, y del abogado constitucionalista Enrique Anaya.
La situación se agravó con la aprobación de una reforma constitucional que introdujo la cadena perpetua. Esta máxima sentencia se impondrá en un contexto de violaciones a las garantías constitucionales, sin independencia judicial, donde las capturas se basan en cuotas policiales, en procesos masivos, con jueces de identidad oculta y sin que se garantice adecuadamente el derecho de defensa. En este contexto, la cadena perpetua es la consolidación de un aparato de represión sin límites temporales.
Lo que está ocurriendo en El Salvador no se queda dentro de sus fronteras, sino que corre el riesgo de normalizar los abusos que socavan la seguridad, la dignidad y la justicia en el hemisferio occidental. Alianza Americas hace un llamado a la movilización y a la acción de los organismos regionales y universales de protección de los derechos humanos. Exigimos la terminación del régimen de excepción y el retorno al régimen constitucional, en el que las privaciones de libertad deben basarse en pruebas, se garantice el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y las garantías procesales. La libertad de expresión debe respetarse como fundamento de toda sociedad democrática. Las voces críticas construyen la democracia. Sin democracia no hay seguridad.
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Alianza Americas es una red transnacional de organizaciones lideradas por personas migrantes en Estados Unidos. Trabajamos para fortalecer la justicia social, la equidad y los derechos humanos en las Américas.
