Honduras atraviesa un momento político determinante tras las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025 y la toma de posesión del nuevo gobierno el 27 de enero de 2026.

La victoria de Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, marca el regreso de esa fuerza política al poder ejecutivo, tras el gobierno de Xiomara Castro. El proceso electoral estuvo acompañado de un escrutinio prolongado, denuncias de irregularidades y cuestionamientos públicos que han generado debate sobre la legitimidad del resultado y el rumbo institucional del país.

En este contexto, Alianza Americas presenta la serie virtual:

Honduras en la encrucijada. Los retos de las elecciones y en la transición

Serie de 2 sesiones | 1 hora cada una
Modalidad: Zoom con interpretación simultánea
Registro: https://bit.ly/4rMlKQf

Puede ver la grabación del evento aquí:
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Sesión I: los retos de las elecciones y en la transición ‎‍

En esta conversación, el sociólogo y analista político Elvin Hernández, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) en Honduras, ofrece un análisis detallado de las elecciones hondureñas de noviembre de 2025, marcadas por lo que describe como una profunda crisis de gobernabilidad electoral. 

El proceso estuvo plagado de irregularidades, desde maletas electorales que no llegaban a su destino hasta 20 días sin resultados oficiales, en un sistema en el que los consejeros del Consejo Nacional Electoral responden no a los votantes sino a los propietarios de los partidos políticos que los designan. 

Hernández identifica un mapa de actores que incluye élites financieras, militares cuya posición cambió tras una reunión a puertas cerradas con el Comando Sur estadounidense, una matriz mediática controlada por los sectores más ricos del país, iglesias que movilizaron políticamente a sus feligreses, el crimen organizado que condicionó el voto en territorios bajo su control, y la intervención directa del presidente Trump, quien 72 horas antes de las elecciones publicó mensajes indicando por quién votar y por quién no. 

Todo esto en un país donde más del 84% de la población desconfía de los partidos políticos y del Congreso, y donde las remesas, superiores al 25% del PIB, generan una dependencia de Estados Unidos que fue instrumentalizada para manipular el voto con falsas promesas sobre el TPS y las redadas migratorias.

De cara al futuro, Hernández advierte que Honduras enfrenta la consolidación de lo que describe como un régimen autoritario con rostro conciliador: un presidente con antecedentes de corrupción documentados, incluidos los Panama Papers y señalamientos por manejo irregular de fondos municipales, cuya estrategia de gobernabilidad se sustenta en el control mediático, el respaldo de las iglesias, un pacto entre los partidos Liberal y Nacional, el apoyo de élites financieras vinculadas al extractivismo minero e hidroeléctrico, y unas fuerzas armadas recompuestas con figuras del periodo de Juan Orlando Hernández. 

El analista señala que la ley electoral vigente es "constructora de caudillos" que permite la perpetuación de dinastías políticas, con diputados reelectos hasta ocho veces y alcaldes con más de dos décadas en el cargo, y subraya la urgencia de vigilar al Congreso Nacional, donde se están tomando decisiones sobre privatización de servicios públicos, concesiones extractivas y el posible retorno al CIADI, así como la amenaza a la laicidad del Estado por sectores religiosos que buscan acceder a cargos públicos.

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Sesión II: retos para el país y el próximo gobierno

En esta segunda sesión, se conversa con Joaquín Mejía, abogado hispano-hondureño con doctorado en derechos humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación Eric y coordinador adjunto del equipo jurídico por los derechos humanos. 

Con más de dos décadas de experiencia en litigio internacional y en el acompañamiento de comunidades, Mejía ofrece un análisis que enmarca la situación hondureña dentro de una ola mundial de autocratización: según el informe V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, el 72% de la población mundial vive hoy en autocracias, la cifra más alta desde 1978, y por primera vez en 20 años hay más autocracias (91) que democracias (88) en el mundo. 

Honduras, advierte, no atraviesa un simple cambio de gobierno sino un cambio de época, marcado por la fatiga democrática donde más del 50% de la población del Triángulo Norte está dispuesta a tolerar retrocesos democráticos si se le resuelven los problemas y una restauración autoritaria bajo ropaje electoral que se articula con el avance de la extrema derecha global, desde la CPAC hasta organizaciones como el Centro por los Derechos Fundamentales financiado por el partido de Orbán con más de 11 millones de euros en un solo año.

Mejía analiza cómo, en apenas un mes de gobierno, el bloque ultraconservador del Congreso, integrado por el Partido Nacional, el Partido Liberal y diputados tránsfugas de Libre, ha violado al menos dos veces la Constitución, incluida una reforma que interviene en el poder judicial para repartirse el nombramiento de jueces, y ha aprobado una ley de "reactivación económica" que prohíbe reclamar judicialmente por despidos arbitrarios en contra de sentencias internacionales. 

El análisis revela una tensión latente entre los sectores de Asfura y el ultraderechista vinculado a Juan Orlando Hernández, quien controla el Congreso, con amenazas de juicios políticos contra el fiscal general, la presidenta de la Corte y el consejero electoral de Libre,  una figura que la propia Corte Interamericana ya declaró contraria al debido proceso en una sentencia contra Honduras. 

Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil que fueron críticas feroces del gobierno anterior guardan silencio o legitiman al nuevo gobierno, y las organizaciones de derechos humanos enfrentan una crisis brutal de financiamiento frente a contrapartes conservadoras con recursos millonarios. 

Mejía concluye proponiendo una agenda mínima articuladora: la exigencia ciudadana, mediante iniciativa de ley o plebiscito, de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI), una demanda que cruza todos los problemas estructurales del país, desde el extractivismo y la militarización territorial hasta la migración forzada y que puede unir tanto a la ciudadanía interna como a la diáspora hondureña.

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El momento que atraviesa Honduras refleja desafíos que van más allá de un proceso electoral. Las tensiones entre instituciones, actores políticos y demandas ciudadanas evidencian la fragilidad del sistema democrático y la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas.

Comprender este contexto es clave para acompañar los procesos sociales y políticos del país, así como para promover respuestas que prioricen los derechos humanos, la justicia y el bienestar de la población hondureña.

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