COMUNICADO DE PRENSA
Para difusión inmediata
13 de agosto de 2026
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El 18 de julio, José Chajon-Raxon, un hombre guatemalteco, fue detenido por ICE en Delaney Hall, NJ. El 19 de julio José tuvo una emergencia médica que la enfermera describió como convulsiones. José fue trasladado de emergencia a un hospital. El 22 de julio ICE dejó a José en libertad y a cargo del hospital. José falleció en una fecha posterior desconocida. Apenas ahora esos hechos, relacionados entre sí, son públicos. ICE no puede intentar desligarse de la muerte de José.
En enero de 2026, ICE puso fin a la obligación, establecida por la administración anterior, de informar sobre las personas que habían estado bajo detención migratoria y que fallecieran en los 30 días siguientes. Este requisito aportaba una transparencia fundamental sobre las condiciones de la detención y la puesta en libertad de los inmigrantes que podían acarrear graves consecuencias para la salud o incluso la muerte. Los reportes durante el primer año de la administración Trump develaron historias desgarradoras de personas que fallecieron en detención o luego de haber sido puestas en libertad y sin considerar sus antecedentes de salud, su discapacidad, las bajas temperaturas o cómo se desplazarían de regreso a su lugar de residencia.
En lugar de abordar y mejorar las condiciones de detención y de liberación y garantizar el acceso adecuado a la atención y al tratamiento médico de las personas privadas de libertad por ICE, lo que el gobierno está haciendo es limitar el deber de reportar y dejar en libertad a las personas con situaciones de salud graves, de manera que no sean contabilizadas como fallecimientos de personas bajo detención migratoria. Esta es una práctica condenable que busca evadir la responsabilidad de los agentes del Estado. No es que menos personas estén muriendo, sino que ICE no va a contar ni reportar esas muertes. Aunque el evento que antecedió a la muerte esté directamente vinculado a la detención migratoria, ICE busca desligarse de dichos casos.
El Congreso estadounidense aprobó partidas presupuestales gigantes para ICE. Ahora tiene el deber de ejercer presión y control político sobre la forma en que ICE gasta esos fondos. Esa es la responsabilidad del órgano legislativo. ICE no puede limitar lo que reporta ni intentar exonerarse de su responsabilidad con una persona enferma, dejando al hospital a cargo de una persona con una grave condición de salud, o, peor aún, liberarla sin asistencia, sabiendo que puede fallecer en la calle. La responsabilidad de ICE no termina con la liberación apresurada de una persona, con la única intención de desvincularse de quien se encuentra en situación de salud grave o de vulnerabilidad. Congresistas, les pedimos que ejerzan un control político activo sobre ICE.
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Alianza Americas es una red transnacional de organizaciones lideradas por personas migrantes en Estados Unidos. Trabajamos para fortalecer la justicia social, la equidad y los derechos humanos en las Américas.
