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El viernes 5 de septiembre de 2025, un juez federal emitió una decisión para bloquear temporalmente el intento de la administración Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos y haitianos. En el caso de Venezuela, esto afecta a dos grupos: aquellos protegidos bajo la designación de 2021, que el DHS anunció que cancelaría a partir del 7 de noviembre de 2025, y aquellos bajo la designación de 2023, cuya finalización el gobierno ya había decidido en abril de 2025. La decisión significa que, por ahora, ambas designaciones venezolanas permanecen vigentes mientras el caso avanza en las apelaciones, lo que evita las deportaciones y permite que las personas conserven la autorización de trabajo. La misma decisión también aplica a Haití, donde los beneficiarios del TPS se enfrentaban a la cancelación y pérdida de la protección, pero ahora permanecen protegidos hasta que los tribunales emitan una decisión final. Los beneficiarios del TPS de Venezuela y Haití tienen un alivio temporal, aunque el futuro de estas protecciones dependerá en última instancia de decisiones de tribunales superiores.
Alianza Américas celebra la decisión de la corte que bloquea el intento de la administración Trump de cancelar el TPS para Venezuela y Haití, reconociéndola como una victoria crucial para cientos de miles de familias inmigrantes y vecinos que contribuyen al tejido social y económico de Estados Unidos. Esta decisión ofrece una protección temporal contra las deportaciones y la pérdida del permiso de trabajo, pero no es una solución permanente. La administración ya ha indicado que apelará esta decisión. Mantenemos nuestro compromiso de defender a los beneficiarios del TPS, exigir protecciones permanentes y garantizar que nuestras comunidades no sean utilizadas como instrumentos políticos. Solo el Congreso puede actuar y brindar estabilidad duradera a las familias venezolanas, haitianas y a todas las familias inmigrantes.
Chicago, IL – El 3 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de ciudadanos venezolanos que se encontraban en Estados Unidos antes de marzo de 2021, tras huir de la represión política, el colapso económico y una grave crisis humanitaria. La decisión entrará en vigor 60 días después de su publicación formal, lo que pone a estas personas en riesgo de perder su autorización de trabajo y enfrentar la deportación a menos que califiquen para otra forma de estatus regular.
Una vez más, la administración Trump recurre a tácticas ilegales para despojar a casi 300,000 personas venezolanas de protección humanitaria. La decisión de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de cancelar el TPS es inhumana, arbitraria y carece de fundamento que justifique causar un daño irreparable a familias que ahora enfrentan la amenaza de la deportación.
Esta medida forma parte de una estrategia más amplia dirigida a demonizar a las personas migrantes venezolanas y desmantelar el TPS, un programa que ha sido vital para cientos de miles de personas y un beneficio para comunidades en Estados Unidos. Terminar el TPS para Venezuela representa un peligroso retroceso para la protección humanitaria y deja a esas familias en una situación extremadamente precaria.
Alianza Americas rechaza firmemente este ataque contra las personas migrantes venezolanas, quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad. Esta decisión ignora la crisis humanitaria que aún persiste en Venezuela y pone a innumerables familias, quienes hacen parte de nuestras comunidades, en riesgo de deportación, inestabilidad y dificultades económicas. Una vez más, la administración Trump ha violado la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), ya que la decisión de la Secretaria Noem de terminar la designación al TPS de 2021 es arbitraria y caprichosa, al igual que lo fue cuando se rescindió el TPS para Venezuela de la designación de 2023.
Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad estadounidense, particularmente a los funcionarios electos locales, estatales y federales, a solidarizarse con las familias venezolanas y organizar esfuerzos locales para defender sus derechos, su dignidad y su futuro.
