Chicago, IL – Después de 42 días, el Gobierno de los Estados Unidos ha reanudado sus operaciones tras la aprobación de una resolución continua que financiará las operaciones gubernamentales hasta el 30 de enero de 2026. La resolución fue aprobada en el Senado con una votación de 60 votos a favor y 40 en contra, incluyendo siete demócratas y un independiente que se unieron a los republicanos en su apoyo, y posteriormente en la Cámara de Representantes por 222 votos a favor y 209 en contra, incluyendo 6 demócratas que votaron a favor y 2 republicanos que votaron en contra. 

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La resolución incluye medidas para revertir las reducciones en la plantilla federal causadas por la administración Trump durante el cierre, protecciones contra nuevos despidos hasta finales de enero, el pago de salarios atrasados a los empleados federales y tres proyectos de ley de asignaciones, uno de los cuales financia completamente el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) hasta el 30 de septiembre de 2026.

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Si bien reconocemos  la reapertura del gobierno y el restablecimiento de servicios esenciales, que van desde el apoyo alimentario y el cuidado infantil hasta la garantía de la seguridad en los viajes aéreos, no olvidemos que la razón principal del cierre fue la falta de acción frente al alto costo de la atención médica. Durante los 42 días, el presidente no ha hecho nada para negociar una solución real que aborde el alto costo de la atención médica; por el contrario, el cierre fue utilizado como una excusa para despedir a los trabajadores federales y limitar la asistencia alimentaria. 

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A partir del 1 de noviembre, millones de personas y familias comenzaron a sentir las consecuencias reales del fracaso de los líderes del Congreso para alcanzar un acuerdo que garantizara los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), al ver que sus primas mensuales de salud casi se duplicarán el próximo año. Además, la resolución no revierte los recortes perjudiciales a los programas de Medicaid que entrarán en vigor el próximo año en virtud de la Ley One Big Beautiful Bill de Trump, una medida presupuestaria que también contribuyó al aumento  de los costos de la atención médica.

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Son las familias de clase trabajadora, las personas mayores, con discapacidades, veteranas y otras comunidades vulnerables quienes están pagando el precio de la imprudente agenda económica de la administración Trump. La aprobación de esta resolución no podría llegar en un momento más crítico, justo cuando los resultados electorales revelan la profunda frustración de los votantes con la situación del país y su demanda de soluciones reales y duraderas. Mientras tanto, las empresas siguen siendo las únicas ganadoras, ya que continúan obteniendo beneficios a costa de las comunidades atrapadas en condiciones económicas injustas. 

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El ACA fue un paso adelante, pero no abordó las causas fundamentales de la crisis sanitaria de los Estados Unidos. Los votantes están atentos. Ahora es el momento de tomar medidas valientes para construir un sistema de salud que respete verdaderamente la dignidad, el bienestar y las necesidades de todas las personas y familias de este país.

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