El pasado 3 de octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS por sus siglas en inglés) falló en favor del gobierno en una petición presentada bajo el expediente de emergencia. Nuevamente, la Corte Suprema privilegió el interés del gobierno, que no es otro que la deportación de personas en condiciones de vulnerabilidad, a pesar de la decisión del juez del Noveno Circuito que está conociendo el fondo del caso y que determinó que la decisión debía suspenderse. Este juez había reconocido el devastador impacto de terminar con la protección del TPS para Venezuela de 2023 porque deja a las personas en riesgo de detención y deportación y sin permisos de trabajo vigentes. 

Alianza Americas lamenta la decisión de la Corte Suprema que está permitiendo, a través del expediente de emergencia, que la administración ejecute acciones con motivaciones indebidas y en desconocimiento de los procedimientos administrativos y legales, a pesar del impacto de las mismas en las vidas y los derechos de las personas. En lugar de permitir que los casos judiciales se tramiten en las instancias respectivas y que los jueces que los están conociendo dicten las medidas temporales que consideren oportunas para suspender acciones que tendrían consecuencias devastadoras como la separación de familias, la detención prolongada y la deportación a un país que no ofrece condiciones de seguridad y de una vida digna, la Corte Suprema falló nuevamente en favor del ejecutivo. 

‍El Estado de Derecho y el equilibrio entre los poderes públicos son elementos esenciales de la democracia de un país. Alianza Americas conoce de primera mano el impacto de la fragmentación o el quiebre definitivo del Estado de Derecho en varios países de Latinoamérica y el Caribe. Es por ello que nos preocupa profundamente que la Corte Suprema de Estados Unidos esté dejando de cumplir su papel. Las grietas en el Estado de Derecho en Estados Unidos son preocupantes.

Las personas amparadas por el TPS para Venezuela de 2023, que son alrededor de 300.000, deben saber que el gobierno tiene la facultad de poner fin de manera inmediata a la extensión otorgada por el exsecretario Alejandro Mayorkas el 17 de enero de 2025, que estaría vigente hasta el 2 de octubre de 2026. Sin embargo, las cerca de 5.000 personas que recibieron notificación de la aprobación de la extensión de su TPS entre enero y febrero 5 continúan protegidas. Además, las notificaciones de la extensión automática de la autorización de empleo continúan vigentes; sin embargo, esas personas no tienen protección contra arrestos y deportaciones. 

Otro grupo de alrededor de 300.000 personas que fueron protegidas con TPS en 2021, el cual vence el 7 de noviembre de 2025. Aunque el litigio continuará y las personas perderán la protección, la comunidad venezolana junto con las demás comunidades inmigrantes continuará educándose, organizándose y creando redes de apoyo. 

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Alianza Americas  es una red transnacional de organizaciones lideradas por personas migrantes en Estados Unidos. Trabajamos para fortalecer la justicia social, la equidad y los derechos humanos en las Américas.

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