“La crisis ha abierto la puerta a la posibilidad de un cambio importante en la historia de Nicaragua”

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Mediante un seminario virtual, realizado este 27 de septiembre, Alianza Américas impulsó una discusión que exploró los antecedentes históricos he hizo un análisis enfocado en el futuro de la crisis política y social que vive Nicaragua, que si bien se había venido configurando a lo largo de los últimos años, alcanzó un momento detonante desde el pasado 19 de abril ha dejado ya más de 320 muertos, muchos encarcelados y miles de heridos.
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Los panelistas del seminario virtual: Azahalea Solís Román, abogada feminista e integrante de la mesa de diálogo; Arturo Wallace, periodista de BBC Mundo; y Paola Zúñiga, líder de la diáspora nicaragüense en California, Estados Unidos; coincidieron en que la crisis ha sido dolorosa, principalmente por la cifra de muertos, pero también es una oportunidad para cerrar el ciclo de violencia, dictadura y represión que ha sufrido el país en los últimos 40 años.
¿Qué llevó a Nicaragua a la situación actual? Para Solís, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, desde 1979, tras el triunfo de la revolución Sandinista, el país no pudo construir un proceso de reconciliación, ni de fortalecimiento del sistema democrático. La revolución tuvo un primer momento de gran apoyo, pero luego la sociedad se dividió desde finales de los 80´s. Para buena parte de la sociedad nicaragüense, la revolución del 79 se configuró en una dictadura en el marco de una guerra civil, mientras que para el resto de la población, se trataba de una revolución sometida a una agresión externa. No existe una lectura compartida por todos los nicaragüenses sobre este periodo. “En 1990 se inició un proceso muy fuerte de pacificación. Las familias estaban divididas por y en contra de la revolución” Para 1996, las primeras elecciones sin guerra, asumió el poder una persona que estancó el proceso de democrático que inició en 1990. El proceso de democratización quedó truncado”, asegura.
En el año 2000 comienzan procesos de encuentro de la sociedad civil. En el 2004, por primera vez en las elecciones municipales, se permitió un amplio proceso de participación. Sin embargo, este proceso se truncó por el pacto de impunidad alcanzado en 1998 entre Arnoldo Alemán (entonces presidente del país), y Daniel Ortega. “Emergieron bancadas en los poderes públicos que hicieron un enorme daño”, dice.
En 2004 y 2005 se hicieron reformas constitucionales que hicieron gran daño. El pacto con Alemán ayudó a Ortega a acumular control estatal, aún desde la oposición. Cuando el líder sandinista llegó nuevamente al poder, en 2006 “el control institucional fue absoluto”, asegura Solís. “Ortega creó su propia oposición, su propia Asamblea Nacional, que no funciona como una institución independiente, que funciona como una oficina del poder de la familia Ortega-Murillo. En 2016 y 2017 ha habido elecciones municipales y nacionales, y ha sido evidente la gran abstención de la ciudadanía debido a que no hay confianza en estos procesos por los fraudes electorales”.
Tras este recorrido, Solís es tajante al asegurar que la actual crisis se puede convertir en una oportunidad histórica para Nicaragua. “Estamos en las puertas de una situación que pudiera tener gran trascendencia para el país, intentar romper por la vía del diálogo y de actividades pacíficas estos procesos de violencia – dictadura, violencia – dictadura”.
Solís, una líder feminista y defensora de derechos humanos de larga trayectoria, también destaca el papel del movimiento feminista durante y después de la revolución. “Las mujeres fueron muy importantes durante la revolución, y después de esta ha sido el único movimiento que se ha logrado mantener durante el tiempo, dice. Ella señala 1998 como un año trascendental para el movimiento feminista. “Ese fue el año del pacto entre Ortega y Alemán, fue la denuncia de Zoilamérica Narváez (hijastra de Ortega) en contra de Ortega por abuso sexual, y fue el año del Huracán Mitch, que desató un gran esquema de corrupción con la ayuda recibida. Ese fue el pacto entre ellos para darse una mutua impunidad”.
Por apoyar  la denuncia contra Ortega, y las denuncias contra la corrupción en el gobierno de Alemán, “al feminismo le pasaron la cuenta con la penalización del aborto en todas sus formas”, que estaba legalizado desde 1938 para salvar la vida de las mujeres, asegura. “En 2007 se persiguió a las mujeres feministas acusandolas de ser defensoras del aborto. En 2008 fueron una vez más objeto de persecución, acusandolas de lavado de dinero, por fondos recibidos de la cooperación internacional. El acoso ha sido permanente”, explica.
Por su parte, Arturo Wallace recuerda que siempre hay distintas narrativas que compiten. “El gobierno dice que goza de gran popularidad y está siendo víctima de un “intento de golpe de estado orquestado por la derecha y el imperialismo norteamericano”, con una lógica de la guerra fría. Es importante considerar, señala Wallace, que este es el año 11 del gobierno de Ortega, y que hasta el inicio de la crisis, tenía una relación bastante buena con el sector privado en materia económica; además, que el gobierno sandinista era un aliado bastante funcional con Estados Unidos. “Nicaragua no ha sido un generador de migración hacia los Estados Unidos, como lo han sido Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, se comportó como un tapón de la migración”, dice.
“Esos dos elementos hacen bastante dudosa la versión de la conspiración orquestada desde Washington. La pregunta que tendríamos que hacernos es “¿por qué ahora?”. No parece convenirle o ser una prioridad para Estados Unidos”, reflexiona Wallace.
“Se habían acumulado descontentos reales”
La idea del gran apoyo al gobierno de Ortega merece ser matizada. Ortega se supone que ganó con el 72 % de los votos, con un gran nivel de abstencionismo. Wallace asegura que había un descontento generalizado de la población, motivado por el control total de la familia Ortega Murillo, la ausencia de seguimiento a las denuncias de corrupción, y recientemente, por el golpe económico que significó la disminución del financiamiento de Venezuela a los programas asistencialistas de Ortega, que sostenía el modelo económico del país.
Otro de los descontentos que Wallace señala es la movilización de universitarios a raíz de un incendio en una reserva natural, que acusó al gobierno de no responder adecuadamente. Finalmente, el intento de reforma de pensiones, que Ortega realizó sin el consenso del sector privado – por primera vez-, fue clave para la situación actual. Los pensionados, junto con las “nuevas generaciones que no tenían recuerdos de la guerra”, salieron a protestar el 18 de abril. El gobierno reprimió la protesta con violencia y con el poder estatal implementando sanciones fiscales al sector privado, como lo hacía regularmente. “Pero, esta vez no amedrentaron a la gente, sino que más gente salió a la calle”, dice Wallace. Así, se rompió el miedo a la protesta, que el gobierno de Ortega había establecido en los últimos años. “Era una nueva generación, sin la prudencia de quienes recuerdan la guerra”.
Eso se tradujo en los primeros muertos, pero no amedrentaron a nadie. El tercer día de protesta, el 20 de abril, murieron 19 personas, y el 21 de abril murieron 20 personas. Se inició protestando por el seguro social y luego se transformó en una protesta contra la reacción del Estado. Se cuestionó la autoridad moral de Ortega para gobernar.
Este proceso se puede organizar en tres etapas, dice Wallace. En la primera, la gente recobró su derecho a protestar, lo cual se vio reforzado por la represión que sale a exigir justicia y mayor democracia. Piden que Ortega salga, como la única salida. A la etapa de las protestas siguió el inicio del proceso de diálogo, en el que diferentes sectores convocados por la Conferencia Episcopal se sentaron a negociar con el gobierno de Ortega. Esa demanda se articula en protestas más claras: elecciones anticipadas previa la reforma al sistema electoral. La actividad de calle pasa a las barricadas para forzar al gobierno a aceptar las elecciones anticipadas o la salida inmediata de Ortega. Finalmente, se inicia una tercera etapa de judicialización y persecución de los líderes de las protestas, con fuerzas paramilitares, intentando regresar a la normalidad, lo que se vive ahora mismo.
Azahalea Solís, quien forma parte de la mesa del diálogo, reconoce algunos logros de este proceso, como los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de Amnistía Internacional, que determinaron la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos. Además, dice que el diálogo ha avanzado con la creación de una Comisión de Seguridad, que ha su vez, ha creado tres importantes instancias: el comité legal para presos políticos, comité por la verdad y la justicia transicional, y el comité por el desarme.
“Volver a Nicaragua no es una opción”
Paola Zúñiga, integrante del grupo de Nicaragüenses del Área de la Bahía ofrece una perspectiva de la diáspora nicaragüense, principalmente en el contexto de la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua en enero. Asegura que hay mucha diversidad entre los grupos nicaragüenses, abogando por diferentes opciones.
“La comunidad nica nos hemos estado cohesionando más, haciendo esfuerzos para unirnos, para hacer frente a una campaña de pedir no solamente la renovación del TPS sino también una ampliación porque hay muchos nicas que han salido huyendo y han entrado a los Estados Unidos y no pueden regresar en estas circunstancias. No es opción para ningún migrante Nica regresar a Nicaragua. Estamos reuniéndonos con los gobiernos locales para movilizarnos en esta campaña”, dice Zúñiga.
“La realidad de Nicaragua podría llegar a ser la de El Salvador, Honduras y Guatemala”
“Nicaragua no era el oasis de país de discurso oficial, pero si se compara con la violencia del triángulo del norte de Centroamérica, era una realidad diferente”, sostiene Arturo Wallace. Explica que hay razones históricas para esa diferencia: la formación de las pandillas que desangran a El Salvador, Honduras y Nicaragua responden a dinámicas migratorias que no se dieron de la misma magnitud y forma en Nicaragua; el modelo de trabajo de la policía nicaragüense; el control político del Estado a sectores vulnerables, principalmente en jóvenes en riesgo: explotándolos políticamente, pero también dándoles una alternativa que les permitía tener que evitar medios violentos para buscarse la vida.
Las razones de esa aparente paz de Nicaragua eran más complejas, pero hay diferencia cualitativa grande. El riesgo de los consensos que se han roto, la forma en cómo estos grupos de jóvenes han sido armados para ser un instrumento de represión sugieren que Nicaragua podría no volver a ser tan diferente a sus vecinos. Esa es una de las cosas más preocupantes que van a quedar como herencia de lo que está ocurriendo ahora, asegura Wallace. “Si se da un cambio político, que tampoco está garantizado, el reto va a ser tener imaginación para lidiar con estos grupos de  jóvenes que fueron reclutados y transformados en paramilitares en los últimos meses, que se han vinculado a un proyecto político familiar, y si desaparece van a tener que encontrar un lugar en un contexto de polarización y enfrentamiento, con una realidad de acceso a armas, bastante preocupante”, puntualiza.
“La situación en Nicaragua no es normal y se siente en todas las esferas de la vida”
Wallace aseguró que todo el país está siendo afectado: “trabajadores del sector turismo, hay familias fracturadas, y las relaciones con los amigos se han roto”, dice. También hay centenares de personas capturadas, algunas con varios meses en prisión en condiciones dudosas. “No se permite el acceso de familiares, abogados, u organizaciones. Los más afectados son los que están presos, los que han tenido que huir del país y los que están escondidos”, concluye.
La mesa de diálogo
Azahalea Solís, quien forma parte de la mesa de diálogo, detalla el proceso que diferentes sectores impulsan para buscar salida a la crisis que inició con el intento de reforma de pensiones. En un primer momento, la empresa privada aceptó la invitación de Ortega de iniciar un diálogo, con la condición de que ingresaran otros sectores, y que se incluyeran otros temas además del económico. El gobierno rechazó esa contrapropuesta, pero buscó a la Conferencia Episcopal para que coordinara el diálogo. Se puso como condición que el gobierno liberara a las personas detenidas en las primeras propuestas, y así lo hizo. La mesa abrió con la participación del sector campesino, académico, y sociedad civil. Solís, asegura que obtuvo el apoyo del sector feminista y por eso está participando en el diálogo.
Al inicio del diálogo, en las nuevas marchas la ciudadanía reclamaba justicia y democracia. Pedían no a la impunidad, y que la familia Ortega-Murillo dejara el poder. “Nos pusimos de acuerdo a hablar de aspectos políticos, y dejar a un lado nuestras diferencias. Nuestro plan de trabajo es justicia y democracia y dejar por fuera nuestros temas sectoriales. Entre el 16 y 18 de mayo resolvimos formar la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en representación de toda la ciudadanía nicaragüense”, dice.
Además, gracias al diálogo se logró poner la situación de los derechos humanos en la primera línea. “Logramos que se invitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ellos pudieron investigar a profundidad las violaciones de derechos humanos”, dice.
En la última sesión, la mesa acordó crear la Comisión de Verificación y Seguridad, un comité humanitario pro presos políticos, un comité legal pro presos Políticos, un comité de la memoria, y un comité mixto de desarme. “Le estamos apuntando a la justicia transicional. La impunidad no puede repetirse en Nicaragua, es importante la memoria”, puntualiza Solis.
Solís destaca que todos los sectores han dejado a un lado sus diferencias, para lograr resultados y una salida positiva a la crisis. “Estamos trabajando en un proceso de unidad con distintos sectores, sectores liberales, sectores sandinistas, sectores sandinistas disidentes desde hace tiempo. Hay gente que tiene desconfianza de otros, pero en las marchas y en el diálogo hemos estado todos sin ver de dónde venimos. Estamos dejando de lado nuestras propias desconfianzas”, concluye.
Mirando hacia el futuro
Solís explica que el sandinismo que apoya a Ortega es cercano al 38%, que se mantiene invariable. En la última encuesta sólo el 13% se declara en apoyo a la política de Ortega y su familia, con una visión de la guerra fría. “En Nicaragua todos tenemos opciones, todos tenemos cabida, no podemos excluir políticamente a nadie, pero tampoco puede haber impunidad para quienes han cometido delitos”, enfatiza Solis. En la mesa de diálogo han estado utilizando el lema “verdad, justicia, resarcimiento y garantías de no repetición”. “Debe haber justicia para todas las víctimas. Hay que diferenciar al sandinismo de los criminales que han secuestrado, que han matado, y nada de eso puede quedar en la impunidad”, dice.
Solis describe el trabajo en un proceso con distintos sectores políticos, para tejer algo muy complejo. “El desafío va a ser evitar una amnistía y que se utilice a los presos políticos como rehenes para ello. “¿Qué proceso de desarme queremos?”, pregunta Solis. Deben haber cambios profundos, no sólo de las cúpulas de los poderes de los Estados, sino de los procedimientos en los procesos electorales que están diseñados para hurtar la voluntad del pueblo, asegura. “Ni Daniel Ortega, ni Rosario Murillo son indispensables para ello. Al contrario ellos son fuentes de caos y de represión, fuente de violaciones de derechos” agregó. Debemos tener confianza en que hay nicaragüenses para sacar al país adelante”.
Por su parte, Zuñiga destaca el diálogo como una oportunidad para obtener nuevos líderes y mejorar la institucionalidad. “Hay líderes muy capaces, pero debemos pasar por procesos de reconstrucción. Debemos poder confiar en las instituciones. Yo tengo esperanza en Nicaragua, por lo que estamos pasando ahora. Los movimientos que han surgido no son parte de los partidos tradicionales. En medio de todo este sufrimiento se está creando una cultura política mucho más saludable de la que teníamos antes. Queremos transparencia, una institucionalidad que no caiga en manos de un partido político que se adueñe del país”, reflexiona.
Para concluir, Wallace indicó que “el gran reto es que la historia no se siga repitiendo”. “Hay una idea de que Ortega se está convirtiendo en Somoza, las mismas consignas, las mismas canciones pero dirigidas contra Ortega. Hay una tendencia cíclica y de repetición, que el principal reto es romperla”, dice.
Si se rompe esa tendencia, una de las cosas que hay que evitar es seguir repitiendo la idea de lo que se necesita es un líder, un caudillo, manifiesta. “Una Nicaragua en paz no puede prescindir de mucha gente que es parte del sandinismo. Pero no va a ser tan fácil, parecía que un cambio era inevitable, ahora se nota más complejo. Hay actores que tendrían la clave entre cuándo y cómo”.
En teoría, las elecciones presidenciales son en noviembre del 2020. “Pero muchas cosas pueden pasar y pueden cambiar, y esas elecciones no necesariamente van a ser una oportunidad. Son necesarias reformas profundas al sistema electoral, y las personas que controlan este sistema tendrían que salir. Sabiendo a lo que está dispuesta la familia en el poder, no podemos pensar que van a facilitar un cambio democrático”, puntualiza.
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Con este seminario, Alianza Américas espera contribuir a la concientización y el desarrollo de estrategias de incidencia y apoyo para los nicaragüenses, de manera que puedan encontrar espacios de diálogo que les permita resolver la crisis de gobernabilidad y encontrar la verdad y la justicia sobre las violaciones de derechos humanos.
Puedes ver el la conversación completa a continuación.
 

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