Legislación sobre alivio económico: el Congreso debe poner el bienestar de las personas en el centro del debate

7 de agosto de 2020 — Todas las miradas están puestas en el Congreso estadounidense. Las personas residentes en los Estados Unidos esperan con ansias el avance de las negociaciones entre los partidos políticos mediadas por funcionarios de la administración Trump. El debate legislativo actual no es sólo una disputa partidaria, sino que refleja visiones sustancialmente diferentes en torno al rol que debe cumplir el Estado ante la peor contracción económica en la historia reciente del país como resultado de la pandemia de Covid-19. Mientras que algunos piensan que el Estado debe asistir a la población garantizando condiciones mínimas de vida, lo cual a su vez contribuye a reactivar la economía nacional; otros sectores piensan que la iniciativa privada es el verdadero motor económico y que el Estado debe abstenerse de proveer para sus ciudadanos más vulnerables. Otras preocupaciones giran en torno al aumento del gasto fiscal. Sin embargo, estas consideraciones se omitieron en la reforma tributaria de hace un par de años que disminuyó considerablemente los ingresos fiscales. 

La pandemia generó consecuencias económicas devastadoras que mantienen a millones de familias en riesgo, sufriendo inseguridad alimentaria, y con temor de perder su vivienda y quedar en situación de calle. El viernes 31 de julio terminó la vigencia de la ley Cares Act, un paquete de alivio económico que incluyó varias medidas dirigidas a mitigar el impacto de la recesión económica tras las medidas de confinamiento para contener el virus. El Congreso ahora debe responder con un nuevo paquete de medidas económicas, definiendo el nivel de asistencia que se ofrecerá a la población, que determinará cuántas personas caerán en la pobreza y que tendrá consecuencias en los niveles de contagio. 

Hay ejemplos interesantes, como el de Stockton, California, que evidencian que el otorgar un ingreso básico universal tiene resultados positivos, ya que la seguridad económica es esencial para el bienestar social, y genera actividad económica. Este ejemplo cuestiona la arraigada creencia en que el temor a la pobreza y la ausencia de protección social son un motor necesario de la economía. 

Hace once semanas, la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, votó favorablemente el proyecto de ley Heroes Act que aprobó asistencia por $3 billones y lo envío al Senado, de mayoría republicana. Luego de varias semanas, la mayoría republicana del Senado elaboró una contrapropuesta de $1 billón. Estas son las medidas de alivio económico que se discuten en el marco del Heroes Act:

• Aplazamiento de las órdenes de desalojo de viviendas. Una primera moratoria de 120 días, aprobada en marzo, expiró el 24 de julio. Se estima que entre 20 y 30 millones de personas están en riesgo de ser desalojadas. 
• Subsidios para el pago de alquileres por casi $100 mil millones y para el pago de créditos hipotecarios por $75 mil millones, ya que la moratoria de los desalojos sólo pospone la medida, pero la obligación de pagar el alquiler o el crédito hipotecario se acumula.
• Ingreso adicional para las personas trabajadoras que perdieron su empleo y están recibiendo un subsidio de desempleo. La representación demócrata pide que se mantenga el ingreso adicional de $600 por semana. El Partido Republicano alega que el monto es muy alto y que desestimula que las personas busquen un empleo, por lo que han propuesto montos inferiores e incluso su eliminación.
• Un único subsidio de hasta $1,200 por persona, para todas las personas independientemente de su estatus migratorio.
• Fondos para los estados y gobiernos locales para que puedan responder a la pandemia con pruebas de Covid-19, rastreo de contagios y tratamiento de personas enfermas, por $915 mil millones.
• Fondos para asistencia alimentaria. Mientras que la Cámara de Representantes aprobó $60 mil millones, la propuesta republicana en el Senado incluye sólo $250 mil.
• Un subsidio para reconocer a los trabajadores que han puesto en riesgo su salud al estar al frente de labores esenciales durante la pandemia, por $200 mil millones.
• Prolongar la suspensión de los intereses y pagos de préstamos educativos federales, que expira en septiembre 30 de 2020, a la misma fecha en el 2021, e incluir en la medida a otros préstamos federales.
• Subsidios para estudiantes que afrontan dificultades económicas, incluyendo estudiantes internacionales, en situación migratoria irregular y los que se encuentran amparados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) .
• Extensión de los permisos de trabajo y de la suspensión de las deportaciones para las personas beneficiarias de los programas DACA y Estatus de Protección Temporal (TPS).
• Revisión de las órdenes de detención por motivos migratorios y medidas para mitigar el contagio.

Estos otros elementos también están en la discusión:

• Protección al Servicio de Correos.

• Mandato a Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) para que adopte una medida que proteja a los trabajadores que denuncian fallas en el control de la infección por parte de su empleador.
• Protección a los pequeños negocios (Paycheck Protection Program) eliminando el requisito de que el 75% del préstamo se destine al pago de nómina para que sea condonado.

El debate en el Congreso tendrá un profundo impacto en las vidas de millones de personas en los Estados Unidos e incluso en sus familiares que viven en otros países y dependen económicamente de las remesas. Todas las personas debemos estar atentas a la actuación del Congreso, que debería poner el bienestar de las personas en el centro del quehacer público. Debemos expresar nuestras necesidades y expectativas a nuestros senadores y representantes en el Congreso. Este es el momento para participar en el debate público. ¡Elevemos nuestras voces!