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18 de junio de 2020 — El 8º aniversario de DACA tiene lugar muy cerca de la fecha en la que se espera que la Corte Suprema estadounidense dicte la sentencia que determinará su futuro. El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) es un alivio migratorio temporal para jóvenes, que el presidente Donald Trump intentó terminar en septiembre de 2017. Alrededor de 650 mil “soñadores” -como se llama a sus beneficiarios- esperan ansiosamente el fallo, que tendrá profundas consecuencias humanas, sociales, y también económicas. Los beneficiarios de DACA son miembros de nuestras comunidades y el efecto lo sentiremos todos. La decisión impactará a las instituciones donde se educan y enseñan, los lugares donde trabajan, pero sobretodo a sus familias.
Los programas de alivio temporal como DACA y TPS son medidas transitorias que autorizan a personas extranjeras a trabajar y las protegen de la deportación. En la crisis por la pandemia por COVID-19 se han destacado las contribuciones de los beneficiarios de DACA como trabajadores de la salud, como trabajadores esenciales y como miembros de nuestras comunidades, que contribuyen a la reactivación económica. Argumentos y consideraciones similares existen en torno a las personas amparadas por el programa TPS. El impacto económico y social de la terminación de estos programas se sentiría no sólo en Estados Unidos, sino también en los países de origen, que verán una disminución de las remesas, que ya se han visto afectadas por la pandemia. La mayoría de los beneficiarios de DACA son personas mexicanas y los de TPS son centroamericanos. Justamente, por ser medidas transitorias, se deben crear soluciones migratorias permanentes que permitan a los beneficiarios de TPS y de DACA proyectar sus vidas.
A lo anterior, se agregan las preocupaciones recientes: las tendencias en aumento del número de contagios y la capacidad del sistema hospitalario para atender a la población. Pareciera que cada país optará por priorizar la reactivación económica sobre medidas sanitarias drásticas que reduzcan las tasas de contagio. La reapertura de la economía en Honduras y en México son ejemplos de esas decisiones. Los altos niveles de contagio en las maquilas en Guatemala, en las empresas empacadoras de carne y pollo en EE.UU., y en los centros de detención migratoria, cárceles y prisiones reflejan las consecuencias de estas decisiones prematuras.
La pandemia aumenta la desigualdad en sociedades inequitativas, ampliando las brechas existentes. Mientras tanto se observa como el estado de derecho se ve impactado por el virus. Los gobiernos autoritarios han utilizando la pandemia como una excusa para desconocer la constitución, para favorecer a su base política y castigar a la oposición, contribuyendo a que los ciudadanos se sientan desprotegidos. Estos son, sin duda, tiempos difíciles. Fallos protectores de derechos, como el que emitió la Corte Suprema sobre la protección a los derechos laborales de la población LGBTIQ, son luces de esperanza, que esperamos se repitan para los programas de DACA y TPS.
