México: ONGs nacionales e internacionales exigen investigación transparente y justicia por la muerte del niño Ángel ocurrida en DIF Nuevo León

- De forma simultánea entregan 13,455 firmas recabadas a través de la plataforma Change.org/justiciaparaAngel en los Consulados de México en Atlanta, Miami, Houston y Chicago en USA; además del DIF Nacional y la representación del gobierno de Nuevo León en CDMX 

- En Nuevo León se realizaron reuniones con DIF, la Fiscalía y la CDHNL 

- Las ONGs solicitan una reunión con el gobernador de Nuevo Leon, Samuel García, a fin de facilitar la investigación y garantías de no repetición.

 

 

Viernes 8 de abril de 2022.- Tras cumplirse dos meses de la muerte del niño Ángel Manuel Moreno, de 14 años de edad, quien perdió la vida el pasado 9 de febrero en circunstancias no esclarecidas y ante denuncias por maltrato en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Nuevo León (DIF NL), diversas organizaciones de la sociedad civil en México y Estados Unidos exigen al Estado mexicano esclarecer las presuntas irregularidades cometidas en torno a su fallecimiento y la cremación inmediata de su cuerpo.

 

En una acción simultánea, organizaciones promotoras y defensoras de los derechos humanos, la niñez y la migración en ambos países acudieron a la Representación del Estado de Nuevo León en la Ciudad de México; así como en Monterrey donde se realizaron reuniones con la Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, DIF y la Comisión de Derechos Humanos; además de visitar los consulados de México en Atlanta, Miami, Houston y Chicago, para exigir una investigación a fondo y transparente que revele las causas de la muerte del niño Ángel. Esta exigencia de justicia cuenta también con el respaldo de otras 13,455 personas, quienes firmaron la petición en la plataforma Change.org y cuyas firmas fueron igualmente entregadas a las autoridades.

 

Desde México, la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), Tania Ramírez, encabezó la delegación que presentó un oficio, acompañado de las firmas, ante el Fiscal General del Estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. Asimismo, ante el titular del DIF Nuevo León, Miguel Ángel Sánchez Rivera y la secretaria del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ivette Mecott.

 

Mientras tanto, en la Ciudad de México, Juan Martín Pérez García, Coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, así como representantes de Change.org y REDIM, fueron recibidos por la Titular de la Representación del Estado de Nuevo León en la Ciudad de México, María del Pilar Lozano Mac Donald, y más tarde por funcionarias del DIF Nacional. En los encuentros con las autoridades se solicitó una reunión de trabajo con el Gobernador de Nuevo León, Samuel García a fin de facilitar la investigación y garantías de no repetición.

 

Por su parte, en Estados Unidos coaliciones y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos en ese país se sumaron para entregar los oficios a los representantes de los consulados de México en Florida, Miami; Illinois, Chicago; Atlanta, Georgia y en Houston, Texas. Las organizaciones que participaron en la manifestación cívica fueron Durango Unido y la Red de Líderes Religiosos de Chicago para América Latina (CRLN); Living Hope, American Friends Service Committe (AFSC), Florida. Asimismo, Seeds of Resistance (Semillas de Resistencia), Colectivo Mujeres Trasnacionales Alabama Latino Aids Coalition y Alianza Américas.

 

Todas en una sola voz para exigir #JusticiaParaÁngel así como la garantía de la protección a los derechos de las infancias que se encuentran bajo el cuidado del Estado mexicano y en especial la también garantía de no repetición de hechos que vulneren a las niñas, niños y adolescentes que conviven en cualquiera de las instituciones públicas el DIF ubicadas en todo el país.

 

El caso de Ángel muerto en el DIF Nuevo León

El niño Ángel, quien sufría una discapacidad, se encontraba bajo la tutela y protección del Estado desde los cuatro años de edad. De acuerdo con fuentes citadas por el periodista Víctor Badillo, quien dio a conocer su muerte por primera vez, el niño presuntamente perdió la vida como consecuencia de los golpes recibidos por un funcionario estatal de nombre Raymundo y también por el presunto manejo inadecuado de sedantes. Los testimonios de las personas que se atrevieron a denunciar afirman que el niño ya estaba muerto cuando llegó la ambulancia.

 

No obstante, la versión oficial que se dio a conocer dos semanas después de lo ocurrido sostuvo que “falleció” “tras presentar diversos malestares estomacales” por un “choque séptico de abdomen agudo” que “provocó el lamentable deceso”, afirmó en twitter la Oficina de Comunicación Nuevo León (@OficinaCOMNL), cuya cuenta en la red social fue creada días después de que se diera a conocer en prensa la muerte de Ángel y la repentina e inmediata cremación de su cuerpo.

 

Es importarte resaltar que la incineración de cadáveres en México sólo se puede realizar con la autorización del oficial del Registro Civil que corresponda, quien a su vez debe exigir la presentación del certificado de defunción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 348 de la Ley General de Salud y en el cual deben constar las causas de la misma. Ante la posibilidad de una muerte violenta, los cadáveres no deben ser cremados.

 

Sin embargo, las más recientes denuncias sobre hechos de violencia en estos espacios públicos controlados por autoridades continúan siendo la expresión de una falencia y omisión institucional recurrente cometida especialmente contra las infancias y adolescencias con discapacidad y/o que forman parte de las poblaciones callejeras que llegan a estos lugares, en México, donde sufren una doble vulneración a sus derechos. El caso de Ángel es un ejemplo.

 

Antes de su muerte, el niño había sido trasladado desde la sede del DIF Capullos hasta el DIF Fabriles, éste último destinado a la atención de la niñez migrante y con antecedentes de maltrato. Las razones para su reubicación se debieron a una supuesta riña entre un grupo de niños y personal del DIF, ocurrida el pasado 28 de noviembre de 2021, y cuyos hechos están relacionados con presuntas denuncias de maltrato cometidas en el DIF Capullos.

 

Hay que recordar también que esta situación en el DIF Capullos provocó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, quien estableció medidas precautorias sobre la capacidad operativa del lugar, donde en agosto del año pasado escaparon siete adolescentes también por presuntos malos tratos, por lo que el traslado de Ángel se hizo incluso bajo las medidas precautorias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

 

Por tales motivos, las organizaciones firmantes se unen a la preocupación manifestada por la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), tras examinar la situación de México, quien recomendó llevar a cabo «una investigación exhaustiva de todas las muertes de niños y adultos con discapacidad en todas las instituciones desde las anteriores observaciones finales del Comité (2014) en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con su participación activa a través de sus organizaciones representativas», tal como lo señalan las conclusiones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Preocupa igualmente el ambiente de temor en este caso; testigos y posibles víctimas en dicho albergue deben contar con todas las garantías de protección del Estado en este caso para poder dar sus testimonios sin temor a represalias y así avanzar en las investigaciones y esclarecimiento de la muerte de Ángel.

 

De igual manera, condenamos el silencio institucional sobre el caso y solicitamos que se apliquen con carácter de urgencia, y aún vigentes, las medidas expresadas en el comunicado de REDIM, el pasado 21 de febrero, relacionadas a la protección de la población infantil y adolescente que se encuentra en custodia del Estado mexicano. Ellas son:

  • Informar sobre la integridad y resguardo de los cientos de niñas y niños albergados en el DIF Capullos y en el DIF Fabriles;
  • Establecer medidas de protección a la integridad y para el manejo de este duelo hacia los más de 200 niños, niñas y adolescentes que permanecen en el albergue Fabriles;
  • Transparentar, en las cuentas y canales oficiales, toda la información relativa a algún padecimiento previo (y no a su condición de discapacidad), que pueda haber causado la muerte del niño Ángel Manuel Moreno en las instalaciones del DIF Fabriles;
  • Ordenar la separación temporal del cargo a las y los directivos de los albergues Fabriles y Capullos, para facilitar las denuncias -tanto ciudadanas como del personal-, mientras se realizan las investigaciones correspondientes;
  • Que la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León garantice que las indagatorias se realicen con debida diligencia y enfoque de derechos de infancia; informe sobre los avances de la investigación, garantice la cadena de custodia de las evidencias de los hechos denunciados y genere condiciones propicias para que las personas que tengan mayor información sobre el caso, denuncien sin temor;
  • Ofrecer garantías de seguridad y facilidades para que el personal de los centros Fabriles y Capullos puedan ofrecer testimonio ante la CEDHNL y la Fiscalía, sin temor a represalias;
  • Informe urgente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León sobre el seguimiento a su petición de medidas precautorias, emitida el pasado 1º de diciembre, y los avances en torno a las irregularidades en la muerte de este niño;
  • Que el Sistema DIF Nacional y su Procuraduría de Protección de Niñez inicie una investigación sobre las irregularidades denunciadas y las medidas de restitución de derechos de los cientos de niñas, niños y adolescentes en los albergues que administra el DIF Nuevo León.

 

Por las organizaciones firmantes

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe

Durango Unido en Chicago.

La Red de Líderes Religiosos de Chicago para América Latina (CRLN). Living Hope.

American Friends Service Committe (AFSC)-Florida. Seeds of Resistance (Semillas de Resistencia).

Colectivo Mujeres Trasnacionales. Alabama Latino Aids Coalition.

Alianza Americas.

Aldeas Infantiles SOS México. Fundación Juconi México A.C. Visión Mundial de México A.C. Save the Children.

Ciudadanos en Apoyo a los derechos humanos, A.C. CADHAC. Arthemisas por la Equidad, A.C.

CreeSer ABP.

PERMA: Cultura en Resiliencia A.C. Protégeme, A.C.

Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. Pro-Salud Sexual y Reproductiva, A.C.

Instituto de Justicia Procesal Penal A.C. Instituto Nacional de Consultoría Familiar A.C. AVANCE Por los Derechos de México A.C. Familia Digna A.C.

Tribuna de Vigilancia Ciudadana A.C.

Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEINAAC). Inclusión Ciudadana A.C.

Hogar Justo Hogar. Inclusión Ciudadana. EducaDyS.

CIDES IAP.

La Matatena. Melel Xojobal A.C.

PROTÉGEME A.C.

Vientos Culturales A.C.

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