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24 de abril de 2023
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Ciudad de México— En días recientes la Fiscalía General de la República confirmó la detención de dos personas que estarían involucradas en la desaparición de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. Después de ser analizados los datos de prueba que obran en su contra, un Juez Federal resolvió vincular a proceso a José N y Fernando N por los delitos de Desaparición Cometida por Particulares, agravada en la circunstancia y actividad de las víctimas como personas defensoras de derechos humanos. En los siguientes meses se continuará con el proceso penal en su etapa intermedia.
Al respecto de los posibles perpetradores, se ha señalado a José N al ser uno de los líderes de un grupo de comuneros que desde hace tiempo querían ostentarse como representantes legítimos de la comunidad indígena nahua de San Miguel de Aquila, Michoacán, tras la división comunitaria generada frente a la actividad minera de la empresa Ternium, especializada en la extracción de hierro y fabricación de acero. El grupo de comuneros liderado por Antonio y representado por Ricardo habían logrado mediante el uso de vía legales que se permitiera a la comunidad elegir a sus representantes. La labor de los defensores desaparecidos ha sido crucial para favorecer a la comunidad en diversos litigios ante los tribunales agrarios. En ese sentido, es importante referir las distintas denuncias por parte de integrantes de la comunidad en contra de la empresa minera, a la que señalan de fomentar la fractura del tejido social y sus intereses de expansión, la cual, implicaría graves afectaciones al medio ambiente.
Desde el día 15 de enero de 2023, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz se encuentran desaparecidos, esto después de haber asistido a una asamblea en la comunidad de San Miguel Aquila, Michoacán. De acuerdo con las investigaciones, Ricardo y Antonio habrían sido interceptados por sus perpetradores cuando iban a bordo de su camioneta en la comunidad de Cerro de Ortega, Colima.
A tres meses de la desaparición de Ricardo y Antonio, es necesario señalar las omisiones y la opacidad por parte de la Fiscalía del Estado de Colima, quien en todo momento se ha negado a cooperar con las demás instituciones y a compartir información vital para el caso.
Si bien, reconocemos los esfuerzos por parte de algunas instituciones, en particular la Fiscalía General de la República y su Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos contra la Desaparición Forzada, es pertinente señalar que después de tres meses de la desaparición, sus familias y la comunidad a quienes representan los siguen esperando.
Instamos a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las Comisiones de Búsqueda de Colima y Michoacán a intensificar las acciones que contribuyan a dar con el paradero. Recordando que tanto el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han adoptado medidas cautelares y acciones urgentes, requiriendo a las autoridades del Estado Mexicano la implementación de una estrategia integral de búsqueda.
Reafirmamos nuestro compromiso para continuar trabajando hasta encontrarlos y hasta que todos los responsables sean llevados ante la justicia.
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