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19 de mayo de 2022
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NATIONWIDE – Esta semana, líderes de comunidades inmigrantes en los Estados Unidos sostienen una serie de reuniones con representantes del Congreso y del Senado, pidiendo que apoyen la inclusión de fondos en el presupuesto del año fiscal 2023 destinados a garantizar a todas las personas una oportunidad justa en los tribunales de inmigración.
Según la ley federal, las personas que se enfrentan a procesos de deportación tienen derecho a contar con representación legal, pero la ley no garantiza que el gobierno pague un abogado a las personas que no pueden pagarlo. Sin representación legal, es casi imposible que las personas se desenvuelvan por sí mismas en las complejas leyes de inmigración. En todo el país, el 56 por ciento de todas las personas que comparecen ante el tribunal de inmigración carecen de asesoramiento jurídico, a pesar de que los que tienen un abogado tienen cinco veces más probabilidades de obtener un alivio a su situación.
“Las personas merecen contar con representación legal que las defienda en los tribunales, y un intérprete en el idioma que mejor entiendan, independientemente de sus ingresos, raza, idioma o situación migratoria”, dijo Luis López Reséndiz, de CIELO, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles que defiende a las comunidades indígenas locales. “Ninguna persona debería tener que presentarse en un tribunal, asustada y confundida, sin acceso a un abogado y a una oportunidad justa de argumentar su caso”.
Los líderes migrantes se reunieron con ocho representantes del Congreso y senadores de Maryland, Minnesota, California e Illinois, para pedirles que apoyen la inclusión de USD$400 millones en el presupuesto del Departamento de Justicia para el año fiscal 2023, para financiar la representación legal de las personas que se enfrentan a procesos de deportación. Otros 20 senadores expresaron su apoyo a esta financiación en una carta publicada a principios de esta semana; entre los firmantes se encontraban los senadores Kirsten Gillibrand (demócrata de Nueva York), Elizabeth Warren (demócrata de Massachusetts), y Bernie Sanders (demócrata de Vermont), entre otros.
“Necesitamos que el Congreso se comprometa a proporcionar al Departamento de Justicia no menos de USD$400 millones de dólares, para garantizar que cualquier persona que se enfrente a la deportación tenga acceso a la defensa legal”, dijo Giselle Rodríguez de Illinois Workers in Action (IWA). “Nuestros tribunales deben defender el debido proceso y la justicia para todos, no sólo para los que pueden pagar un abogado”.
Los grupos de activistas liderados por migrantes que encabezan esta semana de acción incluyen Asociación Guatemaltecos sin Fronteras de Maryland; COPAL de Minnesota; CIELO y CARECEN-LA de California; y la Red de Liderazgo Religioso de Chicago (CRLN), Illinois Workers in Action, el Centro para el Progreso del Inmigrante y el Centro Romero de Illinois.
“Para las personas que están en tribunales de inmigración, es mucho lo que está en juego: corren el riesgo de ser separadas de sus familias y obligadas a volver a condiciones peligrosas”, dijo Carlos Lam, de la Asociación Guatemaltecos sin Fronteras. “Ninguna persona debería ser deportada simplemente porque no tiene dinero para contratar una defensa legal. Si los miembros del Congreso se comprometen a hacer que nuestro sistema de justicia sea más equitativo, deberían aprobar al menos USD$400 millones en fondos del Departamento de Justicia para garantizar la representación legal de aquellas personas que se enfrentan a procesos de inmigración”.
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