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29 de julio de 2020 — Para muchas personas, la idea de ver a agentes del estado en uniforme militar, sin identificación, sosteniendo armas de fuego y conduciendo vehículos militares sin placas por las calles de las ciudades de Estados Unidos parece algo salido de una película de ficción. Sin embargo, esa es hoy la realidad que aterroriza a cientos de civiles pacíficos. La administración Trump desplegó unidades de la policía federal para patrullar las calles de varias ciudades de Estados Unidos para controlar las protestas civiles o simplemente frenar la violencia. Si bien las imágenes que vemos hoy pueden ser una sorpresa para algunos, las acciones militarizadas y punitivas de las agencias de aplicación de la ley tienen una historia significativa en los EE. UU. Estas estrategias también se han institucionalizado en las agencias federales, y particularmente en acciones de control migratorio.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue creado por el Congreso en 2002, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, con el propósito de prevenir y contrarrestar futuras amenazas terroristas en el territorio nacional. Desde su creación, el Congreso ha ido incrementando el financiamiento de esta agencia, permitiéndole crecer hasta lo que es hoy. Para el año fiscal 2020, le fue asignado un presupuesto de más de $92 mil millones. El DHS tiene un amplio poder versus una supervisión mínima que resultó en la focalización y abuso de millones de personas inmigrantes y no inmigrantes. Después de los ataques del 9/11, agentes del DHS desaparecieron a miembros de comunidades musulmanas, árabes y del sur de Asia. Muchas personas fueron arrestadas sin orden judicial y fueron introducidas a automóviles sin placas, por agentes sin identificación. Muchos fueron torturados. Hoy, esas mismas prácticas se están implementando contra los manifestantes del movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan).
Estas tácticas militares han sido justificadas por este gobierno como un esfuerzo para apoyar las acciones locales de cumplimiento de la ley. Sin embargo, el uso de unidades especializadas fuertemente armadas, de diferentes cuerpos federales, contra los manifestantes representa un claro abuso de poder por parte de esta administración, así como un intento de proyectar al presidente Trump como un hombre fuerte, en un esfuerzo por complacer y fortalecer su atractivo con votantes extremistas en el camino hacia las próximas elecciones presidenciales. Miles de oficiales de DHS fuertemente armados están siendo enviados a ciudades como Portland, Seattle y Chicago con la excusa de proteger los monumentos federales y proteger a las comunidades del crimen. Sin embargo, ya hay evidencia de que los oficiales de DHS están perpetrando e incitando a la violencia en los lugares donde han sido desplegados. Un memorando revelado recientemente señala que los agentes de DHS no están debidamente entrenados para manejar protestas de civiles. Estos agentes operan sin supervisión y sin rendición de cuentas, como lo han hecho desde sus inicios.
El uso de unidades policiales y militares para responder a emergencias y tareas de seguridad pública es una práctica común en Centroamérica. El gobierno de El Salvador ha usado a las fuerzas militares para intimidar a los ciudadanos y de esta forma garantizar que cumplan las medidas de contención durante la pandemia; además, las ha usado para tratar de prevenir el impacto de una plaga de langostas en su agricultura. En Guatemala, los estados de emergencia o de sitio son un recurso frecuente para contener supuestos actos de sedición. En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández mantiene una estrecha relación con las fuerzas militares, lo que ha sido vital para su permanencia en el poder, al aumentar los gastos de defensa y nombrar a militares de alto rango en cargos gubernamentales.
Si bien EE. UU. está sobrellevando múltiples crisis en la actualidad, hay algunas cosas que se pueden hacer de inmediato para aplacar esta extralimitación federal y el terror causado por los operativos de DHS. Los gobiernos locales debieran considerar las consecuencias a largo plazo del uso de tácticas militares en sus comunidades, y cuestionar cuál es el verdadero propósito del gobierno federal. ¿Dónde estarán los agentes de DHS durante las próximas elecciones de noviembre? ¿Qué impacto tendrán estas acciones en el derecho de las personas a ejercer su libertad de expresión y otras libertades democráticas? Las autoridades locales deben rechazar de manera inequívoca, tanto legal como políticamente, la presencia de estos agentes. El Congreso también debe dejar de financiar al DHS, teniendo en cuenta que está utilizando a su personal para fines ajenos a los establecidos, en el contexto de la crisis por pandemia que ha dejado necesidades apremiantes en la población. El dinero de los contribuyentes no debería ser destinado a las violaciones de derechos de los manifestantes, por parte de agentes públicos. Como sociedad civil, debemos organizarnos y pedir a nuestros legisladores que destinen los ingresos recaudados a través de los impuestos a iniciativas que apoyen a nuestras familias y nuestras comunidades, no a agencias que las separan y las atacan.
