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14 de diciembre de 2020 — Los esfuerzos de la administración Trump para terminar programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) enfrentan litigios y apoyo en esfuerzos de incidencia liderados por las comunidades directamente afectadas y acompañados por organizaciones de la sociedad civil. El año termina con desarrollos positivos que confirman el impacto de la incidencia y el trabajo colaborativo entre diversos actores organizacionales.
En el caso de DACA, a partir de la sentencia de la Corte Suprema del 18 de junio, de la orden de un juez de Maryland, y de una tercera decisión de un juez federal de New York, finalmente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) restableció el programa. La orden judicial más reciente se fundamenta en que Chad Wolf, el Secretario de Seguridad Nacional en funciones, que decidió cerrar el programa para personas que no habían solicitado esta protección y limitar los permisos de trabajo a un año, como respuesta a la sentencia de la Corte Suprema; no tenía la autoridad para hacerlo porque su nombramiento no siguió el procedimiento establecido por la ley en casos donde dichos puestos quedan vacantes. Luego de dar cumplimiento a la orden judicial, el DHS anunció que podría apelar la decisión. En paralelo, algunos fiscales generales estatales donde gobierna el partido republicano presentaron hace algún tiempo una demanda ante la Corte Federal en Texas cuestionando la legalidad del Programa DACA. Este caso se discutirá en una audiencia el próximo 22 de diciembre.
Esta buena noticia debe tomarse con cautela, ya que el litigio continúa. Este conflicto legal refleja la tensión entre una visión de que el programa es el resultado de la extralimitación de las funciones del Ejecutivo y el convencimiento de otro sector de que esta acción hace parte de las funciones de dicho poder y que se trata de una medida intrínsecamente justa. Desde esta última visión, el programa DACA crea una solución temporal, que representa un importante piso de protección para personas que ingresaron al país en su infancia, que crecieron en este país, que aportan a esta sociedad y que son para todos los efectos prácticos residentes permanentes. Sin embargo, no cuentan con una vía para su regularización migratoria, reflejando las limitaciones de la legislación existente. Inicialmente, la expectativa era que el programa DACA, adoptado en 2012, fuese complementado con legislación que permitiera a los beneficiarios solicitar la residencia permanente.
El año concluye también con medidas administrativas que ofrecen un nuevo plazo de tranquilidad para las personas beneficiarias de TPS de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán. Los esfuerzos de la administración Trump por terminar este programa enfrentaron también múltiples estrategias de litigio. Los casos Ramos v. Nielsen y Bhattarai v. Nielsen continúan en desarrollo, e incluso si se dictara sentencia, estas podrían ser apeladas. En cuanto al TPS, el gobierno intentó desconocer la situación en los países de origen y argumentó que se trataba de una medida temporal, por lo que se debía terminar. Mientras tanto, los defensores del TPS insisten en que las situaciones en los países de origen no son seguras y que no han logrado superarse las condiciones que justificaron que originariamente se dictaran estas medidas protectoras. Ante la ausencia de un desenlace definitivo de los litigios antes mencionados, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) otorgó otra extensión automática de nueve meses del TPS para los nacionales de los países mencionados. Los beneficiarios de TPS de estos países tienen por ahora la certeza de continuar amparados hasta el 4 de octubre de 2021, mientras vigilan el desarrollo de los procesos legales, e insisten en la necesidad de medidas legislativas que les permitan solicitar la residencia permanente. Las personas amparadas con TPS llevan décadas residiendo en el país, formaron familias, trabajan y son miembros de comunidades. La ausencia de una opción legal hacia la residencia los deja dependientes de un estatus temporal, pese a que para todos los efectos prácticos su realidad es la edad de un residente permanente.
La batalla por defender el programa DACA ha sido liderada por jóvenes inmigrantes y la del TPS ha sido liderada por personas beneficiarias de esta medida y sus familias, reafirmando el valor y el derecho de las personas migrantes de alzar la voz para defender sus derechos y proponer soluciones de política pública. Reiteramos el llamado a la administración entrante de Joseph Biden a tomar medidas ejecutivas inmediatas para proteger a las personas beneficiarias de DACA y de TPS, al mismo tiempo que se ayude a impulsar un esfuerzo legislativo que resulte finalmente en legislación que les permita solicitar la residencia permanente. Ha sido un periodo difícil y de mucha incertidumbre para miembros de nuestras comunidades, que han estado en la primera línea trabajando ante los riesgos de la pandemia de covid-19, y que han sufrido los embates de la agenda anti-inmigrante. Su protección debe seguir siendo una prioridad.
