Población africana y haitiana, víctima del cerco migratorio de la administración López Obrador en México

Las protestas de personas africanas continuaban este lunes 26 de agosto en Tapachula. Reporte en Twitter del fotoperiodista Víctor Peña, del periódico El Faro.

28 de agosto de 2019 En la última semana, las personas de origen africano y haitiano han protagonizado protestas frente a la estación migratoria Siglo XXI, Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México. Si bien la política de contención y represión a los flujos migratorios ha sido más visible en el caso de personas de origen centroamericano, la población africana y caribeña ya está siendo víctima de un “cerco” migratorio impulsado en los últimos meses por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

Esto ocurre tras un cambio en la política migratoria en México que les ha afectado directamente y del que poco se ha hablado. Anteriormente, cuando esta población ingresaba a México, tras su viaje por Sudamérica, el gobierno les otorgaba una autorización de permanencia de 20 días, durante los cuales podían atravesar el país para ingresar a los Estados Unidos. Desde hace más o menos dos meses, México ha cerrado las opciones. Ahora, durante esos 20 días, las personas sólo tienen la opción de buscar regularizar su situación migratoria en México o salir del país por la frontera sur. Es decir, se les está impidiendo que continúen su tránsito hacia el Norte del país para buscar protección en los EE. UU. Esto es claramente una medida con la que la administración López Obrador está jugando un papel de policía migratoria para la administración Trump en los EE. UU.

El cambio de política dificulta de manera particular la situación de la población africana. Ante la imposibilidad de seguir su camino al Norte y negándose a regresar a Guatemala donde no ven que tengan posibilidades de supervivencia y viendo el éxodo de los guatemaltecos, se han quedado varados en Chiapas en total desprotección. México no los deporta a sus países de origen, por la ausencia de representaciones consulares de sus países de origen o la imposibilidad de confirmar su nacionalidad. Caso contrario ocurre con las personas de Haití, Cuba y Centroamérica, quienes sí están enfrentando la deportación.

En el caso de las personas africanas y haitianas, la sociedad civil -que está jugando un importante rol en la defensa y protección de la población migrante- enfrenta dificultades para ofrecer orientación y apoyo psico-social a una población que no habla español. Estas personas insisten en su decisión de solicitar asilo en los Estados Unidos, se rehúsan a volver a Guatemala y aseguran que no tienen la posibilidad real de regularizarse en México. Por ello, exigen que el gobierno retroceda en su cambio de política, y les permita continuar su viaje hacia los EE. UU. De continuar con su política de cerco migratorio, México sólo aumentará la crisis en la frontera sur del país.

Represión, la respuesta de México para imponer su política

Ante las exigencias de la población africana, la respuesta de México ha sido disolver las manifestaciones con la represión de la Guardia Nacional y la Policía Federal, lo que ya ha generado enfrentamientos violentos. El Gobierno Federal ha tomado la ruta difícil, del no diálogo, la represión y el no reconocimiento de los derechos de las personas.

La represión por parte de la Guardia Nacional, Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM) no sólo ocurre en Tapachula, en el sur del país. En Tijuana, en el norte del país, también se ha visto la presencia conjunta de estos elementos para detener a personas migrantes en situación irregular. Desgraciadamente, esta práctica representa un modo de cacería contra las personas migrantes que decidieron quedarse en el país, en lugar de impulsar medidas que permitan la inclusión social, como prometió la administración López Obrador al inicio de su gestión. En lo que va del año, 400 mil personas de 25 naciones han ingresado a México, según el subsecretario de Derechos Humanos

Litigio estratégico, la respuesta de la sociedad civil

En vista de los cambios en la política migratoria, la sociedad civil mexicana está reposicionando sus estrategias. El litigio estratégico está emergiendo como una vía para denunciar públicamente e intentar detener los cambios de política y gestión migratoria que no están sustentados en la ley o en la Constitución nacional. En la última semana hemos conocido varios esfuerzos:

Asylum Access presentó un recurso de amparo ante la justicia mexicana en nombre de 10 personas que se encontraban detenidas en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Chiapas, y a quienes se les impidió acceder al procedimiento para ser reconocidos como refugiados en México. Ante estos hechos, Asylum Access también solicitó medidas de protección a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CIDH). 

Ante la política que afecta a la población africana, la semana pasada el Centro de Dignificación Humana A.C. dirigido por el defensor de derechos humanos Luis Villagrán, dio a conocer que está preparando un recurso de amparo.

Mientras tanto, la CIDH terminó el viernes 23 de agosto la visita a la frontera sur de Estados Unidos. Será importante hacer seguimiento al resultado de esta visita y las repercusiones que tenga en posibles litigios ante el sistema interamericano.