Organizaciones en México denuncian criminalización a personas extranjeras, y a quienes las asisten, por parte de las autoridades

Foto cortesía Andrea González, del Colectivo Ustedes Somos Nosotros, México.

22 de abril de 2019 – Ante la llegada de miles de migrantes a la frontera sur de México existe un ambiente de rechazo en ciertos sectores de Chiapas. La xenofobia que se ha generado -especialmente contra las personas centroamericanas- se ha alimentado de noticias, comunicados y avisos a la comunidad por parte de medios de comunicación locales, empresa privada, y gobiernos municipales, en los que se difunde el mito de que con la llegada de los migrantes incrementa la delincuencia.

En los últimos seis meses, según una encuesta del periódico El Universal, ha crecido significativamente el rechazo hacia las personas migrantes centroamericanas. Existe una esquizofrenia entre el discurso y la práctica por parte del nuevo gobierno en lo que se refiere a las “caravanas” de migrantes. Es urgente que el Gobierno Federal articule una estrategia de atención y de no criminalización de las personas migrantes y solicitantes de asilo que busque en todo momento propiciar el respeto y la inclusión de esta población.

El colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sur Mexicano, que ha realizado un trabajo de monitoreo al tratamiento de las personas solicitantes de asilo y migrantes desde el inicio de los flujos masivos en octubre de 2018, ha hecho un llamado al cambio en la respuesta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dando a las personas migrantes y solicitantes de asilo. El comunicado del colectivo da cuenta de que las autoridades terminaron la expedición de las tarjetas humanitarias y cerraron las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, donde las personas podían regularizar su permanencia en el país. Además, que han aumentado los operativos de control migratorio con la presencia de policías federales, estatales y municipales, y agentes del INM. Estos operativos resultan en la detención y expulsión de miles de personas. La detención se está llevando a cabo en condiciones de hacinamiento, con riesgos para la seguridad y la salud de las personas, incluyendo familias y niños pequeños.

Además, el INM ha emitido un aviso en el que amenaza a los transportistas que presten sus servicios  a los migrantes y solicitantes de asilo con la persecución penal por el delito de tráfico de personas, además, personas que trabajan en la asistencia y defensa de los migrantes en el sur del país han sido aprehendidas. Estos pronunciamientos dan cuenta de la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en el terreno, que ofrecen asistencia y orientación a las personas migrantes y solicitantes de asilo sobre el cambio en la política de gobierno mexicano.

No está claro hasta qué punto estas acciones marcan un cambio de enfoque explícito dentro del gobierno de López Obrador. Pero sí generan inquietudes acerca de cómo la nueva administración equilibrará su compromiso inicial con las protecciones humanitarias y el asilo, con mayores presiones para controlar el tránsito de personas extranjeras en dirección a Estados Unidos.

Autoridades promueven una narrativa que criminaliza a los migrantes y exigen a las empresas de transporte que cumplan funciones de control migratorio

El presidente municipal de Huixtla, Chiapas, alertó a los habitantes sobre el arribo de personas extranjeras al municipio, llamándolos a que cerraran los establecimientos de comercio y no salieran de sus casas. Esta presentación de los migrantes y solicitantes de asilo como una turba peligrosa no corresponde con la realidad, como lo señaló el sacerdote Heyman Vásquez, y solo contribuye a crear un ambiente xenófobo.  

El 16 de abril de 2019, el Director General Jurídico de Derechos Humanos y Transparencia, del Instituto Nacional de Migración emitió un oficio dirigido a las empresas de transporte en México recordándoles los artículos 153 y 159 de la Ley de Migración. El artículo 153 establece que las empresas de transporte terrestre, marítimo o área que trasladen extranjeros sin documentación migratoria vigente serán sancionados con multas de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente. El artículo 159 tipifica el delito de tráfico de migrantes y sanciona con penas de 8 a 16 años prisión para quienes transporten a personas sin la documentación correspondiente con fines de lucro, introduzcan a personas extranjeras a territorio mexicano con ánimo de lucro, o alberguen y transporten a personas extranjeras con el propósito de evadir el control migratorio. Este oficio reafirma el cambio de aproximación a los flujos de migrantes y solicitantes de asilo, poniendo de presente que la legislación extiende las funciones de control migratorio a las empresas de transporte en México quienes deben verificar la documentación de sus pasajeros bajo el riesgo de la persecución penal por el delito de tráfico de migrantes.

Es preocupante la circular emitida por el INM con la advertencia a transportistas sobre la posibilidad de cometer el delito de tráfico de personas si transportan a personas extranjeras. Es importante recordar que el apoyo de la población local ha sido un elemento fundamental para que las personas migrantes y solicitantes de asilo avancen en su tránsito por el territorio mexicano. Con estas acciones, el INM trata de inhibir la posible ayuda que la población puede ofrecer, dejando en mayor vulnerabilidad a las personas extranjeras, y criminaliza la solidaridad.

Foto cortesía Andrea González, del Colectivo Ustedes Somos Nosotros, México.

Control migratorio desde una perspectiva de seguridad nacional

Luego de la creación de la Guardia Nacional, a fines de febrero, en el Congreso mexicano avanza el proyecto de ley orgánica de la Guardia Nacional. El debate legislativo refleja que tanto los legisladores como la sociedad mexicana están apenas entendiendo qué funciones cumplirá este híbrido entre las fuerzas militares y las funciones de policía: mando militar desempeñando funciones de seguridad pública.  La Guardia Nacional cumplirá funciones de control migratorio que se encuentran en cabeza del Instituto Nacional de Migración (INM). Otorgar esta función a la Guardia Nacional conlleva asumir una perspectiva de seguridad nacional en torno al control migratorio. El proyecto legislativo asigna a la Guardia Nacional funciones de vigilancia en las zonas de frontera y en las carreteras, y tendrá facultades para colaborar con el INM en el “aseguramiento” de personas extranjeras en las estaciones migratorias (centros de detención de migrantes).

El proyecto de ley orgánica de la Guardia Nacional confirma las percepciones y lecturas de un cambio de enfoque en materia de política migratoria. El gobierno de López Obrador ha dado un viraje de 180 grados respondiendo a la migración irregular desde una perspectiva de seguridad nacional, mediante el cual aprehende, detiene y deporta a las personas que transitan por México.

Cifras de las personas en tránsito

Grupos pequeños de integrantes del “Éxodo” centroamericano y del Caribe” comenzaron a llegar a territorio mexicano desde la ciudad de Tecún Umán, Guatemala. Según cifras del INM se iniciaron los trámites correspondientes de las primeras 900 personas; sin embargo, se desconoce la situación final de dichos trámites. El pasado viernes 12 esta institución informó el arribo de aproximadamente 350 personas proveniente de Guatemala por Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las que se suma otro grupo de 2 mil personas (cifras no oficiales) y quienes ya se encuentran en tránsito por México rumbo a Estados Unidos.

A mediados de la semana pasada se calculaba que en Tapachula, Chiapas estaban varadas aproximadamente 800 personas de nacionalidad cubana que siguen en espera de una respuesta del INM después de que dicha entidad, el pasado 16 de marzo cerrará sus oficinas por las irregularidades denunciadas en la expedición de dichos documentos. Personas pertenecientes a este grupo partieron, junto a otros centroamericanos, el miércoles 17 de abril en una caravana “viacrucis” de Semana Santa para atravesar México en autobuses en dirección a la frontera norte.

Deportaciones/ retorno desde y hacia México

El 13 de abril el INM informó que  a 204 personas. Se trata de familias que viajaban con menores de edad, en su mayoría personas procedentes de Honduras. El traslado se realizó vía aérea desde Veracruz hasta San Pedro Sula, Honduras.

Según testimonios recogidos por los albergues de la ruta migratoria en México, la mayoría de las personas procedentes de dicho país huye a causa de violencia, amenazas y persecución por parte de las pandillas. Al ser retornadas, dichas familias quedan en total vulnerabilidad y riesgo desde el momento de la llegada a su país. De manera irónica, el gobierno de México sigue sosteniendo que la migración no debe ser forzada, que debe atenderse y que deben respetarse los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno mexicano no está garantizando el principio  de no devolución a estas personas que aseguran estar en riesgo en su país.