Pronunciamiento en vísperas de la adopción del Pacto Global para la Migración

Lecciones del éxodo centroamericano para la gobernanza de la migración global

A medida que los gobiernos se reúnen en Marrakech para considerar la adopción de un nuevo Pacto Mundial para la Migración, debemos reflexionar sobre las indignantes imágenes de los niños y las familias del éxodo actual en Centroamérica e insistir en una gobernanza de la migración mundial que esté firmemente basada en la protección de los derechos y que rechace la criminalización de la migración.

Las familias centroamericanas y las comunidades migrantes se encuentran en una grave crisis sistémica. La pobreza, la corrupción y la violencia que aquejan a países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua se han visto agravadas por décadas de implementación de políticas económicas y de inmigración miopes y punitivas por parte de los Estados Unidos. Actualmente hay al menos diez mil migrantes en tránsito en Centroamérica y México. Muchos de ellos se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad. Cuando la situación en sus países de origen alcanza un nivel de desesperación, las personas deben tener la opción de migrar. La migración segura, ordenada y regular requiere de protecciones y vías concretas de acceso para las personas que son víctimas de desplazamiento forzado. La migración regular no se logrará a través de la criminalización, la detención, el retorno, la exclusión y las limitaciones de los derechos de los migrantes en función de su situación migratoria, o de las restricciones continuas y las interpretaciones más obtusas de las condiciones para acceder a la protección internacional.

Otras lecciones específicas del corredor migratorio Centroamérica – México – Estados Unidos:

  • Las personas que huyen de la violencia deben tener la oportunidad de presentarse ante las autoridades de inmigración para expresar sus temores, no deben ser rechazadas ilegalmente en los puertos de entrada ni penalizadas por ingresar entre los puertos de entrada para buscar asilo. La práctica de devolver a las personas al peligro sin evaluar su caso constituye una violación del derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución. Esto es una regla para todos los países, a lo largo de la ruta de migración.
  • El aumento de la militarización de la frontera tiene un gran costo para los programas que benefician a las comunidades locales y las familias. El despliegue de fuerzas militares o la ampliación en la presencia de agencias migratorias policiacas o de otro tipo a lo largo de la frontera desperdicia recursos públicos, pone en peligro los derechos de las comunidades fronterizas y no cambia la percepción de seguridad para nadie. El reciente incidente que terminó en niños que tuvieron que huir de gases lacrimógenos lanzados por elementos de seguridad de los EE.UU. nos ilustra estos peligros.
  • Las personas tienen derecho a abandonar su país de origen y deben poder buscar protección en un país donde se sientan seguros. Los gobiernos deben defender la libertad de movimiento, que incluye el derecho a abandonar su país, a buscar asilo en otro país, a no ser detenido indefinidamente ni a regresar al peligro. Debe garantizarse el debido proceso y la protección de la unidad familiar.
  • La detención por infracciones de inmigración no disuade la migración, y da lugar a violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos ha declarado su intención de usar la detención y la separación familiar como un elemento disuasivo para la migración. Los compromisos para la gobernanza de la migración global deben trabajar hacia la eliminación de la detención tanto de niños niños como de adultos. Sería un trágico fracaso que el Pacto reiterara la detención como una herramienta política estándar para disuadir a la inmigración.
  • Los esfuerzos actuales para facilitar los retornos continúan ignorando los derechos humanos. Como las familias desesperadas se enfrentan a retrasos interminables para buscar asilo o protección humanitaria, muchos buscan un retorno “voluntario” o simplemente son arrestados y deportados. Esta es un área que clama por nuevos mecanismos de cooperación que tengan en cuenta tanto las protecciones inmediatas, como el derecho a la unidad familiar. El énfasis en la cooperación efectiva y eficiente en los retornos no tiene en cuenta las condiciones que enfrentan los migrantes retornados en su país de origen. El desafío no es cómo procesar las deportaciones rápidamente o presionar a los migrantes para que regresen después de soportar un tratamiento inhumano, sino cómo crear condiciones que hagan que el regreso de los migrantes sea seguro y sostenible y que les permita reconstruir sus vidas. De ahí la importancia de la cooperación internacional.
  • Los países deben reconocer su corresponsabilidad en la creación de las condiciones que impulsen la migración, y por tanto implementar programas de asistencia extranjera. En el caso de los Estados Unidos, muchas décadas de políticas fallidas hacia Centroamérica juegan un papel central en la crisis actual. Pero todos los países de la región también deben ser responsables de la corrupción, la impunidad, la apropiación de tierras y la falta de oportunidades de empleo decente y bien remunerado; que conducen hacia el desplazamiento. Muchos expertos describen una crisis de fe en las instituciones y la pérdida de esperanza de un futuro próspero para Centroamérica. Revertir esa tendencia debe ser una prioridad para aquellos que desean que la migración sea ordenada, segura y regular.

Los Estados Unidos no forman parte actualmente del Pacto Mundial para la Migración. Pero eso no significa que la sociedad civil pueda dejarlo a un lado. De hecho, nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para presionar a los EE. UU. para que implementen estas acciones que respetan los derechos, al mismo tiempo que presionamos para renovar la participación de los EE. UU. en espacios multilaterales.

El mundo mira a Marrakech con esperanza, pero aún no está claro si el Pacto Mundial para la Migración tendrá un impacto significativo y positivo en la vida de los migrantes y en las comunidades de origen y recepción en el corredor Centroamérica – México – Estados Unidos. El Pacto no es vinculante, y el financiamiento para sus disposiciones más innovadoras y ambiciosas aún no está definido La verdadera prueba vendrá con los aspectos básicos de la implementación nacional, el seguimiento, el monitoreo y la revisión independiente. Las organizaciones de la sociedad civil, y especialmente las comunidades migrantes organizadas que tienen tanto en juego, tenemos que ser parte de este proceso para tener la oportunidad de sentar las bases para una mejor cooperación internacional para la gobernanza de la migración.

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