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21 de agosto de 2020. — Aunque la pandemia obligó al cese de casi todas las actividades, excepto las esenciales, la corrupción aprovechó las donaciones y las compras de emergencia para apropiarse del dinero público que debía destinarse a atender las necesidades de la población. Pareciera que las prácticas corruptas en lugar de disminuir aumentaron en plena crisis sanitaria. Poco tiempo después del inicio de la pandemia, medios de prensa de la región revelaron los primeros casos que apuntan a corrupción, conflictos de interés y faltas éticas. Lamentablemente, esta no es una práctica aislada en un país sino que pareciera ser un virus, que al igual que el Covid-19, no encuentra una respuesta estatal decida.
En El Salvador, diferentes medios han evidenciado los vínculos de empresas proveedoras de insumos médicos o de arrendamiento de centros de cuarentena con familiares de funcionarios, incluyendo al mismo ministro de Salud. Adicionalmente, parte de los insumos vendidos eran inservibles. Mientras tanto, el gobierno de Nayib Bukele se resiste a ser auditado por un Comité creado especialmente con estos fines, y pese a que la Asamblea Legislativa aprobó US$2,000 millones para atender la emergencia. La ciudadanía observa con preocupación cómo la pandemia está siendo aprovechada para lucrar a familiares y personas cercanas al Ejecutivo y al Legislativo, y cómo los modestos programas de asistencia no están llegando en su totalidad a quienes más los necesitan, o incluyen productos de dudosa calidad.
Mientras tanto, Honduras suma a su larga lista de casos de corrupción las compras sobrevaloradas de recursos para hospitales nacionales. Aquí, la ciudadanía ha tomado un papel protagónico. En las últimas semanas, varios grupos de personas indignadas salieron a las calles a demandar transparencia bajo la consigna #HondurasLoExige. Mientras tanto, las autoridades judiciales actúan creando la ilusión de que se avanza en la lucha contra la corrupción, pero los fallos judiciales confirman que algunos avances no se concretan. Ante este panorama, es preciso recordar el derecho de los ciudadanos a cuestionar cómo se está gastando el dinero público, dónde están los recursos recibidos como donaciones, y cuál es la fuente de los recursos gastados durante la crisis.
En Guatemala la ciudadanía también está exigiendo cuentas. Recientemente, decenas de personas se concentraron en la simbólica Plaza de la Constitución, en la capital del país, para cuestionar al gobierno por la ejecución de los 25 mil millones de quetzales (US$3.2 millones) aprobados para atender la emergencia. Casos como el de los 9.3 millones de quetzales (US$1.2 millones) que estaban destinados para alimentación y que en realidad terminaron en sobornos han llevado a la población a expresar su rechazo a la corrupción y a pedir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
Al mismo tiempo, la población en México observa con desilusión los avances de las investigaciones por corrupción en la adjudicación de contratos públicos, en los que estarían involucrados los dos últimos expresidentes y otros funcionarios del gobierno. En Estados Unidos, igualmente se investiga el pago de sobreprecios en insumos médicos, mientras que la sociedad apenas reacciona.
Más allá de la indignación que provoca conocer los casos de corrupción, la pregunta es cómo responden los órganos de control, la administración de justicia, y la ciudadanía en general. La transparencia es una herramienta útil, que debe ser parte de la gestión pública. Los gobiernos deben poner a disposición de los ciudadanos las cuentas públicas. El control ciudadano es esencial y los Estados deben crear las condiciones para que sea posible, ya que es una de las bases de la democracia. Las organizaciones de la sociedad civil educan a la población e insisten en promover una conciencia pública ciudadana que nos permita trascender de la indignación a la acción. Si queremos una mejor región, tenemos que exigir transparencia y que los recursos sean destinados al bienestar social.
