Raza, clase y estatus migratorio: claves para entender la desprotección de los trabajadores

El perfil demográfico de los trabajadores de primera línea, según el Center for Economic Policy and Research, muestra que las y los trabajadores de color son el 41.2% de esta fuerza laboral.

1 de julio de 2020 — Han pasado tres meses desde la declaratoria de la pandemia por Covid-19. A partir de ese momento, la vida, como la conocíamos, empezó a cambiar: enfrentamos cierres de las economías, de las fronteras y restricciones de nuestros derechos. Algunas personas tienen el privilegio de trabajar desde casa. Sin embargo, para otras el confinamiento nunca ocurrió, pues se convirtieron en trabajadores esenciales o de primera línea, y el riesgo de contagio se convirtió en parte de sus condiciones laborales. 

 

El Economic Policy Institute (Instituto de Política Económica) estima que en EE. UU. solo el 16.2% de las personas de origen hispano pueden trabajar desde casa, el porcentaje más bajo entre grupos raciales y étnicos en el país. El perfil demográfico de los trabajadores de primera línea, según el Center for Economic Policy and Research (Centro de Políticas e Investigación Económica), muestra que las y los trabajadores de color son el 41.2% de esta fuerza laboral. Además, 16.3% de los trabajadores de primera línea son hispanos y uno de cada seis es una persona migrante. Luego de más tres meses de estar trabajando en la primera línea, no es sorprendente que los niveles de contagio sean tan altos entre la población latina: 34% de los casos, aunque son el 18% de la población. Más grave aún, el sacrificio de los trabajadores de primera línea no está siendo recompensado. Los seguros de salud no cubren la totalidad de los costos médicos para los trabajadores enfermos de Covid-19. 

 

La recesión económica continúa siendo una preocupación, Se calcula que el 61% de los trabajadores latinos en EE. UU. sufren las consecuencias económicas de la pandemia. En junio, el porcentaje de latinos desempleados disminuyó de 18.9% a 17.6%, como resultado de la reapertura en varios estados. Sin embargo, las medidas económicas están teniendo consecuencias en la salud. Los intentos de revivir la economía de los EE. UU. mediante la apertura de los estados, están resultando en el aumento de los casos de contagio. A la par, no se observan acciones para proteger a las familias de los desalojos ante la imposibilidad de pagar arriendos y créditos hipotecarios.

 

La reapertura económica en México y en los países del norte de Centroamérica es motivo de debate por las mismas razones. En Junio, México inició la reapertura económica a pesar del alto número de contagios. Se teme por el impacto en la salud de esta medida, considerando que en junio se registró un aumento de contagios en niñas y niños. En El Salvador preocupan los casos de contagio en hogares de menores bajo custodia del Estado; mientras que en Guatemala, los centros de privación de libertad para adolescentes sobrepasan su capacidad y presentan hacinamiento. La sociedad civil mantiene un cuidadoso monitoreo sobre el contagio en la niñez. La preocupación por el riesgo de contagio en contextos de privación de libertad, es el motivo por el que un juez en California, EE. UU. ordenó que los niños privados de libertad por motivos migratorios con sus familias, sean puestos en libertad.  

 

En EE. UU, pese a que la pandemia evidencia la necesidad de garantizar el acceso a la salud y que millones de trabajadores perdieron su seguro médico al quedar desempleados, el gobierno continúa sus esfuerzos contra la legislación sobre salud, conocida como Obamacare, pese a que aumentó la cobertura de salud. De hecho, en mayo, cerca de 500 mil personas obtuvieron cobertura médica bajo esta ley. La administración Trump y 18 gobernadores republicanos presentaron sus escritos ante la Corte Suprema, en el caso California v. Texas, en el que cuestionan la legalidad del Affordable Care Act (Legislación por Salud Asequible). Si la demanda tiene éxito, 23 millones de personas, incluyendo a buena parte de los trabajadores esenciales, quedarían sin cobertura médica, lo cual sería devastador.  

 

Sin embargo, la vulneración de los derechos de los trabajadores no es consecuencia de la pandemia, sino más bien el resultado de sistemas estructurales que les utilizan y les dejan en desprotección, desconociendo su sacrificio y negando que son esenciales para las economías nacionales y nuestras comunidades. A pesar de que han sido actores clave en esta crisis, en EE. UU., los trabajadores migrantes y sus familias han sido excluídos de los paquetes de asistencia económica en respuesta al Covid-19, dejándolos empobrecidos y agravando las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban. Este es el momento de valorar y proteger a los trabajadores de primera línea.

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