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9 de julio de 2020 — En los últimos meses el equilibrio de poderes, pilar del estado de derecho, ha sido esencial para frenar medidas y políticas migratorias dictadas y puestas en marcha como parte de la agenda de supremacía blanca de la administración de Donald Trump. Acudir a las cortes ha resultado ser una estrategia efectiva para desafiar las acciones del Ejecutivo que carecen de una motivación suficiente, que desconocen los procedimientos establecidos, o que son producto de una agenda contra la migración, y que ignoran el impacto de las medidas dictadas en las personas migrantes y sus familias.
Uno de esos litigios es el del caso Ramos v. Nielsen, que es un buen ejemplo tanto de la creatividad de los defensores de la sociedad civil y de las comunidades migrantes, como de la fragilidad del litigio como respuesta a la agenda anti-inmigrante concertada que emana de la Casa Blanca. En este momento, más de 300 mil personas amparadas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y sus familias esperan ansiosamente el fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
La demanda del caso Ramos fue presentada en 2018 por American Civil Liberties Union (ACLU) en nombre de personas amparadas con TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua, y Sudán y de sus hijos. La demanda cuestiona las razones arguidas por la administración Trump para terminar este estatus, dadas las condiciones en los países de origen registradas por distintos reportes e informes. El juez federal que decidía el caso dictó una medida cautelar ordenando que los programas de TPS se mantengan vigentes mientras avanza el litigio, con el propósito de evitar daños irreparables. El gobierno presentó un recurso de apelación contra esa medida cautelar ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Esa es la resolución judicial que se espera muy pronto. Sin embargo, esta no necesariamente sería la última decisión en este caso. Dependiendo del fallo, los demandantes o el gobierno podrían pedir que la decisión sea nuevamente revisada, un proceso denominado “en banc review”, o podrían solicitar que la Corte Suprema acepte revisar el caso. El litigio es siempre un esfuerzo de largo aliento y si no fuera por medidas cautelares, como la dictada en este caso, la justicia podría llegar demasiado tarde para las personas beneficiarias de TPS.
A los pocos meses de la primera demanda, se presentó otra con argumentos similares relativa a la terminación del TPS para Nepal y Honduras. El caso se conoce como Bhattarai v. Nielsen. En marzo de 2019, los demandantes y la administración Trump presentaron al juez un acuerdo solicitando la suspensión del litigio de este segundo caso hasta tanto se resuelva el caso Ramos. Otro caso en nombre de las personas amparadas con TPS de Haití, El Salvador y Honduras, Centro Presente v. Trump también está en pausa, dependiendo de la decisión del caso Ramos. De acuerdo a lo que decida la Corte de Apelaciones en el caso Ramos, el caso Bhattarai o el caso Centro Presente podría continuar litigándose o no, así como otros casos pendientes tales como NAACP v. DHS, Casa de Maryland v. Trump, y Moreno v. Nielsen. Las personas haitianas, por ejemplo, continuarán con el TPS vigente, hasta tanto se resuelve el caso Saget v. Trump.
Incluso, si el fallo de la Corte Federal del Noveno Circuito termine siendo la decisión final y dependiendo de lo que ordene, habrá un periodo de transición de por lo menos 120 días antes de que el gobierno tome alguna acción contra las personas amparadas por TPS. En el caso de El Salvador, se anunció que el periodo de transición será de 365 días, como parte de acuerdos alcanzados entre los dos gobiernos.
El resultado de las batallas legales para mantener al TPS vigente son una preocupación vital para cientos de miles de personas que dependen de esa protección, pero incluso si el fallo que se espera en los próximo días fuese el más favorable, relamente sólo ofrecerá un alivio temporal. El congreso debe aprobar una solución legislativa que translade a las personas con protecciones temporales precarias como TPS y DACA a protecciones permanentes y permitirles aplicar a la residencia permanente. Esa acción debió llevarse a cabo hace mucho tiempo para personas que han contribuido tanto a este país, y que están firmemente integradas como miembros de miles de comunidades locales.
