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6 de mayo de 2020 — Luego de más de un mes de restricciones de movilidad y medidas de confinamiento como respuesta al COVID-19, la violencia y la represión se está sintiendo tanto en las calles como en los hogares en Centroamérica y México. Desde los gobiernos, como dentro de los hogares, se está actuando de manera violenta, poniendo en riesgo a la población y a las familias, respectivamente. Los derechos humanos están siendo violados tanto por la acción, como por la omisión de los Estados.
La violencia y la inseguridad hacen parte de la realidad en la región mesoamericana desde hace décadas. Ante la imposibilidad de contener las acciones de personas y grupos organizados, el autoritarismo ha vuelto a emerger. Sin embargo, el contexto es diferente y las violaciones de derechos humanos están teniendo lugar mientras se ordena a la población permanecer en casa. Enfrentamos no sólo la violencia del Estado, sino la violencia dentro de la familia, sin condiciones y recursos para proteger a las personas en las calles o en sus casas. La seguridad de nuestras sociedades está siendo amenazada tanto por la pandemia de COVID-19 y por las respuestas violentas de los gobiernos y la criminalidad.
La violencia, en distintas manifestaciones, ha sido un factor difícilmente superado en El Salvador. Recientemente, repuntó el número de homicidios en solo cuatro días como no había ocurrido desde el comienzo de la cuarentena decretada. A nivel internacional, circularon anuncios de movimientos de reclusos y fotografías oficiales de centros penales que mostraba a reclusos miembros de maras o pandillas siendo aglomerados sin ningún control de distanciamiento físico y de salubridad, poniendo en riesgo de contagio a toda la población salvadoreña. Ante estas acciones, organizaciones no gubernamentales regionales e internacionales, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupación y rechazo, insistiendo en la necesidad de respetar los derechos de las personas privadas de libertad, y expresando su preocupación ante las órdenes de ejercer la fuerza, lo cual podría constituir ejecuciones extrajudiciales y abusos de poder.
La preocupación por las actuaciones de la Policía, se confirmaron también en Honduras con la presentación de cargos penales por tráfico de drogas contra un ex-jefe de la policía, en connivencia con el Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández (culpable en EE. UU por narcotráfico).
Entre otras de las manifestaciones de violencia, las mujeres siguen sufriendo la vulneración de sus derechos en el confinamiento. Solo en la última semana de abril, en México, los servicios de emergencia del país recibieron 26,171 llamadas relacionados con agresiones contra la mujer. Mientras tanto en Honduras, las autoridades recibieron más de dos mil denuncias de mujeres por violencia intrafamiliar. En El Salvador, dentro del repunte de homicidios, se observan ocho feminicidios, tres intentos de feminicidios y dos transfeminicidios. La respuesta a la violencia contra la mujer debe tener en cuenta la discriminación interseccional. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad enfrentan barreras físicas que les impiden acceder a los programas de atención a las víctimas de violencia.
Frente al desafío de las manifestaciones de violencia gubernamental y social, organizaciones de la sociedad civil y organismos de Naciones Unidas, han trabajado para desarrollar herramientas, que insistan en la necesidad de un enfoque diferente. Responder contra la represión y la violencia deben ser prioridades incluso en medio de la pandemia.
