Fact-Finding Delegation Confirms That Deporting TPS Recipients Would Be Tantamount to a Death Sentence

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Fact-Finding Delegation Confirms That Deporting TPS Recipients Would Be Tantamount to a Death Sentence

Sara McElmurry: 312-351-3890 or smcelmurry@alianzaamericas.org

Delegación Documenta el Estancamiento Económico, la Violencia Sexual y de Género, y el Desplazamiento Interno Forzado Por La Violencia Líder de la Delegación es Detenida en el Aeropuerto de Newark

Boston, MA — 5 de junio de 2018 — Hoy, Centro Presente, Alianza Américas y el Comité de Abogados para los Derechos Civiles y la Justicia Económica anuncian que su delegación completó su misión de investigación en El Salvador y Honduras, ambos países sacudidos por noticias devastadoras de que la Administración Trump ha cancelado su designación para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Los hallazgos de la delegación se utilizarán para reforzar una demanda federal presentada por el Comité de Abogados y Centro Presente en nombre de los/las Tepesianos/as de Honduras y El Salvador.

En un fuerte recordatorio del abuso de poder del gobierno estadounidense que enfrentan los/las inmigrantes en los Estados Unidos, la Directora Ejecutiva de Centro Presente, una ciudadana estadounidense nacida en Honduras, fue detenida indebidamente por funcionarios federales en el aeropuerto de Newark. La Directora Ejecutiva de Centro Presente ahora está a salvo en Boston, donde la delegación dio a conocer los hallazgos iniciales de su misión de investigación.

En Honduras, del 28 de mayo al 30 de mayo, la delegación se reunió con la compañera de vida de un prisionero político y con numerosos grupos de que velan por los derechos de la mujer, líderes comunitarios, economistas, y organizaciones de la sociedad civil que documentan la violencia sistémica patrocinada por el estado y los atroces abusos contra los derechos humanos.

En El Salvador, del 30 de mayo al 1 de junio, la delegación visitó la morgue donde se analizan los restos desmembrados de personas sometidas a la violencia policial y de pandillas; y recorrió instalaciones gubernamentales donde se reciben los/las inmigrantes deportados por la Administración Trump. La delegación también se reunió con numerosos líderes comunitarios, economistas, defensores/as de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil que realizan un seguimiento del desplazamiento por la violencia entre la policía y las maras/pandillas.

Los hallazgos y las observaciones iniciales de la delegación incluyen:

Múltiples fuentes confirmaron que la deportación de los/las Tepesianos/as equivaldría a una sentencia de muerte. Informes en Honduras y El Salvador, bien documentados por los medios y los grupos de defensa, confirman que los/las inmigrantes deportados/as son sujetos/as a la extorsión y la violencia. Las maras y las pandillas perciben a los/las deportados/as como inmigrantes que tienen acceso a dinero a través de ahorros personales o parientes en los Estados Unidos. Un número creciente de inmigrantes deportados/as han sido encontrados/as muertos/as en cuestión de semanas e incluso días después de llegar a El Salvador u Honduras.

En Honduras, una mujer es asesinada cada 16 horas. En El Salvador, una mujer es asesinada cada 19 horas. Más del 95 por ciento de los casos que involucran la violencia sexual o la violencia doméstica no son investigados, y mucho menos resueltos, en Honduras. Preocupaciones similares son expresadas por defensores/as de los derechos de las mujeres en El Salvador.

El desplazamiento interno forzado debido al aumento de la violencia policial y de las maras/pandillas es un problema social creciente tanto en Honduras como en El Salvador. Solo en Honduras, los defensores/as estiman al menos 500,000 personas desplazadas. Las familias y los/las niños/as afectados informan que han sido desplazados/as por las extorsiones y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por los escuadrones de la muerte.

En Honduras, los grupos comunitarios informan que el gobierno ha encarcelado al menos cinco presos políticos, y al menos 24 estudiantes han sido expulsados/as de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por ejercer la libertad de expresión constitucionalmente protegida. El país está atormentado por una inestabilidad política paralizante. El actual presidente es ampliamente visto como un dictador instalado a través de una elección ilegítima marcada por el fraude electoral y la violencia.

Las economías estancadas de Honduras y El Salvador atrapan a las familias en la pobreza. En Honduras, casi el 80 por ciento del país vive en la pobreza, y se estima que el 56 por ciento vive en la pobreza extrema, definida como la supervivencia con menos de $1 por día. Como una importante defensora de los derechos humanos reportó en Honduras: “La gente no tiene trabajo y se está muriendo de hambre.” En El Salvador, un tercio del país vive en la pobreza, y este asombroso nivel de pobreza prácticamente no ha cambiado desde que el país obtuvo la designación de TPS.

Las remesas representan el 17 por ciento del PIB de Honduras y el 20 por ciento del PIB salvadoreño. En El Salvador, el 17 por ciento de los hogares reciben remesas. En estos hogares salvadoreños, las remesas representan el 30 por ciento del ingreso familiar. Las remesas de los beneficiarios de TPS son una línea de vida crítica para las familias pobres y la economía nacional.

Después de pasar docenas de horas documentando las condiciones en Centroamérica, la delegación confirma que la deportación de decenas de miles de beneficiarios/as del TPS devastaría Honduras y El Salvador. Estos países no tienen la infraestructura, y mucho menos el empleo y la vivienda, para recibir a los/las Tepesianos/as.

Las observaciones de la delegación concuerdan con lo que las autoridades estadounidense, tanto los republicanos como los demócratas, han encontrado en numerosas ocasiones: que Honduras y El Salvador sufren de economías estancadas, la inseguridad alimentaria, las violencia extrema de maras y pandillas, la violencia de género e infraestructura débil – todo esto en conjunto hace que estos países sean inseguros para los/las Tepesianos/as. A la luz de estas condiciones inestables, TPS ofrece refugio seguro para los/las hondureños/as y los/las salvadoreños/as en los Estados Unidos. Sin embargo, en una abrupta desviación de estos hallazgos, la Administración Trump anunció recientemente la cancelación del TPS de los/las hondureños/as y los/las salvadoreños/as. Tal como está, el TPS está programado para terminar para los/las salvadoreños/as el 9 de septiembre de 2019; y para los/las hondureños/as el 5 de enero de 2020.

La delegación pronto publicará un informe completo que detallará las condiciones que las familias beneficiarias de TPS y sus hijos/as enfrentarían si la Administración Trump los expulsa a Centroamérica. Información adicional sobre la demanda federal presentada por el Comité de Abogados y Centro Presente está disponible aquí: http://lawyerscom.org/wp-content/uploads/2018/05/Amended- Complaint-As-Filed.pdf.

 

*** Establecido en 1981, Centro Presente es una organización latinoamericana impulsado por sus miembros inmigrantes y dedicada a la autodeterminación y la autosuficiencia de la comunidad inmigrante Latinoamericana en Massachusetts. Operado y dirigido principalmente por inmigrantes de América Central, Centro Presente lucha por los derechos de los/las inmigrantes y por la justicia económica y social. A través de la integración de la movilización comunitaria, el desarrollo de liderazgo y los servicios básicos, Centro Presente se esfuerza por darle a sus miembros voz y para construir poder comunitario.

Alianza Américas es una red de organizaciones de inmigrantes de América Latina y el Caribe en los Estados Unidos. Es la única organización nacional en los Estados Unidos que tiene sus raíces en las comunidades de inmigrantes latinos y que trabaja tanto a nivel nacional como transnacional para crear una sociedad de manera inclusiva, equitativa y sostenible. Alianza Américas combina sus raíces en la comunidad y la experiencia transnacional altamente respetada con su política de promoción y trabajo para proteger la dignidad y promover el bienestar de todas las personas en todo el continente americano. Sus 45 miembros representan más de 100.000 familias en 12 estados en los Estados Unidos. Alianza Américas trabaja con socios de la sociedad civil, agencias gubernamentales, comunidades de fe, y el trabajo organizado para dar forma e influir en las políticas públicas que promuevan la justicia social, política y económica en el continente americano.

El Comité de Abogados para los Derechos Civiles y la Justicia Económica protege y promueve los derechos de los inmigrantes y las personas de color. Luchamos contra la discriminación y nos dedicamos a la acción legal, la educación, y la política pública en colaboración con organizaciones comunitarias. El Comité de Abogados y nuestros aliados en la comunidad inmigrante presentaron las primeras demandas en el país contra la Administración Trump para proteger las ciudades santuario; para salvar el TPS en nombre de los salvadoreños y hondureños; y para bloquear las detenciones de inmigración en los tribunales norteamericanos.

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