El costo humano de la política de externalización de la frontera de los EE. UU.

15 de octubre de 2019 De acuerdo a cifras oficiales, el número de personas aprehendidas en la frontera Sur de Estados Unidos (EE. UU) está a la baja. Alrededor de 52.500 personas fueron detenidas en el mes de septiembre de 2019, número inferior al del mes anterior, por cuarto mes consecutivo. Algunos creen que la reducción es reflejo del éxito de las políticas de la administración Trump, otros argumentan que la reducción en los números es consecuencia del ciclo migratorio al norte, que sube hacia mediados del año y baja hacia finales del año.

La semana terminó con la renuncia del director encargado del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) Kevin McAleenan, que se había convertido en una figura presente casi todas las semanas en el norte de Centroamérica. Bajo esta administración, DHS se ha concentrado en el control migratorio, dejando en un segundo plano otras tareas de seguridad interior, tales como el control a organizaciones armadas y violentas, incluyendo los grupos de supremacistas blancos, que sólo recientemente fueron reconocidos como una amenaza. Sin embargo, resulta interesante notar que la semana empezó con una conferencia en Georgetown University donde el secretario McAleenan era el orador principal, quien debió retirarse de la sala por las protestas, que le impidieron tomar la palabra. Su presentación fue subida al sitio web de DHS y refleja como Estados Unidos reconoce que la reducción de los flujos se debe a lo que denomina “asociaciones internacionales”, refiriéndose a México, Guatemala, Honduras y El Salvador, y específicamente a los 25,000 hombres de la Guardia Nacional de México, a funcionarios estadounidenses que apoyan al gobierno de Guatemala en las operaciones fronterizas, a la recientemente creada patrulla fronteriza en El Salvador, y a los acuerdos bilaterales sobre asilo con Guatemala, El Salvador y Honduras.

A la par con la represión de la migración, durante la semana en Honduras el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Médicos sin Fronteras (MSF) discutían sobre el impacto de la violencia en la salud mental de los hondureños. El impacto de políticas crueles e inhumanas, que han ignorado las necesidades de protección, se puede contabilizar no sólo en los muertos y desaparecidos, sino también en la salud mental de la población afectada por las políticas que busca detener los flujos a pesar de las personas y sus necesidades de protección.

Atrapadas en ambas fronteras de México

La desesperación de las personas migrantes y solicitantes de asilo que han quedado varadas en las fronteras de México ante el plan de contención de la migración los ha orillado a tomar acciones de protesta por la falta de respuestas a sus demandas de protección de derechos y protección  internacional, tanto del gobierno mexicano como de la administración Trump en los EE. UU..

En la frontera sur de México, Tapachula ha sido escenario de enfrentamientos de entre la población africana y personal del Instituto Nacional de Migración (INM). La demanda constante es la entrega de documentos que les permita seguir su camino al norte. Ante el bloqueo que lleva meses, la madrugada el sábado 12 de octubre una caravana de al menos 2 mil personas, la mayoría africanas, salieron desde el centro de la ciudad con el objetivo de llegar a la frontera norte; sin embargo, el grupo fue detenido horas después por elementos de la Guardia Nacional y del INM. Un día antes, se reportó la muerte de dos personas camerunesas en un naufragio a consecuencia del bloqueo de las autoridades mexicanas. Siempre en el sur, en Tenosique, Tabasco, el Hogar-Refugio La72 denunció un alarmante incremento de la violencia contra migrantes, incluyendo secuestros, y un acto de intimidación contra su personal.

En la frontera norte, se presentó uno de los últimos incidentes de tensión de las personas migrantes en México. Los personas afectadas por la política MPP, que han esperado por meses en territorio mexicano, decidieron bloquear el puente fronterizo de Tamaulipas-Texas bloqueando el tránsito de camiones y la garita del cruce de personas para exigir una respuesta a sus solicitudes de asilo. 

Ambas fronteras son una olla de presión y no se vislumbra una solución a corto plazo. Las demandas de las personas por parte de los Gobiernos que han hecho caso omiso a los impactos en costos humanos y a las necesidades de las personas. 

Sin salud, sin libertad

En México, la negligencia y la falta de asistencia médica pueden estar vinculados a la muerte de cuatro personas en custodia del Instituto Nacional de Migración en lo que va del 2019, denuncia el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde). La organización señala que para 58 estaciones migratorias permanentes y provisionales del país, el INM sólo cuenta con 31 médicos y cinco psicólogos. Además, el personal no cuenta con protocolos o manuales para atender las emergencias médicas dentro de las estaciones, por tanto queda a discreción de los agentes la decisión de trasladar a una persona urgencias. Desde la perspectiva de derechos humanos, se requiere un proceso de reestructuración institucional que evite más muertes de personas en búsqueda de protección.