English
Español
31 de enero de 2021 – En el marco de la conmemoración de los 29 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que dieron paso a la democracia en El Salvador, Alianza Americas organizó la primera delegación virtual “Realidades y Desafíos: herramientas para la transformación de El Salvador” en la que participaron líderes de varias de las organizaciones miembro de Alianza Americas, basadas en diferentes estados de EE. UU., quienes desarrollaron un intercambio informativo con representantes de organizaciones sociales, de derechos humanos, economistas y ambientalistas para abordar las realidades y desafíos que enfrenta el país al finalizar el 2020, agravados por la pandemia de covid-19, deterioro democrático y la crisis climática.
En cuanto al panorama económico, Carmen Aída Lazo, economista y académica, compartió que El Salvador realizó en posguerra avances en distintos ámbitos que actualmente están en riesgo de retroceso. «Cuando El Salvador salía de la guerra, seis de cada 10 hogares estaban en pobreza. Previo a la pandemia, uno de cada cuatro hogares vivían en condición de pobreza. Podríamos estar en un enorme riesgo de tener los niveles de pobreza con los que cerramos el Siglo XX», señaló Lazo.
Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos y coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), contribuyó a la construcción del panorama democrático de El Salvador. «Este gobierno se caracteriza por la falta de información y la poca información que da no genera confianza. Esto tiene un impacto en la construcción de políticas públicas que deberían tener un enfoque de derechos humanos».
Tanto Lazo como Escalante coincidieron en que el actual gobierno de El Salvador se ha caracterizado por utilizar las problemáticas que no se resolvieron en el pasado, haciendo uso de ello para mover las emociones de la población. «Hay una narrativa de desconocer el pasado, debemos recurrir a las evidencias, no es exclusivo de El Salvador esa narrativa negativa», comentó Lazo.
En el análisis del impacto del cambio climático y justicia ambiental en El Salvador, la defensora de derechos humanos, Celia Medrano, compartió casos que ejemplifican la lucha desde sociedad civil ante el estado salvadoreño en materia de deterioro de los recursos naturales. «Hay tres factores comunes: familias pudientes con poder económico y político tomando decisiones a su beneficio y en detrimento del medio ambiente y del bienestar de la mayoría de la población; las influencias que tienen estas familias en las decisiones de entidades del Estado cuyo mandato es proteger el medio ambiente y proteger a la población de este tipo de abusos; y que el destino de estos proyectos de construcción que afectan el medioambiente no es para favorecer a familias pobres, si no para el uso de familias con alto poder adquisitivo».
Cleotilde Guevara, luchadora social por los derechos humanos de las mujeres en El Salvador, señaló que alrededor del 87 % de la población vive en condiciones de vulnerabilidad ambiental. «Las poblaciones estamos enfrentando crisis hídrica, tala de árboles, contaminación, crisis alimentaria, entre otras. En medio de estas crisis, las mujeres por su condición de cuidadoras son las que se encuentran luchando en primera línea por la protección de recursos naturales en las comunidades.» afirmó Guevara.
La delegación también compartió con mujeres organizadas en los movimientos feminista y de jóvenes, y con periodistas de investigación que ilustraron el entorno de violencia y seguridad que tanto jóvenes, mujeres y población LGBTI enfrentan en el país centroamericano. Karen Moreno, periodista de género en la Revista Gatoencerrado, explicó que la situación para las mujeres es sumamente grave a partir del machismo y misoginia que están enraizados en la sociedad salvadoreña, fundamentado también por la institucionalidad del país. Moreno afirmó que «la cuarentena domiciliar provocó un caldo de cultivo feminicida porque los agresores se vieron encerrados con sus víctimas». Wendy Morales, directora de la Asociación Azul Originario, habló sobre el alarmante panorama debido al enfoque punitivo del Estado en el tema de seguridad y justicia. «Es muy difícil entrar en este sistema que está tan permeado de corrupción, se violenta el debido proceso y el acceso a la justicia», comentó Morales ante la vulnerabilidad de jóvenes y de los mismos defensores de derechos humanos. Por su parte, Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, aseguró que se han registrado alrededor de 100 agresiones de funcionarios públicos y cuerpos uniformados hacia defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas. «Esta tendencia que el gobierno está dando a los cuerpos uniformados siguen perpetuando las heridas que siguen abiertas en El Salvador». Burgos menciona que las decisiones desde la hegemonía que aspira el gobierno son de largo impacto y que desde sociedad civil se puede tener un trabajo de exigencia de propuestas claras y que la oposición se fortalece en la diversidad de representación desde la juventud, desde grupos de defensa de derechos humanos y poblaciones diversas.
La participación de líderes de las organizaciones miembros permitió que el intercambio fuera una experiencia de actualización de datos y perspectivas de la realidad salvadoreña. “Gracias a Alianza Americas por crear este espacio virtual, muy necesario, siempre es muy refrescante e importante escuchar el análisis y la lectura de la gente en nuestros países. Eso es de lo que más me inspira y me motiva hacer mi trabajo. Aplaudo este esfuerzo”, comentó Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, de Boston, MA. “La riqueza de la delegación es el intercambio”, señaló Lariza Dugan-Cuadra, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) de San Francisco, CA. Alex Córdova, director ejecutivo de LILA Latinx LGBTQ.,en Durham, North Carolina, reflexionó sobre la necesidad de articular de forma transnacional.
