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29 de abril de 2020 — El COVID-19 no es sólo un desafío en términos de salud pública. Las medidas para contener el contagio están siendo adoptadas dentro de las facultades constitucionales y bajo estados de excepción, que en general están previstos para perturbaciones del orden público, pero no para pandemias y crisis económicas. El desafío no será sólo atender la pandemia, sino responder a una crisis de derechos humanos, y a la crisis económica que conlleva el distanciamiento físico.
En la respuesta estatal, observamos con preocupación violaciones a los derechos humanos, como resultado tanto de acciones como de omisiones. Ningún Estado estaba preparado para responder a una emergencia de esta magnitud; sin embargo, las respuestas son muestra de la debilidad del estado de derecho, la desigualdad y la inequidad y la xenofobia. La pandemia también ha revelado los rasgos autoritarios y las omisiones de algunos gobiernos que no están garantizando los derechos de su población, y que están desconociendo fallos judiciales que los protegen.
Ante estas situaciones, organismos internacionales han expresado su preocupación, insistiendo en las obligaciones de los Estados. Las redes y organizaciones de la sociedad civil han emitido pronunciamientos haciendo llamados en el mismo sentido, e insistiendo en las necesidades de protección para poblaciones que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y que están siendo impactados por la situación actual. Las violaciones a los derechos de las personas en el contexto de la respuesta a la pandemia son múltiples y complejas. A continuación, abordamos algunas de estas situaciones:
- Derecho a la salud
La falta de atención a la salud de las mujeres migrantes y refugiadas y de los trabajadores de industrias es un motivo de preocupación. Las deportaciones de personas desde Estados Unidos y México continúan, pese al aumento de los casos de personas con síntomas o enfermas con COVID-19. Las deportaciones y los retornos son una de las fuentes más importantes de contagio en México y el Norte de Centroamérica. Guatemala ha afrontado grandes presiones ante sus intentos por suspender las deportaciones, ante la evidencia de contagio. El contagio en las prisiones y cárceles es una alarma, que está siendo parcialmente atendida.
- Derecho a la alimentación
Para los 53 millones de personas pobres que viven en México sus condiciones de vulnerabilidad han aumentado, acrecentando para los pueblos originarios. Existe gran preocupación por el impacto que tendrá la crisis en Latinoamérica.
- Derecho a la vivienda
La falta de ingresos para las personas que laboran en el sector informal ya está impactando a países como Honduras, donde familias que han quedado en la indigencia. La crisis en este país se verá agravada por la contracción en el envío de las remesas.
- Derecho a la educación
El plan educativo “Estudia en casa” en México omitió considerar el acceso a internet o televisión en las zonas rurales. Situaciones similares se observan en Guatemala, Honduras y El Salvador.
- Derecho al trabajo
Es útil comparar las respuestas de los Ministerios de Trabajo ante el COVID-19. El empleo de 28 millones de personas en México está en riesgo. Además, los trabajadores esenciales no cuentan con elementos de seguridad o se encuentran en situación irregular o con estatus migratorios precarios, bajo la amenaza de ser deportados.
- Derecho a la libertad personal
En El Salvador han ocurrido más de 700 detenciones ilegales de personas que violaron la cuarentena. El gobierno de Bukele anunció su intención de desconocer el fallo de la Sala de lo Constitucional que le ordenó al gobierno suspender estas detenciones.
- Derecho a la integridad personal
En México, el personal de salud está siendo víctima de ataques por parte de la población, que los consideran una amenaza para su salud. En Honduras también se han denunciado por parte de la fuerza pública durante el toque de queda.
- Derecho a la intimidad personal
El Salvador, el gobierno emitió un decreto que autoriza a las autoridades sanitarias a ingresar a las viviendas para evaluar medidas de salud. Aunque, en la práctica, miembros de las fuerzas armadas están llevando a cabo allanamientos, sin la presencia de profesionales de la salud.
- Derecho a la información
México y El Salvador suspendieron el derecho a la información. Esto tiene un impacto importante en la información, discusión y evaluación de las medidas tomadas por el gobierno para atender la pandemia.
- Derecho a la vida
En El Salvador, ante el aumento de los homicidios durante el pasado fin de semana, el Presidente Nayib Bukele ordenó a los cuerpos de seguridad el uso de la fuerza letal.
Los retos en materia de derechos humanos eran significativos antes de la pandemia, esta situación está generando una tormenta perfecta. La sociedad civil, los medios de comunicación y los defensores de derechos humanos son imprescindibles para denunciar y detener estas violaciones.
