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22 de septiembre de 2020 — El Congreso falló y como resultado de ello aproximadamente 400,000 personas beneficiarias del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y sus familias se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y de incertidumbre acerca de su futuro. En enero de 2018, la administración Trump anunció la cancelación del TPS para personas de El Salvador, después de haber cancelado el programa en el 2017 para personas de Sudán, Nepal, Nicaragua y Haití. Honduras recibió unos cuantos meses más de prórroga para luego ser cancelado de la misma forma. El TPS es un estatus otorgado a las personas considerando situaciones de conflictos armados, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias y temporales. Muchas de las personas amparadas con TPS han vivido en los Estados Unidos por décadas, protegidas de la deportación, autorizadas para trabajar e inclusive viajar al exterior. Lamentablemente, la legislación migratoria estadounidense no incluye un programa que permite a quienes residieron en EE. UU. de manera no autorizada solicitar la residencia permanente con fundamento solamente en el tiempo de presencia en el país.
Estados Unidos es el hogar de cientos de miles de personas amparadas con TPS, sus hijas e hijos ciudadanos estadounidenses y sus familias. Más de 130,000 personas amparadas con TPS son trabajadores esenciales durante la la pandemia de covid-19. La decisión de la administración Trump de terminar el TPS impacta a 270,000 niñas y niños ciudadanos estadounidenses.
Recientemente, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictó la esperada sentencia en el caso Ramos vs Nielsen, una demanda contra la terminación del TPS por parte de la administración Trump para ciertos países, incluido El Salvador, que tiene el mayor número de personas amparadas. Un panel de tres miembros de la corte, conformado por dos jueces nombrados por los republicanos, determinó que ellos no poseían la autoridad para evaluar la constitucionalidad de la decisión del presidente Trump de terminar el TPS, aunque el fallo incluía páginas de afirmaciones racistas y xenófobas del presidente y su colaboradores cercanos, los jueces determinaron que no había evidencia específica para concluir que la terminación del TPS estaba fundada en discriminación racial o sesgos anti-inmigrantes. Esta decisión deja la puerta abierta para que el Presidente proceda con la terminación del estatus para cientos de miles de personas en los Estados Unidos. La Corte determinó que no poseían la autoridad basada en las limitaciones impuestas por las leyes migratorias de 1996 que reformaron radicalmente la legislación en Estados Unidos y que crearon la mayoría de problemas que enfrentamos hoy en día. Esas leyes fueron aprobadas por un congreso de mayoría republicana y sancionadas por el entonces presidente demócrata Bill Clinton.
Durante décadas, el Congreso ha fracasado en proteger a comunidades de inmigrantes vulnerables, permitiendo la deportación de millones de personas, separación de familias, erosión de las protecciones de asilo, incremento del encarcelamiento y criminalización de comunidades inmigrantes y las continuas limitaciones para la regularización migratoria. Ambos partidos políticos se han beneficiado de la actual situación de la migración en el país; unos que dicen estar con las comunidades inmigrantes,y el otro que las demoniza. El Congreso dió la espalda a los inmigrantes y es momento de decir YA BASTA.
El TPS no se ha terminado. Como mínimo, el TPS continuará vigente hasta marzo de 2021 para las personas ciudadanas de Nicaragua, Nepal y Sudán, y hasta noviembre de 2021 para las personas de El Salvador. Mientras tanto, no debe cundir el pánico en las comunidades; en su lugar, se deben organizar, formar lazos con organizaciones locales de confianza, consultar con abogados de inmigración de confianza para explorar la posibilidad de un estatus permanente, y asegurarse que todas las personas que puedan votar, lo hagan. Hay otros casos federales pendientes que podrían influir en estas fechas y en el resultado de una terminación del TPS.
Cada uno de estos pasos para desmantelar el TPS, anular la protección para inmigrantes y limitar el control judicial en materia migratoria es una consecuencia directa de las elecciones en los Estados Unidos. Las elecciones importan cuando se trata de escoger jueces para la Corte Suprema y otras cortes federales, cuando las agencias migratorias establecen sus prioridades, cuando se toma la decisión de a quién proteger con TPS o DACA, decisiones sobre el medio ambiente y educación, al igual que un sinfín de acciones administrativas tomadas por funcionarios elegidos en cada ciclo electoral. Las elecciones importan e impactan en la vida cotidiana de todos nosotros y es fundamental que todos los que puedan votar ejerzan ese derecho y responsabilidad para que sean escuchados.
