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1 de octubre de 2020 — Con frecuencia se habla del Estado de derecho, pero pocas personas saben su importancia en el día a día. El Estado de derecho se refiere a la coherencia interna del sistema jurídico de un país, es decir, que todas las personas, las instituciones privadas, las entidades públicas y el Estado mismo se sometan a las leyes dictadas de acuerdo al procedimiento constitucional establecido; se apliquen sin discriminación y se hagan cumplir por igual. Para ello, es necesario que se garantice la primacía de la ley, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación política, la legalidad, la no arbitrariedad y la transparencia procesal. La evolución de la realidad política en los Estados Unidos, México, El Salvador y Honduras generan gran preocupación sobre el futuro del Estado de derecho, particularmente en lo referente al debilitamiento en las instituciones democráticas y en la práctica de los derechos de las personas.
Estados Unidos afronta una crisis institucional sin precedentes. La semana pasada, el presidente Donald Trump se negó a comprometerse con una transición pacífica del poder, si perdiera la reelección el 3 de noviembre. Esta es la última declaración en sus ataques constantes contra el proceso electoral, en particular el voto por correo. Para responder a las campañas de desinformación en torno a las elecciones, Alianza Americas lanzó el sitio Elecciones 2020. La participación activa, la información y la acción ciudadana serán centrales para el bienestar de la democracia estadounidense.
Otro tema que ha resurgido es el de la violencia policial, y más específicamente, el caso de Breonna Taylor. En días recientes, un gran jurado no dictó acusación contra los agentes de la policía que participaron en el allanamiento de la vivienda de esta mujer, en el cual ella murió a consecuencia de los disparos de la policía. Paradójicamente, a la par con la decisión de no acusar a los policías, la ciudad de Louisville, Kentucky, anunció el acuerdo para indemnizar a la familia por doce millones de dólares y se comprometió a hacer algunas reformas en la policía. La impunidad en este caso reafirma la vigencia y relevancia de las movilizaciones sociales contra el racismo sistémico y refrenda las fallas de la administración de justicia.
También se observa con mucha preocupación la decisión del presidente Trump de nominar a la juez Amy Coney Barrett para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg, luego de su fallecimiento. La visión y método de análisis jurídico de la jueza Barrett son motivo de alarma para muchos que consideran que contribuirá a la erosión de los derechos de las personas. Igualmente, y desde un punto de vista procedimental, la decisión del presidente de nominar al reemplazo de la Jueza Ginsburg y de la mayoría republicana de avanzar con el proceso de confirmación a 37 días de las elecciones presidenciales, llevan a cuestionar la independencia y legitimidad de una juez que estará en el máximo tribunal de Estados Unidos administrando justicia muy pronto.
Mientras tanto, en México fracasó el esfuerzo para recolectar las firmas necesarias para llevar a cabo una consulta ciudadana para preguntar si están de acuerdo con que se lleven investigaciones penales por posibles delitos cometidos por los ex presidentes. Ante esta situación, el presidente López Obrador optó por utilizar sus facultades constitucionales y formular él mismo la solicitud al Senado. Este intento por impulsar la acción de la justicia a través de una consulta ciudadana, deja muchos interrogantes en torno al funcionamiento del Estado de derecho en el país. Si hay evidencia de la comisión de un delito debieran llevarse a cabo las investigaciones penales sin necesidad de otras acciones y sin que este tema sea politizado.
En El Salvador, los esfuerzos de la administración de justicia para ingresar a los archivos del Ejército y avanzar en la investigación del caso de la masacre de El Mozote fueron frenados. Al juez de instrucción del caso se le impidió ingresar a las instalaciones militares, por lo que dictó una resolución dando 5 días al presidente de la República y al Ministro de Defensa para que expliquen la decisión. Igualmente, en esta semana, el presidente Nayib Bukele recibió una carta de seis congresistas republicanos estadounidenses que le manifestaron su preocupación por el debilitamiento del Estado de derecho, haciendo referencia a varios incidentes. Hace un par de semanas, un grupo de congresistas demócratas estadounidenses había enviado otra carta al presidente Bukele manifestando su preocupación por los ataques contra la libertad de prensa. Ante las presiones internas e internacionales, el 24 de septiembre, el presidente convocó a una rueda de prensa para justificar la negativa a permitir que avance la investigación judicial y continuar sus ataques contra la prensa independiente y organizaciones de derechos humanos. El debilitamiento del Estado de derecho en El Salvador continúa siendo motivo de preocupación.
Finalmente, en Honduras se observa el debilitamiento del recientemente creado Tribunal de Justicia Electoral, ya que no le fue asignado el presupuesto necesario para su funcionamiento adecuado. Esta es una maniobra política del gobierno de Juan Orlando Hernández que vuelve a poner en riesgo el resultado del proceso electoral.
Las situaciones descritas refuerzan la importancia de la libertad de prensa, la vigilancia ciudadana y del ejercicio de los derechos políticos, en particular del voto. La participación ciudadana es vital para construir sociedades donde las instituciones funcionen y donde la administración de justicia otorgue a los ciudadanos, confianza en su imparcialidad y efectividad. La defensa del Estado de derecho nos corresponde a todos.
