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18 de noviembre de 2020 — Centroamérica enfrenta una profunda crisis humanitaria como consecuencia de los efectos socioeconómicos de la pandemia de covid-19 y los estragos de la temporada de huracanes. La degradación ambiental, los constantes ataques a la institucionalidad y los casos de corrupción contribuyen a agravar la situación. Este blog explora este cóctel de problemáticas en la región y el papel que podría desempeñar la política exterior estadounidense en su abordaje.
A principios del mes, Guatemala, Honduras y Nicaragua sufrieron la devastación de sus territorios en la costa Atlántica debido al paso de la tormenta tropical Eta. Las intensas lluvias produjeron deslizamientos de tierra en Guatemala, dejando poblados enteros sepultados. Las comunidades más afectadas son principalmente aquellas que históricamente han sido víctimas de la exclusión y la pobreza extrema, especialmente la población indigena y afrodescendiente. La respuesta estatal ha sido escasa y no llega a los lugares donde más se necesita. La tormenta Eta también dejó estragos en estados del sureste de México, afectados por la pobreza extrema, donde vive población indígena, lugares de tránsito y de espera para migrantes y solicitantes de asilo. En Tabasco, el estado más golpeado por las inundaciones, se habilitó la estación migratoria (lugar de detención de personas migrantes) para atender a las personas damnificadas.
La situación se agrava, ya que a solo dos semanas de la tormenta, está llegando el huracán Iota que se proyecta golpee la costa norte de Nicaragua, afectando también a Honduras y El Salvador. Iota llega a mediados de noviembre cuando la temporada de huracanes debiera estar terminando. Científicos señalan que la degradación ambiental y el cambio climático está relacionado con que tengamos huracanes más destructivos. Irónicamente, los países más pobres -que menos aportan al cambio climático- son los que más sufren sus consecuencias. En El Salvador, una semana antes del paso de Eta, una fuerte tormenta provocó un deslave que cubrió a una comunidad rural. La deforestación por la industria de monocultivo y la construcción de viviendas podría tener relación con la tragedia.
A los desastres naturales se suma la corrupción y ataques contra la institucionalidad, incluso durante la pandemia. En El Salvador, la Fiscalía General junto con la recién establecida Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIES) investigan delitos de corrupción cometidos en la contratación de servicios y la compra de insumos por parte del gobierno de El Salvador en el marco de la respuesta a la pandemia, luego de la publicación de investigaciones periodísticas que alertaron sobre esta situación. El gobierno obstaculizó el trabajo de la Fiscalía mediante la designación de agentes de operaciones especiales de Policía Nacional Civil que impidieron que se llevarán a cabo los allanamientos ordenados. Preocupa la instrumentalización de una Policía nacida como fruto de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil (1980-1992). En Honduras, el Centro Nacional Anticorrupción señaló que 33.1 millones de dólares fueron utilizados arbitrariamente en compras para paliar el impacto de la pandemia. La defensa del Estado de derecho, que incluye el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, es esencial para el fortalecimiento de la democracia, en países devastados por la pobreza.
Mientras la situación se agrava en Centroamérica, los cambios políticos en Estados Unidos podrían generar una oportunidad para re-establecer prioridades. En su campaña presidencial, el presidente electo, Joe Biden, presentó un plan para Centroamérica y ha delineado algunos elementos de su política exterior para Latinoamérica, que incluyen abordar tanto el cambio climático como la corrupción. Además, el 117 Congreso – que se instalará en enero- tendrá la responsabilidad de aprobar legislación que incluya asistencia económica y técnica para los desastres naturales, incluidos aquellos generados por el cambio climático; supervisar las actividades de asistencia hacia la región; condicionando la ayuda al respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, como pilares para generar relaciones constructivas entre EE. UU. y Centroamérica.
Las pérdidas humanas y materiales causadas por los vientos, inundaciones y deslaves, sumadas a la crisis económica provocada por la pandemia son el contexto perfecto para un nuevo “éxodo” centroamericano. Garantizar que los recursos públicos sean destinados a atender y disminuir las desigualdades e injusticias sociales que provocan la migración forzada es una tarea prioritaria. Como sociedad civil transnacional debemos defender la institucionalidad democrática y la ejecución de políticas públicas que respondan a las necesidades de las poblaciones directamente afectadas y en condiciones de mayor vulnerabilidad por los desastres naturales, el cambio climático y la pobreza.
