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24 de junio de 2020 — “Salvaguardar la vida de las personas es prioridad”, ha sido el discurso que replican los autoridades de la mayoría de países de Latinoamérica en la lucha contra la pandemia de Covid-19. Las distintas medidas que se tomaron en los últimos meses priorizaron el derecho a la salud por sobre otras consideraciones. Pero, al enfrentar la crisis sanitaria, los países también afrontan otros desafíos sistemáticos, entre ellos, la pandemia de la corrupción: una de las principales problemáticas que nuestros países no han podido resolver, pese a los avances democráticos e institucionales de las últimas décadas.
Ahora, ante la urgencia de dar respuesta a la pandemia, muchos gobiernos se saltaron los mecanismos de control diseñados para evitar conflictos de interés en las compras estatales, a través de declaratorias retos de emergencia. Esto se ha traducido en prácticas opacas y en posibles actos de corrupción. El más reciente Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) señala que la lucha contra la corrupción en Latinoamérica se encuentra debilitada, y que Covid-19 representa un riesgo de proliferación de gastos exentos de rendición de cuentas. A continuación señalamos algunos casos.
Comenzamos en Bolivia, donde en mayo pasado, el ministro de Salud fue destituido por un caso de sobreprecios en la compra de respiradores artificiales. Según reportes de varios medios de comunicación, el gobierno boliviano pagó más de US$27.000 por respirador cuando su precio de mercado es cercano a US$7.000 dólares. El ex funcionario se encuentra detenido mientras avanza la investigación judicial.
En El Salvador, una reciente investigación periodística del proyecto latinoamericano Salud con Lupa reveló que el Ministerio de Salud adquirió caretas protectoras a un sobreprecio de 121% por un millón de dólares a una empresa de un funcionario público. La publicación hizo que el presidente Nayib Bukele destituyera al funcionario que vendió los insumos, pero no al ministro que autorizó la compra. Días después, un periódico local reveló un nuevo caso de compras con sobrecostos, en la que está involucrado otro funcionario.
En México, una investigación de una organización de sociedad civil reveló la compra de ventiladores a una empresa propiedad de un hijo de un alto funcionario. La investigación resultó en la devolución de los equipos y la cancelación del contrato. En México, organizaciones de la sociedad civil trabajan para ejercer mecanismos de control ante actos de corrupción en el marco de la pandemia, tales como la iniciativa Susana Vigilancia.
Siempre en el tema del combate a la corrupción, resulta irónico que Estados Unidos haya incluido a Honduras y Guatemala en la lista de países que cumplen con las reglas de transparencia fiscal en cuanto al manejo de los recursos públicos y el acceso a la información pública, cuando es ampliamente conocida la historia de corrupción en ambos países. Es más irónico aún cuando en Estados Unidos, el Congreso no ha logrado ejercer control sobre el destino de recursos públicos otorgados en subsidios para pequeñas empresas en el marco de la emergencia.
La corrupción es endémica, y por ello no sorprende que esté presente en la crisis actual. Sin embargo, no podemos pemitir que la pandemia del Covid-19 se convierta en una excusa para que se propague la pandemia de la corrupción. La regulación y sistemas de transparencia y contraloría, el rol activo de la sociedad civil, y el trabajo de la prensa investigativa son tres ingredientes esenciales para tener éxito en responder a estos dos males.
