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17 de marzo de 2020 — La administración Trump llegó a su cuarto año, un momento apropiado para observar el impacto de su política migratoria. A la retórica y acciones anti-inmigrantes, que empezaron desde la campaña del presidente Trump, se han sumado decisiones judiciales adversas a los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Esta situación devela un escenario preocupante en el que se consolida el desmantelamiento de las protecciones contra solicitantes de asilo, a pesar del trabajo incansable de las organizaciones de la sociedad civil.
Protección Judicial
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictó sentencias y sostuvo audiencias sobre varios casos relativos a la migración. Hace un par de semanas, la Corte escuchó argumentos en torno a la inconstitucionalidad de la penalización de la promoción de la migración irregular, y dictó una sentencia en el caso de Hernandez v. Mesa en la que determinó que los padres de un adolescente mexicano que falleció en territorio mexicano a causa del disparo de un agente de la Guardia Fronteriza desde EE. UU. no podían demandar sin legislación específica que los autorice a hacerlo. La semana pasada, la Corte también desestimó una decisión de una Corte Federal de California que ordenó suspender los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) en California y Arizona (estados de su jurisdicción) por considerarlos ilegales por el daño que causan a las personas sometidas a ellos. Los migrantes no están encontrando la protección que necesitan en las Cortes y esta es una señal preocupante.
Mayor impacto: desmantelamiento del sistema de protección internacional
El mayor impacto de la administración Trump ha sido en el desmantelamiento del sistema de protección, particularmente el asilo y la protección contra la tortura. Esta administración se ha desvivido por crear obstáculos para el acceso a los procedimientos, por castigar y maltratar a las personas que buscan protección y por limitar las categorías de personas que merecen protección. Se están implementando nuevas iniciativas para establecer procedimientos expeditos que restringen el acceso a representación legal y mantienen a las personas privadas de libertad, y se están implementado los acuerdos de asilo que envían, contra su voluntad, a solicitantes a Guatemala, y pronto a El Salvador. Por otro lado, el fiscal general revisó una decisión de un juez de migración que otorgó protección contra la tortura a un hombre mexicano, y estableció una definición más restrictiva de tortura, minando la autoridad de los jueces de inmigración. Igualmente, un reportaje reveló que el gobierno utiliza información obtenida en sesiones de terapia obligatoria de los niños y niñas que tiene bajo su custodia, violando la confidencialidad en la relación psicólogo – paciente.
Otras medidas contra los migrantes
Consistente con este enfoque, el gobierno anunció la creación de una oficina encargada de revocar la ciudadanía estadounidense a quienes la hayan obtenido fraudulentamente dentro del Departamento de Justicia; negó el examen para la ciudadanía en Braille para personas con discapacidad visual; obtuvo respaldo judicial a su esfuerzo de restringir los fondos a los Estados que se niegan a cooperar con las autoridades migratorias; y su campaña para la reelección presidencial estaba difundiendo información engañosa sobre el Censo.
Retórica xenófoba versus realidad
La administración Trump insiste en la necesidad de más fondos para controlar la frontera y frenar la llegada de extranjeros, y ha mantenido un discurso de miedo a las deportaciones. Sin embargo, un reciente análisis de Pew Research Center indica que esta es una administración en el que la retórica xenófoba ha sido mucho más fuerte que sus acciones: la publicación concluye que no es el número más alto de ingresos en la historia del país, y tampoco lo es de arrestos y deportaciones. Pareciera que la supuesta identificación de una “crisis” y la petición de más presupuesto no se justificaban al analizar las cifras, y tampoco eran particularmente eficaces, aunque sí crearon temor entre las comunidades migrantes y alimentaron el racismo y la xenofobia entre su base de apoyo.
Es oportuno hacer análisis del impacto de la administración Trump en la vida de los migrantes en EE. UU. , en el asilo y en protección contra la tortura. Es necesario entender que el desafío no es sólo derogar o revocar reglas adoptadas recientemente, sino ampliar y redefinir las condiciones y caminos hacia la residencia definitiva; fortalecer y ampliar las protecciones internacionales incluyendo el rol de los agentes no estatales y del cambio climático en la migración forzada; y trabajar conjuntamente con todos los actores estatales y de la sociedad para combatir la xenofobia y reconocer los aportes y contribuciones de los migrantes.
