Política migratoria y de refugio en México: ¿respeto a los derechos humanos o más represión?

30 de mayo de 2019 — Alianza Americas convocó a un seminario virtual sobre la política migratoria de México el 23 de mayo de 2019, con la participación de Luis Eduardo Zavala de Alba, director de “Casa Monarca. Ayuda Humanitaria al Migrante A.B.P.”, en Monterrey, Nuevo León; Aldo Jorge Ledon Pereyra, coordinador general de “Voces Mesoamericanas” en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; y Karina Arias, consultora en migración y asilo.
A continuación encuentre un resumen de los principales elementos de la discusión:
¿En qué medida la política de López Obrador protege y garantiza los derechos humanos y cómo está respondiendo al compromiso del Pacto Mundial de Migraciones de hacer la migración segura y ordenada?
Luis Eduardo Zavala. Estamos ante una crisis humanitaria. La política está en construcción. No dudamos de la buena voluntad y de la capacidad del Comisionado del Insituto Nacional de Migración (INM). El problema es que el proceso ha sido ineficaz e ineficiente. Falta información más precisa y mayor información para quienes están en el país de manera irregular. No podemos hablar de la implementación de una política de migración y refugio en México.
Aldo Ledón. Hay mensajes positivos con el cambio de gobierno, los nombramientos son positivos no tienen una visión policíaca, lo cual generó expectativas. La Secretaría de Gobernación reconoció violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si bien hay una postura diferente, en una lógica de atención integral, de dignidad y seguridad humana. Pero era evidente que esto no iba a resultar. Hay un problema estructural. Estas personas eran las más empobrecidas de Centroamérica. La política migratoria no es un factor de interés, es algo que ha venido desarrollando. Pero seguimos con la duda. El Instituto Nacional de Migración (INM) volvió a ser represivo, la Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados (COMAR) tiene un gran rezago, se están deportando en grandes números. Se está manteniendo el mismo corte de los últimos treinta años, pero se dice que la política migratoria está en construcción.
Karina Arias. El gobierno anunció un profundo cambio de modelo, con respeto a derechos humanos e incluyente. Estas frases retoman lo que las organizaciones y migrantes han peleado por años. Pero la realidad ha sido otra. Damos pasos en el papel, pero en la práctica no se puede cambiar. Van a pasar seis años atendiendo lo coyuntural, ¿cuándo vamos a ver lo estructural? Si seguimos viendo la gestión de los flujos, no se van a trabajar otros temas del Pacto, como el acceso a los servicios.
Los cambios en los flujos masivos representan un reto importante, porque se deben identificar diferentes necesidades de protección de las personas. ¿Cuáles son los desafíos prioritarios que ustedes identifican? ¿Cómo responde México?
Luis Eduardo Zavala. La desinformación y descoordinación es evidente. La respuesta es un reto ante el aumento de flujos migratorios. México es un país de refugio, debiéramos verlo así. La COMAR no tiene presupuesto para ello. Necesitamos ver una estrategia eficaz y eficiente en el terreno. La novedad es que van a cerrar las estaciones migratorias y convertirlos en albergues. Pero no es un problema de cambio de nombre. Es un proceso largo de consolidación y profesionalización para entrenar equipos. El Estado lo ve con otros ojos, y necesita coordinar con la sociedad civil. Es una crisis humanitaria, sin respuesta humanitaria. ¿Qué datos se han colectado? Falta mucha información. Otro reto es entender cuál va a ser el programa para atender las causas de los éxodos. El gobierno tiene buenos deseos, buenos liderazgos, pero falta la coordinación con los oficiales en el terreno. No le ha cambiado la visión a los funcionarios en el terreno, que no incluyen una visión del Pacto.
Aldo Ledón. Hay que responder de manera integral, no sólo con una política asistencial. Hay que pensar en la integración, en habitar las fronteras. Se necesita articulación territorial. México tiene experiencias como la de los refugiados guatemaltecos. La pregunta es cómo pueden quedarse en estos lugares de manera digna y adecuada. Las personas migrantes deben estar sentadas en la mesa, una política migratoria de abajo hacia arriba. Y el tercer reto es un diálogo político frente a la criminalización de la migración. Tenemos las herramientas y las formas. Hay mucho que habría que retomar de esfuerzos de la sociedad civil, retomar los conceptos de seguridad humana. Más que migración económica, debemos hablar de desplazamientos forzados, e incorporar la diversidad.
Karina Arias. Las nuevas formas de migración han planteado desafíos para el gobierno y la sociedad civil. Tiene visibilidad que no tenía antes. ¿Cuándo vamos a pasar al tema de la inclusión, y hablar con las sociedades que reciben a los migrantes? Han sido retos o desafíos que México tiene hace muchos años, y ese nuevo gobierno tampoco los está viendo. La integralidad y la transversalidad no están presentes. No es sólo un tema del INM, sino de todo el Estado. Cuando esas condiciones se cumplan, podremos hablar de una nueva política migratoria.
¿Qué están viendo en terreno cómo una buena práctica? ¿Cómo está la articulación entre lo federal, estatal y local?
Luis Eduardo Zavala. Hay buena práctica entre la sociedad civil. El gobernador de Coahuila dijo que no permitirá una nueva caravana, desconociendo sus competencias. Otra es la mirada en Nuevo León donde se suscribió un Convenio entre instituciones que defienden a personas migrantes con el Estado de Nuevo León. Pueden llegar a los operativos, para ofrecer información sobre el proceso de asilo a las personas extranjeras. Esa es una buena práctica. En el terreno, ACNUR abrió una oficina en Nuevo León, se abrió con cuatro oficiales y llegará a 10. Monterrey se ha vuelto una ciudad para el refugio. Las condiciones económicas del Estado son favorables para la integración económica. Los municipios han tenido que hacer un proceso de proyección, para que incluyan a los refugiados. ACNUR está trayendo 100 familias desde el sur a Monterrey, para favorecer su integración. Estamos en un momento privilegiado. Pero, falta la permanencia de una oficina de COMAR en el Estado, para facilitar la sinergia entre Estado, sociedad civil y ACNUR.
Aldo Ledón. Nuestro panorama no ha sido tan alentador. Los municipios dejaron muy poco. El Estado no está haciendo nada. La federación está actuando para la detección, detención y deportación de las personas. No hay espacio para la articulación con el Estado. Los organismos internacionales tienen mayor apertura. Vuelve la represión. Una buena práctica ha sido la articulación de la sociedad civil para dar una respuesta a la población migrante. Hemos logrado un buen trabajo. No tenemos políticas de coordinación para ofrecer una vida digna.
Karina Arias. No hay una coordinación, dependemos de la situación particular de cada lugar. Fortaleciendo las procuradurías de atención a la infancia. Cómo incluir desde eliminar las diferenciaciones según si es niño migrante o niño deportado, por ejemplo. Desde aquí se podrían empezar en las coordinaciones locales. La coordinación no es sólo operativos migratorios, también tiene que estar en otras instancias y niveles para atender a la población, no sólo para gestionar a los flujos.
Luis Eduardo Zavala. Con los retornados estamos trabajando. Los apoyamos para que tramiten su CURT, para que tramiten su acta de nacimiento y puedan obtener una identificación. Hemos tenido que extender nuestra atención a otros puntos fronterizos. Las personas retornadas son recibidas en un albergue.
Aldo Ledón. La pregunta es si es la integración subordinada o la integración liberada. Los temas sociales, la salud, las religiones, los idiomas.  Estamos trabajando en poder responder. Políticas de desarrollo humano integrales desde un punto de vista de seguridad humana.
Karina Arias. Tenemos diferentes niveles de articulación de diálogo. A nivel local, a nivel federal es más complicado. No ha habido la apertura que esperábamos. Espacios fortalecidos, como un derecho de la sociedad civil, que sirvan para impulsar las políticas. Seguimos teniendo diálogos dispersos, pero no se ha transformado en un espacio amplio, plural de participación, incluyendo a las personas migrantes.