Los defensores de las organizaciones LGBTQI han notado un aumento alarmante de crímenes de odio contra esta población en El Salvador.

19 de noviembre de 2019 — Los eventos de los últimos días resaltan el impacto nocivo de la impunidad en los casos de violencia de género, un factor que expulsa a las mujeres, a las niñas y a sus familias. En El Salvador, la justicia falló a favor de un juzgador acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años, residente en un barrio obrero de San Salvador. Una Cámara de lo Penal concluyó que el magistrado Eduardo Jaime Escalante cometió, al tocar a la niña en sus genitales, una falta y no un delito porque este tocamiento fue breve, sobre la ropa, y ocurrió en un lugar público. El periódico El Faro reveló que la niña y su familia huyeron del país en julio. La familia hizo un primer intento, pero fue detenida y deportada. A los pocos días volvieron a salir del país porque fueron objeto de amenazas por haber denunciado los hechos. Este caso refleja la desprotección de las víctimas de violencia de género y los riesgos que asumen quienes deciden denunciar y buscan justicia.

También en El Salvador se reporta un alarmante incremento de crímenes de odio contra la población LGBTI. En las últimas semanas, cuatro personas LGBT fueron asesinadas, tres de ellas mujeres trans. Dos de los crímenes ocurrieron durante el fin de semana recién pasado. Según la organización COMCAVIS TRANS, desde enero de 2018 a septiembre pasado se registran al menos 151 casos de desplazamiento forzado de población LGBT. A esto se suma la histórica impunidad a los crímenes de odio en El Salvador. Organizaciones de derechos humanos reclaman que este incremento se da al mismo tiempo de que el actual gobierno haya desmantelado una oficina dedicada a la promoción de políticas públicas en favor de esta población

Mientras tanto, regionalmente, las cifras de deportaciones son alarmantes, y demuestran que a más de un año de las “caravanas” de solicitantes de asilo que salieron del norte de Centroamérica, continúan sin existir políticas públicas para recibir a las personas deportadas y atender las razones por las cuales salieron del país, con lo cual muchas de estas personas volverán a migrar. En Honduras, el número de personas deportadas está alcanzando las 100 mil en 2019. Un 60% de ellas han sido deportadas desde México, y 21 mil son menores de edad. El número de ciudadanos guatemaltecos deportados en 2019 es similar al de 2018: 47 mil personas. En 2019, han sido deportadas de México 42 mil guatemaltecos, una cifra superior en 4 mil personas a las del año anterior.

La administración Trump sigue su campaña permanente anti-migrante

El 12 de noviembre, en la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. tuvo lugar la audiencia de la demanda que cuestiona las motivaciones de la administración Trump para poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que benefició a 765,000 jóvenes migrantes en situación irregular posponiendo su orden de deportación y otorgándoles un permiso de trabajo. La audiencia reflejó la división al interior de la Corte, y la preocupación por decidir el caso, considerando las expectativas que los beneficiarios, las instituciones educativas y las compañías tenían en que el programa sería una transición hacia un estatus permanente. Preocupado por el impacto que tendrá la decisión en un grupo de migrantes, que es visto con simpatía por la opinión pública, la administración emitió un reporte que enfatiza el número de personas a quienes les negaron el beneficio o les fue revocado por ser arrestadas. Además de ser cifras menores, es un argumento simplista que omite considerar que estas personas crecieron en Estados Unidos, y que invita una vez más a cuestionar la idea de revocar estatus migratorios por haber sido arrestado o haber cometido delitos.

A la par, continúan pendientes los litigios contra la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la información que continúa emergiendo confirma que el gobierno ignoró la información del Departamento de Estado y que buscó la forma de que coincidiera con el calendario electoral, con la expectativa de beneficiarse de ello.

Asimismo, el año fiscal en EE. UU. termina con la monstruosa cifra de 69.550 niñas y niños migrantes detenidos, un aumento del 42% con relación al año fiscal anterior. El trauma causado por la separación de los padres apenas empieza a ser discutido, pero refuerza la importancia de garantizar el derecho a la protección de la familia, que incluye la unidad familiar.

Erosión constante de protección humanitaria deja en riesgo a personas centroamericanas y mexicanas

Publicaciones en medios revelan que ante el aumento de las solicitudes de asilo de nacionales de México en EE.UU., la administración Trump ha puesto en marcha el Proceso de Consideración de Asilo Humanitario (Humanitarian Asylum Review Process, HARP) mediante el cual se procesan y deciden las peticiones de asilo en 10 días. El aumento de los solicitantes de asilo mexicanos refleja el empeoramiento de las condiciones de seguridad en México. De acuerdo con un estudio reciente, 21,398 personas que esperan respuesta de asilo en 11 ciudades fronterizas con EE. UU. y de estas el 52 % son de nacionalidad mexicana. También, se han disparado las alertas sobre el riesgo mortal al que están siendo enviados solicitantes de asilo de Estados Unidos al ser devueltos a México, donde son vulnerables al crimen organizado. Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil en México reclaman al gobierno de Manuel López Obrador una pronta respuesta a las más de 60 mil personas que han solicitado asilo en el país, así como se le concedió la protección humanitaria al expresidente de Bolivia Evo Morales.