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El secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo sostuvo encuentros con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y con el canciller mexicano Marcelo Ebrard el domingo 21 de julio. Fotos: cuenta de Twitter @SecPompeo.
23 de julio de 2019 — En la misma semana en la que Estados Unidos anunció y comenzó a aplicar una nueva regla que cierra la puerta a solicitantes de asilo en la frontera sur del país, los gobiernos de Guatemala, México y El Salvador recibieron en su territorio a altos funcionarios de la administración Trump. Las reuniones fueron divulgadas con mensajes de satisfacción de EE. UU. por el avance en el cumplimiento de acuerdos para reducir la migración hacia el Norte, y con expectativas de financiamiento y cooperación internacional en diferentes temas.
La regla, que restringe y prácticamente niega el derecho de asilo a personas de Centroamérica o que transitan por el corredor México-Centroamérica, tendrá un grave impacto a la región. Sin embargo, los gobiernos de México y Centroamérica parecen no dimensionar las consecuencias. Aunque han emitido pronunciamientos, ninguna reacción da cuenta de medidas que impulsarán para responder al incremento en las solicitudes de asilo en sus países producto de la nueva política de EE. UU.
El mismo día en que se anunció la regla, funcionarios de la administración Trump viajaron a Guatemala para acordar acciones bilaterales en torno al control migratorio. El viernes, el secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard viajó a El Salvador para lanzar el programa “Sembrando Vida”, que forma parte de un plan de desarrollo integral que promete generar 20 mil empleos. El domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo se reunió con el secretario Ebrard en México. En la reunión se abordaron los avances en el cumplimiento de los acuerdos entre los dos países, en torno al rol de México para frenar el flujo migratorio y las expectativas de este país en la revisión de aránceles a productos mexicanos. El mismo día, el secretario Pompeo siguió su gira en El Salvador donde realizó una corta visita al presidente Nayib Bukele. En el encuentro, EE. UU. y El Salvador reiteraron su intención de mantener una relación cercana para impulsar la cooperación en diferentes temas, tales como la reducción de la migración, creación de empleos, y la lucha contra el narcotráfico.
Estas visitas denotan el afán de los gobiernos de Guatemala, El Salvador y México por confirmar que están cumpliendo los acuerdos para reducir la salida y el tránsito de migrantes por su territorio de acuerdo a las exigencias de Estados Unidos, y que tienen expectativas de recibir concesiones a cambio de ello. En el caso de Guatemala es importante notar la insistencia del gobierno de Jimmy Morales por profundizar la cooperación con EE. UU, pese a la decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que le impidió suscribir el acuerdo “Tercer País Seguro”, con el que EE. UU. ha intentado frenar el flujo desde Centroamérica, y que también ha buscado suscribir con México.
No obstante, los acuerdos de país seguro pasaron a un segundo lugar, con la medida unilateral del gobierno de EE. UU. La nación que dice ser la más fuerte resolvió unilateralmente exportar la crisis humanitaria a naciones más débiles. Hay que tener presente que por ahora esta regla se está aplicando sólo en un punto de ingreso en la frontera sur de EE. UU., y que, producto de demandas interpuestas poco tiempo después de su anuncio, podría ser suspendida producto de una decisión judicial.
Mientras esto ocurría, las personas en tránsito hacia Estados Unidos para pedir asilo buscaban entender el significado de la nueva regla. Las organizaciones de la sociedad civil estamos llamadas a defender el derecho de las personas a buscar protección en el lugar donde se sientan seguras e insistir en atender las causas que las obligan a abandonar de manera forzada su lugar de residencia.
El cumplimiento de México se traduce en vulneración de derechos
Tras la reunión con Pompeo, el canciller mexicano Ebrard celebró que EE. UU. reconozca “avances significativos” en el acuerdo entre ambos países para frenar la migración. Sin embargo, desde la puesta en marcha del plan de contención por parte del Gobierno Federal, se han denunciado múltiples incidentes de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
La situación en los centros de detención sigue siendo preocupante. El 16 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el INM violó los derechos de seis personas detenidas en una estación migratoria de San Luis Potosí, cuatro de estas menores de edad, y dos de las cuales fueron víctimas de violación sexual. Un día después, el mismo organismo anunció que inició una investigación tras recibir dos denuncias, una por hacinamiento y otra por la muerte de una persona salvadoreña, en las instalaciones del INM en Monterrey, Nuevo León. Estas condiciones se replican a lo largo de las instalaciones del INM, que no están habilitadas para la detención de personas durante varios días.
Además, a través de distintos operativos policiales, se ha evidenciado el incremento de la operación de redes de tráfico de migrantes en el país. La semana pasada, en intervenciones a tres camiones de carga, se rescataron 378 personas, de estas 87 eran menores de edad, que viajaban en condiciones inhumanas. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), la migración infantil ha crecido 132% en el primer trimestre del año. La militarización del control migratorio y la ausencia de opciones para el tránsito autorizado por México se traduce en el aumento del tráfico de migrantes y de la utilización de medios de transporte inseguros, pero no logra frenar la migración.
Ya no cabe duda que la presión de los Estados Unidos y la respuesta de los países centroamericanos y México por ceder y cambiar sus políticas frente al tránsito de personas está generando violaciones a los derechos humanos. La expectativa por obtener ventajas comerciales y cooperación a cambio de políticas que frenen los flujos de personas por la región, involucrará la responsabilidad de los Estados por las violaciones a los derechos a la vida, a la seguridad personal, a la libertad personal y al derecho al asilo. Urge una respuesta humana que atienda los factores que generan los éxodos y ofrezca protección a las personas en el tránsito.
