México, ¿Tercer País seguro?

Introducción
Durante los últimos meses, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha mantenido conversaciones con la administración de Donald Trump encaminadas a la suscripción de un acuerdo para convertir a México en “Tercer País Seguro”. Aunque las negociaciones se han realizado de forma opaca, las organizaciones de sociedad civil en México ya están alertas por las consecuencias que podrían enfrentar las personas que buscan protección en Estados Unidos, principalmente ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, países afectados por la extrema violencia. Aunque también hay un flujo importante de personas que viajan desde Sur América rumbo a Estados Unidos.
En esencia, con el acuerdo se busca fortalecer el papel de México como filtro migratorio; haciendo que las solicitudes de asilo de personas que transitan por territorio mexicano sean rechazadas en Estados Unidos. La única posibilidad sería solicitar asilo en México pues ya se consideraría como un país seguro donde puede obtener protección.

Ante este oscuro panorama, Alianza Américas organizó un seminario virtual, el pasado 12 de septiembre, en el que se contó con el análisis de:

• Susan Gzesh, directora del Centro Pozen de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago.
• Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)
• Alessio Mirra, fue director de la Casa Del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia) A.C y actualmente trabaja como consultor independiente

Desarrollo del panel
En 2004, Canadá y Estados Unidos firmaron el Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA) para frenar la migración hacia el norte. El convenio impide a las personas solicitar asilo en un país viniendo del otro y ha sido criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos y de defensa de los refugiados.

Sin embargo, el acuerdo que solo aplica en los puntos de ingreso de la frontera terrestre y en los aeropuertos para personas que solicitaron asilo en Estados Unidos y les fue negado y están en tránsito luego de ser deportadas, conlleva que las personas provenientes de Estados Unidos no puedan pedir asilo en Canadá. El acuerdo ocasionó que cientos de personas comenzaran la larga travesía para entrar por puntos no oficiales en las provincias del este canadiense. El acuerdo establece excepciones para las personas que tengan familiares refugiados en Canadá, bajo el principio de reunificación familiar, y los menores no acompañados.

¿Qué significa que México sea un Tercer País Seguro?
Susan Gzesh, directora del Centro Pozen de Derechos Humanos en la Universidad de Chicago, reiteró que Estados Unidos y México aún no suscriben el acuerdo bajo el cual la nación mexicana se erigiría como barrera en el flujo migratorio de centroamericanos hacia América del Norte.

Para que México, según Gzesh, sea considerado un Tercer País Seguro para solicitantes de asilo, las personas tendrían que tener la posibilidad de representación legal y el acceso eficaz a la información pertinente sobre una solicitud de asilo. ACNUR habla de al menos garantizar los derechos a salud, acceso a educación y empleo para cualquier refugiado o asilado en territorio mexicano.
La realidad en la frontera norte mexicana describe la llegada masiva de centroamericanos provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras vía terrestre, ahora con presencia de personas de Venezuela y Nicaragua que huyen de la crisis que se vive actualmente en estos países. Gzesh señala que los haitianos que llegan, en su mayoría al estado de Baja California (México), no podrían solicitar asilo en Estados Unidos porque serían rechazados según el acuerdo.
Según Gzesh, en 2017 fueron detenidos en territorio mexicano 81,000 personas provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala; y únicamente 8,556 solicitaron asilo. Lo anterior es una evidencia de que no todas las personas tienen acceso a la información sobre cómo solicitar protección en México.

Para Gzesh, este tipo de acuerdo no tienen ninguna base en el derecho internacional de los refugiados. Es fundamental garantizar que ninguna persona sufra de persecución por su estatus migratorio.

Alessio Mirra, director de la Casa del Migrante de Saltillo, afirmó que México es el mayor corredor del flujo migratorio hacia Estados Unidos. Un acuerdo como el que se discute, según Mirra, fortalece la maquinaria implementada en la frontera sur de México, tanto de manera política como legal, mediante la utilización de recursos humanos y económicos para impedir el ingreso de personas extranjeras. “El acuerdo se vuelve en la forma políticamente correcta de disminuir la entrada de migrantes a EEUU. Sin duda declarar a México como Tercer País Seguro es algo meramente político”, aseguró.

“México no cuenta con herramientas suficientes para procesar las solicitudes de refugio y asilo que desde ya se presentan, mucho menos podría gestionar para todos aquellos que buscan protección en territorio estadounidense”, añadió Mirra.
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), aseguró que para suscribir ese acuerdo, México debería de ampliar su sistema de protección a solicitantes de asilo y refugio. Sin embargo, recordó que el país no ofrece condiciones de seguridad para estas personas “ni para muchos mexicanos en muchas zonas del país”, dijo. Lo mismo opinió Alessio Mirra: “No hay garantía de derechos humanos en México”.

Kuhner también recordó que desde el siglo XIX, Estados Unidos ha tratado de fortalecer su presencia en México, como lo hizo con el posicionamiento de la Patrulla Fronteriza en 1880 con el fin de bloquear el ingreso de chinos a Estados Unidos.

Kuhner afirma que ahora, Estados Unidos considera a México como filtro de las personas centroamericanas, a quienes las cataloga como “no deseadas”.

¿Cuáles serían los impactos para México si suscribe el acuerdo?
Si firma el acuerdo, el sistema de protección de México no podría garantizar seguridad a las personas que buscan asilo en los Estados Unidos, y que hayan pasado primero por territorio mexicano, coincidieron los panelistas.
México tiene una frontera vertical que abarca 52 estaciones migratorias y de estas, según Gretchen Kuhner, tres cuartas partes de las oficinas trabajan con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), instancia encargada de recibir y adjudicar solicitudes de asilo.

Para Kuhner, la posición de la sociedad civil y defensores de derechos humanos en México ante este acuerdo es complicada, porque por un lado “todos queremos que México amplíe su sistema de protección”, sin embargo, “no queremos que se firme porque es un acuerdo político que fortalece el papel de México como filtro hacia Estados Unidos”, dice.

La abogada mencionó que alrededor del 90 % de las personas detenidas en territorio mexicano son deportadas a los pocos días de haber ingresado. A pesar de ese porcentaje, 200,000 centroamericanos buscan vivir en México de una u otra forma, afirmó.

Kuhner aseguró que las personas que tienen familiares ya asilados en México tienen mayores oportunidades de ser acogidos. “Si tú llegas a la frontera y tienes un familiar con estatus permanente o una solicitud de asilo presentada tienes mayor probabilidad de obtenerlo”, enunció la abogada.

Por su parte, Susan Gzesh aseguró que México debe apostar por un sistema de protección complementaria. “Un sistema que pretende adjudicar solicitudes individuales es ineficiente”, comentó. Gzesh dijo que una medida bastante humanitaria como la apertura de fronteras para refugiados, así como lo hizo Alemania entre 2016 y 2017, sería conveniente si se vigila detenidamente.
Por su parte, Mirra opinó que según tratados internacionales, este acuerdo sería “totalmente ilegal”.

¿Cuáles serían los impactos en Centroamérica?
Sin duda, las personas de Guatemala, El Salvador y Honduras que son obligadas a huir de sus países debido a la violencia que sufren estos países serían los principales afectados si se firma el acuerdo “Tercer País Seguro” entre los gobiernos mexicano y estadounidense, coincidieron los tres panelistas.

Si se hiciera un análisis de las personas que llegan al territorio mexicano, se observaría que en su mayoría son candidatas a protección. La población centroamericana proviene de Estados semi fallidos y de ambientes violadores de derechos humanos, sostuvieron.

Alessio Mirra afirmó que México ya es un país de destino, aún considerando que no es un “safe heaven” ni para los ciudadanos mexicanos. Mirra mencionó que el “99.8% de víctimas de delitos siguen sin recibir procesos de justicia, dejando todos los casos en impunidad”.

Además, el nuevo gobierno en México no ha entablado reuniones de diálogo con los países centroamericanos, y desde Estados Unidos se han movilizado políticas a desarrollar en los países de origen con el fin de implementar medidas que disminuyan la migración irregular, añadió Mirra.

¿Y si México no firma el acuerdo?
Según Gzesh, si México no firma el acuerdo que lo posicionaría como Tercer País Seguro, habrían consecuencias en las relación comercial, específicamente en Tratado de Libre Comercio.

“Hay más unidad en cuanto a temas de represión en la administración Trump que a nivel doméstico”, sostuvo Gretchen Kuhner.

¿Qué podemos hacer las organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos?
“Las organizaciones deben estar en permanente monitoreo. Deben estar atentas a las políticas que se van a implementar, y empezar a poner candados a las medidas de protección. Desde ya se puede pensar desde las organizaciones a armar una estrategia de litigio”, opinó Alessio Mirra.

Kuhner, por su parte, sugirió que las organizaciones deben posicionarse ante el gobierno de transición en México en defensa de las personas que buscan protección.