México se consolida como el muro de Trump: reprime e impide el paso de centroamericanos

Operativo de contención de la “caravana” migrante por parte de la Guardia Nacional, en el sur de México. Foto cortesía de Benjamín Alfaro.

24 de enero de 2020 — Los hechos registrados durante la última semana en el sur de México han dejado en evidencia que el muro que imaginó el presidente Trump para contener los flujos migratorios no está en la frontera sur de Estados Unidos y no es una pared de contención: es la Guardia Nacional mexicana, apoyada por autoridades en centroamericanas que emplean la fuerza de manera desproporcionada contra las personas migrantes y refugiadas.

 

El gobierno de López Obrador, que en un inicio prometió un enfoque humano para la migración, ha detenido a cientos de personas centroamericanas que intenta ingresar y transitar por México en grupo, en las mal llamadas “caravanas” rumbo a Estados Unidos. El jueves 23, los enfrentamientos y el uso de la fuerza subieron de nivel. Agentes de la Guardia Nacional, Marina y Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración conformaron operativos especiales para contener a las personas con gases lacrimógenos, uso de escudos, persecuciones y retenes en los puntos fronterizos en los Estados de Tabasco y Chiapas para frenar el avance del grupo. Ante la represión, las personas regresaron al lado guatemalteco de la frontera y aplazaron el cruce.

 

A pesar de las imágenes difundidas por medios de comunicación que evidencian la represión, el gobierno asegura que da la bienvenida a las personas migrantes que quieran ingresar y quedarse en México siempre y cuando su ingreso sea bajo una “migración segura y ordenada”. Las personas que conforman este éxodo que confiaron en el gobierno mexicano ya están siendo deportadas a sus países de origen. Este ha sido el caso de las personas que llegaron a la frontera sur el sábado 19, a quienes el gobierno les ofreció transporte para llevarlos  a un lugar “seguro”, pero en realidad los llevó a un centro de detención para luego deportarlos, según reportó El Faro.

 

Tanto Cancillería como la Secretaría de Gobernación aseguran que México no dará salvoconductos para facilitar el tránsito a EE. UU. El colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste mexicano ha denunciado la ausencia de medidas humanitarias efectivas, falta de identificación de personas con perfiles para solicitar asilo, separación familiar, falta al debido proceso  y detención migratoria.

 

Lo cierto es que ante este nuevo capítulo del éxodo centroamericano, México ha consumado su política migratoria de contener y deportar a todas a personas que buscan ingresar a territorio nacional de manera irregular, criminalizando no solo la migración, sino la pobreza y las causas estructurales que fuerzan a las personas a huir de sus países. A cambio, el gobierno de López Obrador recibió elogios y felicitaciones por parte de la administración Trump.

 

Desde Alianza Americas, nos unimos a organizaciones y redes de migrantes en México en el rechazo a las acciones de las autoridades mexicanas para contener y reprimir el éxodo, y exigimos el respeto a la vida e integridad personal de las personas migrantes, que se les garantice el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, y el derecho de asilo. También, como miembros de  la Red de Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM), condenamos las amenazas contra el padre Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante Guatemala y su equipo de trabajo, y las limitaciones al libre tránsito y las restricciones al derecho de asilo en la región.

 

El gobierno mexicano impide que defensores de derechos monitoreen centros de detención de migrantes

Los centros de detención en México han sido monitoreados durante años por organizaciones de sociedad civil para observar y documentar las condiciones de detención y el acceso a derechos de las personas migrantes. Un retroceso importante que se ha evidenciado en los últimos meses por parte del Instituto Nacional de Migración es desconocer los permisos de entrada a las organizaciones de sociedad civil e impedirles el ingreso a los centros de detención. Esta decisión coarta el trabajo de los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes, quienes en su mayoría no cuentan con información sobre su proceso migratorio. Organizaciones como el Centro Fray Matías de Córdova y Asylum Access México denunciaron que se les impidió el ingreso y que no han podido cumplir su trabajo de acompañamiento jurídico, psicosocial y humanitario.

 

Nuevos flujos migratorios visibilizan retroceso democrático en Centroamérica 

Desde la segunda semana de enero, alrededor de 3,500 personas centroamericanas, en su mayoría provenientes de Honduras y también de El Salvador formaron las primeras autodenominadas “caravanas” del 2020, con un perfil similar al observado en el éxodo centroamericano de 2018 y 2019. Grupos familiares completos, hombres y mujeres jóvenes en algunos casos acompañados de niños y niñas huyen de violaciones a sus derechos, de la desprotección de sus estados, en búsqueda de una vida digna.

 

Las causas de estos flujos migratorios no han sido atendidas y más bien se han agravado a lo largo de los años:

 

En Honduras, Transparencia Internacional presentó el Índice de Percepción de Corrupción en el país, que demuestra un deterioro en la confianza de los ciudadanos en el liderazgo y en las instituciones políticas, que no muestran un compromiso para combatir y castigar la corrupción, el uso responsable de recursos públicos y la transparencia. Todo esto después del anuncio de la no renovación a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) por parte del gobierno. Además, Honduras registró al menos 4,000 homicidios  y 70 masacres durante el 2019. Otro de los factores de expulsión es la pobreza. Se estima que de 65 a 67 % de la población vive en la pobreza.

 

El Salvador también retrocedió en el índice de Transparencia Internacional, debido a casos de corrupción conocidos recientemente y a la negativa del actual gobierno a transparentar información solicitada por la ciudadanía. En cuanto a seguridad, el gobierno ejecuta el denominado “Plan Control Territorial”, caracterizado por una fuerte militarización de la seguridad pública. Aunque el gobierno celebra días sin reporte de homicidios, los índices de muertes violentas aún son preocupantes en 2020. Por otro lado, la situación de acceso a empleo digno y con una remuneración suficiente para cubrir con la canasta básica es preocupante. Se estima que se requeriría que el salario mínimo fuera de USD$700, cuando en la actualidad en el sector servicios es de poco más de USD$300.

 

En Guatemala, el 14 de enero, Alejandro Giammattei tomó posesión como presidente de Guatemala, terminando un turbulento periodo a cargo de Jimmy Morales, cuestionado por no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Corrupción (CICIG). En sus primeros días, Giammattei ha desarrollado un plan de control de la situación de violencia, similar al que se ha dado en El Salvador, con la militarización de territorios que se consideran de alto riesgo y la denominación de terroristas para referirse a los grupos de pandillas. Guatemala mantiene su actitud represivas hacia la migración, conforme con el acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos, haciendo de Guatemala una especie de limbo en la ruta de las personas migrantes.

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