México implementa un plan de contención de la migración priorizándolo sobre la vida y seguridad de las personas migrantes y refugiadas

Operativo de detención migratoria en Chiapas, sur de México, el 5 de junio de 2019. Foto: Karen Vanessa Perez Martinez, del Servicio Jesuita a Refugiados.

 

 

18 de junio de 2019 En México, tanto el Senado como la opinión pública, y -hasta el mismo  gobierno- intentan descifrar cómo el país podrá cumplir los compromisos adquiridos con Estados Unidos y a la vez mantener el programa de gobierno anunciado a principios de la administración López Obrador en torno a la migración, al asilo y a la situación en Centroamérica.

 

En el marco del acuerdo, la semana pasada concluyó con la ejecución de acciones con las que México quiere demostrar el cumplimiento de sus compromisos: el despliegue de la Guardia Nacional en el sur del país, el anuncio del incremento del programa “Quédate en México” que permitirá a Estados Unidos continuar devolviendo a México a solicitantes de asilo donde deben esperar las audiencias de sus procesos, y la creación de una comisión para monitorear el cumplimiento de los acuerdos bajo la dirección del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Por otra parte, se mantiene la retórica de México como país de asilo y país “solidario”. No obstante, la ausencia de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración en la negociación con EE. UU. y en la ejecución de las medidas acordadas repercutieron en la renuncia del Comisionado del INM Tonatiuh Guillén. También, tras el inicio de las medidas, el secretario Ebrard compareció ante el Senado y se vio obligado a presentar el texto completo del acuerdo entre EE. UU. y México.

 

La política migratoria de México ahora es dirigida por Relaciones Exteriores

Ante la carrera contra el tiempo para demostrar que la estrategia para contener la migración funciona, el presidente Andrés Manuel López Obrador encomendó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezar una comisión especial para cumplir los compromisos con Estados Unidos. La comisión se conformó con cinco subcomisiones que implementarán las acciones de seguridad, coordinación con los estados para opciones de regularización e integración en las fronteras Sur y Norte, y la mesa de cooperación con Centroamérica. El gobierno explicó que el objetivo es atender de manera eficaz y humana el fenómeno migratorio atendiendo también las causas.

 

Existen grandes vacíos de estructura y de operación de este plan. Lo primero es que la política migratoria no debe ser conducida ni operativizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. La agenda de migración es un tema de política interna que debe ser diseñada e implementada por la Secretarías de Gobernación en conjunto con las secretarías de Bienestar, Trabajo, Salud, Educación, entre otras.

 

Un segundo punto es cómo el Gobierno Federal llevará a cabo la fórmula de proteger derechos humanos con un plan de contención que recrudece la militarización en las rutas migratorias: ¿Cómo atenderá las necesidades de las personas que se quedarán en México sin una clara política de integración?¿Cómo pretende garantizar los derechos de las personas detenidas en las estaciones migratorias y responder al incremento que se prevé como resultado de las medidas de control fronterizo?¿Cómo realizará todo eso en un contexto de austeridad nacional? Muchos son los interrogantes a este plan que desde sociedad civil se han puesto en la mesa. El presidente López Obrador se limitó a anunciar que con la venta del avión presidencial se obtendrán recursos para financiar la atención a las personas migrantes.

 

Además, el viernes 14 el secretario Ebrard anunció que comenzarán a implementar un programa de registro, en el que las personas migrantes deberán explicar “por qué” y “a qué” llegan a México, con el objetivo de evitar que México siga siendo un país de tránsito hacia EE. UU. “Si quieres atravesar nuestro territorio para llegar a otro país, pues probablemente lo que vas a encontrar es que te vamos a decir: ‘no queremos que atravieses nuestro territorio’”, dijo el canciller.

El viernes 14, la Secretaría de Gobernación brindó el detalle de las personas que han solicitado asilo a EE. UU. y han sido regresadas a México mientras dura su proceso en las cortes de EE. UU. (Cifras hasta el 13 de junio). Infografía elaborada por Alianza Americas basada en información oficial que puede consultar en haciendo clic en los hipervínculos:

 

Tijuana y Mexicali

Chihuahua

 

Primeras repercusiones: la vida y seguridad

Las repercusiones de este plan de contención se empezaron a sentir desde los primeros momentos de su puesta en marcha. Los operativos de revisión han dado como resultado la muerte de una mujer salvadoreña, algunos medios refieren que era una menor de edad de 12 años, y otras dos personas heridas al ser atacadas presuntamente por agentes de la Policía Federal que dispararon contra un vehículo que no se detuvo en un retén de revisión. Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación ante estos hechos. En un contexto de mayor represión y de la una recién creada Guardia Nacional es posible prever que la violencia se recrudecerá contra las personas migrantes. Otra de las preocupaciones es el uso legítimo de la fuerza y la falta de mecanismos de monitoreo y control frente a estos abusos y actos.

 

Otro hecho enmarcado en el plan de contención es el operativo del sábado 15 de junio en el que agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración detuvieron cerca de 800 personas migrantes que iban en cuatro camiones, y fueron remitidas a la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz. Este hecho indica que las redes de tráfico incrementarán sus operaciones en territorio mexicano, aún con lo que esto implique: altos costos, condiciones inhumanas, abusos y muerte.

 

Ante este contexto, la detención migratoria vuelve a ser uno de los puntos de mayor preocupación. Como lo hemos comentado en otros blogs, los centros de detención están rebasados en el número de personas, con falta de atención y de presupuesto. El detener, hacinar y deportar no será la fórmula que contenga la migración, sino que enmarque la política estatal en la violación sistemática de derechos humanos, incremento de las redes de tráfico y pérdida de vidas humanas.

 

El sistema carcelario prevalecerá

Con el plan de contención, el sistema de detención migratoria en México se vuelve uno de los puntos más vulnerables en materia de derechos humanos para las personas migrantes y para el propio gobierno. El nombramiento de Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) es motivo de gran preocupación y rechazo entre la sociedad civil. Anteriormente, Garduño fue el encargado de gestionar los centros de reclusión en México.  Esta decisión refleja que los centros de detención serán manejados bajo un enfoque penitenciario alejado del discurso de la desaparición de las estaciones migratorias, como lo declaró a mediados de mayo la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

 

 

Guatemala y Estados Unidos negocian un acuerdo de “tercer país seguro”

En días previos a las elecciones generales en Guatemala, la prensa divulgó los avances de las negociaciones entre Estados Unidos y Guatemala para suscribir un acuerdo de “tercer país seguro”. El acuerdo impediría que personas que transiten por Guatemala puedan solicitar asilo en Estados Unidos, porque Guatemala sería el primer “país seguro” en el que los solicitantes de asilo debieron solicitar protección. Los principales afectados serían las personas que huyen de El Salvador y Honduras y que deben ingresar por tierra a Guatemala en su ruta hacia el Norte. Estados Unidos tiene un acuerdo de este tipo con Canadá, y de suscribirse, el país centroamericano se convertiría en el tercer país seguro de la región. Tras la reciente negociación con EE. UU. México admitió que si no logra contener el flujo migratorio deberá ceder y suscribir el acuerdo.

 

Los presupuestos para un acuerdo de esta naturaleza, y las repercusiones que tendrían para los flujos de personas que transitan por el corredor Centroamérica – México – Estados Unidos han generado una gran controversia. Guatemala es un país de origen de personas buscando refugio en Estados Unidos: cinco de los seis menores fallecidos desde septiembre de 2018 en custodia de autoridades migratorias en EE. UU. son guatemaltecos. Además, las condiciones de impunidad, y precariedad económica de Guatemala ponen en duda que sea un país que pueda ofrecer condiciones de seguridad a personas buscando protección internacional.

 

Ni Guatemala ni Estados Unidos han sido transparentes en la negociación. Lo que se sabe es que el pasado 31 de mayo, ambos países suscribieron un “Memorando de cooperación”, que, entre otras cosas, permitiría la movilización de agentes del Departamento de Seguridad del Estado de EE. UU. a la frontera Guatemala-México. Más de 30 organizaciones de la sociedad civil suscribimos una declaración en la que denunciamos este acuerdo y exigimos que se hagan públicos los detalles del memorando.Este será un desafío que podría heredar la administración que resulte electa tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se desarrollarán el 11 de agosto.

Spread the love
Tags :