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Operativo de detención migratoria en Chiapas, sur de México, el 5 de junio de 2019. Foto: Karen Vanessa Perez Martinez, del Servicio Jesuita a Refugiados.
18 de junio de 2019 — En México, tanto el Senado como la opinión pública, y -hasta el mismo gobierno- intentan descifrar cómo el país podrá cumplir los compromisos adquiridos con Estados Unidos y a la vez mantener el programa de gobierno anunciado a principios de la administración López Obrador en torno a la migración, al asilo y a la situación en Centroamérica.
En el marco del acuerdo, la semana pasada concluyó con la ejecución de acciones con las que México quiere demostrar el cumplimiento de sus compromisos: el despliegue de la Guardia Nacional en el sur del país, el anuncio del incremento del programa “Quédate en México” que permitirá a Estados Unidos continuar devolviendo a México a solicitantes de asilo donde deben esperar las audiencias de sus procesos, y la creación de una comisión para monitorear el cumplimiento de los acuerdos bajo la dirección del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Por otra parte, se mantiene la retórica de México como país de asilo y país “solidario”. No obstante, la ausencia de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración en la negociación con EE. UU. y en la ejecución de las medidas acordadas repercutieron en la renuncia del Comisionado del INM Tonatiuh Guillén. También, tras el inicio de las medidas, el secretario Ebrard compareció ante el Senado y se vio obligado a presentar el texto completo del acuerdo entre EE. UU. y México.
La política migratoria de México ahora es dirigida por Relaciones Exteriores
Ante la carrera contra el tiempo para demostrar que la estrategia para contener la migración funciona, el presidente Andrés Manuel López Obrador encomendó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezar una comisión especial para cumplir los compromisos con Estados Unidos. La comisión se conformó con cinco subcomisiones que implementarán las acciones de seguridad, coordinación con los estados para opciones de regularización e integración en las fronteras Sur y Norte, y la mesa de cooperación con Centroamérica. El gobierno explicó que el objetivo es atender de manera eficaz y humana el fenómeno migratorio atendiendo también las causas.
Existen grandes vacíos de estructura y de operación de este plan. Lo primero es que la política migratoria no debe ser conducida ni operativizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. La agenda de migración es un tema de política interna que debe ser diseñada e implementada por la Secretarías de Gobernación en conjunto con las secretarías de Bienestar, Trabajo, Salud, Educación, entre otras.
Un segundo punto es cómo el Gobierno Federal llevará a cabo la fórmula de proteger derechos humanos con un plan de contención que recrudece la militarización en las rutas migratorias: ¿Cómo atenderá las necesidades de las personas que se quedarán en México sin una clara política de integración?¿Cómo pretende garantizar los derechos de las personas detenidas en las estaciones migratorias y responder al incremento que se prevé como resultado de las medidas de control fronterizo?¿Cómo realizará todo eso en un contexto de austeridad nacional? Muchos son los interrogantes a este plan que desde sociedad civil se han puesto en la mesa. El presidente López Obrador se limitó a anunciar que con la venta del avión presidencial se obtendrán recursos para financiar la atención a las personas migrantes.
Además, el viernes 14 el secretario Ebrard anunció que comenzarán a implementar un programa de registro, en el que las personas migrantes deberán explicar “por qué” y “a qué” llegan a México, con el objetivo de evitar que México siga siendo un país de tránsito hacia EE. UU. “Si quieres atravesar nuestro territorio para llegar a otro país, pues probablemente lo que vas a encontrar es que te vamos a decir: ‘no queremos que atravieses nuestro territorio’”, dijo el canciller.
