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En medio de las negociaciones migratorias de EE. UU y México, autoridades mexicanas realizaron un operativo de detención de un grupo de personas que ingresó a territorio mexicano el 5 de junio. Las autoridades dejaron avanzar al grupo durante la mañana, para interceptados al mediodía en su paso por la localidad de Metapa de Domínguez, Chiapas. Foto: Karen Vanessa Perez Martinez, del Servicio Jesuita a Refugiados, en Tapachula.
11 de junio de 2019 — El viernes 7 de junio, México se encontraba en una tensión constante entre sostener los compromisos adquiridos con Estados Unidos en materia migratoria y la presión interna para llevar a la práctica dichos acuerdos. En México, la política migratoria seguirá fuertemente marcada por la militarización, la detención, la deportación de personas migrantes y solicitantes de asilo, todo esto en un contexto de violación a derechos humanos.
Al comprometerse a mejorar los controles migratorios, México recrudecerá la política de militarizar las rutas migratorias en el país. Dentro de los primeros anuncios, después del acuerdo con Estados Unidos, está el construir tres cuarteles ubicados en la costa y norte de Chiapas, y el despliegue, a partir del lunes 10, de 6 mil miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur.
Estas acciones de contención de los flujos migratorios tendrán un fuerte impacto en el número de detenciones, como hemos visto en las últimas semanas. También, agravarán las condiciones de detención de las personas migrantes que estarán en contextos de hacinamiento, falta de acceso a derechos, y sufrirán violaciones a su derecho al debido proceso. El desafío para México radica en cómo aumentar las detenciones y deportaciones, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Esos son sus compromisos internacionales.
Inminente colapso en la frontera norte de México
Otra de las tensiones que enfrentará el gobierno mexicano es cómo implementar una política de integración, temporal o permanente, para los extranjeros que permita a las personas vivir en México en un contexto de xenofobia. La frontera norte de México, en la práctica, es y seguirá siendo un “tercer país seguro”, con una carente infraestructura local y precaria asistencia humanitaria para la atención de miles de personas que esperaran en México la resolución de su solicitud de asilo en Estados Unidos debido a la política “Remain in Mexico”. Se espera que al cierre del año sean cerca de 60 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos que esperarán en territorio mexicano.
Esta situación será la misma que ocurra en la frontera sur, con las miles de personas que decidan quedarse a rehacer la vida, y que solo contarán con un documento migratorio que les permite la movilidad en cinco estados.
La migración no se resolverá negociándola bajo la presión de la imposición de aranceles, ni con la militarización de la frontera. Estas acciones sólo obligarán a que las personas sigan huyendo y migrando en condiciones de mayor vulnerabilidad, con redes de tráfico y buscando nuevas formas, alguna peligrosas, de ingresar al país. Con el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos se define la política migratoria del Gobierno de López Obrador, contradiciendo los anuncios de los primeros meses de su mandato.
En la práctica, la administración López Obrador ya estaba tomando medidas para frenar el “éxodo” centroamericano, que se incluyen en la declaración conjunta entre EE. UU. y México. Un día después de conocerse el acuerdo, el periódico The New York Times aseguró que México ya había aceptado tomar las medidas migratorias meses antes de la reciente amenaza arancelaria del presidente Trump. Según la publicación, fundamentada en declaraciones de funcionarios mexicanos, el acuerdo está compuesto por medidas que México ya había acordado. Una de esas medidas es la política “Protocolo de Protección a Migrantes” (Remain in Mexico), que fue anunciado en diciembre de 2018, y que ya está siendo impugnado en un tribunal de San Francisco.
Presencia de tropas estadounidenses en Guatemala
En contraste con la presión a México por parte de Estados Unidos, se observa una estrategia diferente en Centroamérica. Durante la semana, se escucharon diversas versiones en torno a la presencia de tropas estadounidenses en Guatemala en tareas relacionadas con control migratorio, originadas a partir de diferentes versiones de prensa y de la visita del secretario de Seguridad Nacional interino de Estados Unidos, Kevin McAleenan, la semana anterior. Las versiones variaron en el curso de la semana. El lunes 3 de junio, el ministro de Defensa de Guatemala confirmó la presencia de tropas militares estadounidenses en Huehuetenango, Guatemala, con el propósito de frenar el éxodo de personas de Centroamérica. Explicó que las tropas estadounidenses están en el país, como lo han estado en los últimos quince años. La ministra de Relaciones Exteriores describió la función de las tropas cómo “humanitaria”. El martes 4 de junio el presidente Jimmy Morales explicó que se trataba apenas de una propuesta. Esto porque el Congreso Guatemalteco tendría que autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.
Lo cierto es que actualmente, hay presencia de más de 1000 miembros del ejército estadounidense en Huehuetenango, Guatemala, en tareas relacionadas con la provisión de ayuda humanitaria en contextos de desastres. Se anunció que se planea un programa similar en el departamento de San Marcos, fronterizo con el Estado de Chiapas en México. La colaboración y presencia de las tropas norteamericanas en Guatemala requiere de la atención y el monitoreo constante de la sociedad civil. Es importante recordar que el presidente Trump anunció la decisión de suspender la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador, como sanción por su incapacidad de controlar los flujos migratorios. Aparentemente, la asistencia militar no se ha suspendido.
