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Foto: Informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Interior (DHS), Julio 2019.
10 de julio de 2019 — En los últimos días, el gobierno de El Salvador ha reconocido su responsabilidad en el éxodo de familias salvadoreñas que buscan protección en Estados Unidos. El presidente Nayib Bukele -quien asumió el poder hace un mes- responsabilizó a su país por la trágica muerte de Óscar Martínez y a su hija Valeria, quienes se convirtieron símbolos de la crisis humanitaria actual.
Aunque hay un avance en el reconocimiento de responsabilidades por parte de un funcionario, los gobiernos de la región sin cuestionar a la administración Trump por ser el principal responsable de los horrores que niños y familias están enfrentando debido al encierro en centros de detención privados dentro de los Estados Unidos y por la política de devolución a México.
Por su parte, México parece caminar por una línea delgada entre la protección de los derechos humanos y complacer a la administración Trump. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeció a Trump por reconocer “avances” de México en el control migratorio. A la tarea de contener el flujo migratorio se ha sumado Guatemala. Hace unos días, este país centroamericano -nación de origen de personas que integran el éxodo- comenzó a realizar operativos detención de personas extranjeras en tránsito.
Mientras eso ocurría, en EE. UU. las horrorosas condiciones de hacinamiento e insalubridad de los centros de detención migratoria generaron indignación. El informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Interior sobre los centros de detención de la región del Valle del Río Grande reveló las inhumanas condiciones a las que han sido expuestos niños y familias en búsqueda de protección. A pesar de las imágenes, el encargado de Seguridad Interior Kevin McAleenan viajó a Honduras, El Salvador y Guatemala para negar la situación.
Solicitantes de asilo regresados a México enfrentan una pesadilla
Por otro lado, las víctimas de la política “Migrant Protection Protocols” (MPP) o Remain in Mexico -que permite que personas sean elegidas arbitrariamente para esperar sus procesos de asilo en México- ya superan las 16 mil, de acuerdo a la más reciente actualización del Instituto Nacional de Migración mexicano (INM). Según las estadísticas, la mayoría de personas están siendo devueltas a través de la frontera de Ciudad Juárez, -una de las ciudades más peligrosas del mundo- seguida de Tijuana, y Mexicali.
Estas personas enfrentan condiciones potencialmente peligrosas e insostenibles cuando son regresados a la frontera México-EEUU, sostiene un reciente informe presentado por las organizaciones Human Rights Watch y Hope Border Institute. Enfrentan una escasa infraestructura de albergues, escasez extrema de recursos e incumplimiento de las promesas del gobierno mexicano de proporcionales visas de trabajo para poder autosostenerse en una tierra donde carecen de apoyo. Estas condiciones los deja atrapados en ciudades peligrosas, con limitantes de medios de subsistencia y los hace vulnerables a la trata de personas y explotación.
Ante esta desprotección, las personas solicitantes de asilo devueltas a México están comenzando a desistir y a retornar a sus países de origen. Durante la semana anterior se informó de un grupo de al menos 70 personas solicitantes de asilo que prefirió optar por regresar a casa. De esta forma EE. UU. está logrando uno de sus principales objetivos: que las personas centroamericanas desistan de buscar protección en EE. UU. Esto es una violación al derecho reconocido internacionalmente. Estas personas huyeron de su tierra -a sabiendas de los riesgos a los que se enfrentaban en su ruta hacia el Norte- porque no tenían opción. Regresarlos a su tierra significa ponerlos en riesgo.
México debe transparentar su papel en el éxodo
Hay otro punto importante en el papel de México: la falta de transparencia. Desde que las primeras “caravanas” de migrantes centroamericanos llegaron al país -en octubre de 2018- el gobierno se ha negado brindar estadísticas. Recientemente, en atención de una solicitud de información, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que a Secretaría de Gobernación debe revelar estas estadísticas, en el marco del acuerdo migratorio con EE. UU. Si no es con cifras, ¿cómo puede México comprobar que está cumpliendo el acuerdo?, dice el INAI. La institución considera que es necesario transparentar si Estados Unidos ofreció recursos para financiar la detención y deportación de migrantes, y de ser así, dar a conocer cómo se están administrando estos recursos. También, al revelar estadísticas, el gobierno podrá comprobar que su actuar ha sido de respeto a los derechos humanos, y la ciudadanía podrá evaluar el desempeño de las autoridades, sostiene el INAMI.
Lamentablemente, ningún gobierno se ha pronunciado para condenar esta serie de arbitrariedades registradas tanto en Estados Unidos como en México, e insisten en avalar e implementar un enfoque de control y represión de los flujos migratorios. Únicamente se sigue cuestionando desde la sociedad civil, y desde entidades estatales de protección de derechos humanos.
¿Soluciones? En lo inmediato, los gobiernos deben exigir un enfoque de protección
Las condiciones inhumanas y de desprotección tendrán consecuencias irreparables principalmente para los niños. Sabemos que los problemas que motivan los flujos migratorios no se solucionarán de un día para otro, y que por muy duras que sean las medidas de represión y contención, continuarán saliendo niños y familias enteras en búsqueda de protección. En lo inmediato, Alianza Americas llama a los gobiernos de la región a unirse para adoptar un enfoque que reconozca la necesidad de protección de estas personas para reducir las violaciones a los derechos humanos y para evitar más tragedias como la de Óscar y Valeria. Las personas que huyen no deberían ser reprimidas ni encarceladas ni devueltas a lugares donde su vida está en riesgo.
