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24 de marzo de 2020 — En la última semana, hemos podido observar las diferencias y similitudes en las respuestas en América Central, como también en América del Norte frente a la pandemia del COVID-19. Esta es una situación excepcional que ciertamente ha puesto a prueba a los Estados, a las sociedades y a sus líderes. La crisis mundial de salud actual ha puesto de manifiesto la manera en que los pueblos del mundo dependemos unos de otros, y como la conducta individual afecta la salud de todos.
Las condiciones económicas en América Latina permiten avizorar grandes debilidades para afrontar la recesión económica. La situación en América Central y América del Norte es diversa. El nivel de contagio es relativamente bajo en Canadá, sin embargo, acordó con EE.UU. cerrar las fronteras y rechazar a los solicitantes de asilo que intenten ingresar de un país al otro. México y Estados Unidos celebraron acuerdos similares, que evidencian la preocupación por mantener el comercio, vital para las dos naciones, y un cierre inédito de la frontera para los solicitantes de asilo, duramente criticado. Mientras tanto, los albergues de la sociedad civil que se encuentran cerca de la frontera y que atienden a las personas que esperan su turno para ingresar a EE.UU. o la audiencia de su caso de asilo, y a las personas deportadas de EE.UU., deberán albergar también a las personas que están llegando a la frontera para intentar pedir asilo. Los albergues buscan prepararse para una nueva emergencia, esta vez de salud pública, sin los recursos o el apoyo del gobierno mexicano, que los ha dejado a ellos a cargo de la atención humanitaria. La decisión del gobierno federal mexicano ha sido la de esperar y abstenerse de tomar medidas restrictivas para evitar el impacto económico.
En América Central, las respuestas varían de país a país. El Salvador fue una de los primeros países en tomar medidas: estado de excepción, cuarentena domiciliar obligatoria y medidas económicas para aliviar las consecuencias económicas del cese de actividades. Guatemala ha optado por el toque de queda nocturno, y por medidas económicas tenues, que el Presidente justifica para mantener la estabilidad económica. Mientras que la sociedad civil adapta las recomendaciones de prevención a las condiciones de vida de las comunidades rurales. Honduras optó por el cierre de fronteras, anunció algunas medidas económicas y decretó el toque de queda absoluto del 20 al 29 de marzo. Nicaragua en cambio, ha optado por desconocer las recomendaciones internacionales sobre el distanciamiento físico, incluso llamando a movilizaciones masivas, lo que ha llevado a la sociedad civil a hacer llamados para organizarse y responder colectivamente.
La militarización sigue siendo una de las medidas implementadas por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para contener el contagio del COVID-19: Guatemala desplegó militares en su frontera con México para evitar el ingreso de extranjeros y a partir del 22 de marzo se implementó un toque de queda nacional por ocho días. El Salvador se encuentra en una cuarentena domiciliar de 30 días a partir del 20 de marzo que limitan el derecho de movilidad donde lo único permitido es desplazarse para comprar alimentos o medicamentos. Estas medidas han resultado en una serie de detenciones arbitrarias en Guatemala y El Salvador. El uso de las fuerzas armadas dentro de contextos de emergencia de salud es un alto riesgo para las democracias de Guatemala y El Salvador. A diferencia de Estados Unidos que ha hecho uso de la Guardia Nacional en un rol de apoyo a las instituciones encargadas de prestar servicio médico y diagnóstico en estados mayormente afectados.
Además de reflexionar sobre todas estas restricciones y medidas excepcionales, esta emergencia mundial refleja la urgencia de evaluar e incidir sobre la cobertura que ofrecen los Estados en materia de seguridad alimentaria y salud. ¿Cómo pueden los Estados garantizar a toda la población condiciones mínimas y dignas de salud y de subsistencia para todas las personas que se encuentran en su territorio?
Una pandemia no sólo tiene implicaciones de salud pública, sino sociales y económicas. Las sociales las estamos viviendo en la medida en que el aislamiento físico es una de las medidas más efectivas para contener al virus. Sin embargo, el aislamiento es realmente un lujo para las personas que realizan un trabajo remunerado, sólo posible para quienes pueden trabajar desde su casa. El resto de los hombres y mujeres trabajadoras deben sacrificar su ingreso para aislarse. Es importante también garantizar que quienes siguen trabajando puedan hacerlo con el equipo y las condiciones de seguridad e higiene laboral para hacerlo sin poner en riesgo su salud. Entre ellas están los profesionales de salud, los equipos que atienden emergencias, las personas que se dedican al cuido de ancianos, y las personas que trabajan en labores de limpieza, entre otros. Estas inequidades ilustran la desvalorización de ciertos roles laborales como lo es el trabajo de cuidado de personas y más ampliamente, la injusticia económica reinante.
Las consecuencias económicas del COVID-19 las sentiremos en todo el mundo y no únicamente en materia del trabajo remunerado, sino en el incremento del trabajo no remunerado, particularmente en el trabajo de cuidado, que es mayoritariamente femenino. Se prevé que estas medidas resulten en un contexto de recesión económica, que también tendrá un impacto mayor en los mismos trabajadores y en las personas más pobres. Es justamente en ellos en quienes deberían centrarse las medidas gubernamentales que se están tomando. En cada país se observan propuestas y medidas frente a la recesión económica que generan el COVID-19. El desafío generalizado en América Latina es diseñar medidas para garantizar la subsistencia de los millones de trabajadores informales, que salen cada día a la calle a ganar su sustento diario. Las profundas desigualdades se agudizan y visibilizan cuando las personas tienen que escoger entre prevenir el contagio o no tener qué comer. La inclusión de una perspectiva de género también es fundamental.
Graves consecuencias por la política anti-inmigrante en EE.UU.
En plena alerta mundial ante el COVID-19, destaca la irresponsabilidad de Estados Unidos por medidas que ponen en riesgo la salud de las personas. Medidas administrativas como la reciente regla relativa a las prestaciones que podrían considerarse como una carga pública, y que impactan negativamente los procesos de regularización migratorio constituyen una barrera que limita el acceso a la salud para las personas migrantes. Aunque el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades está investigando actualmente el impacto de la regla de la carga pública en la salud pública, es necesario que se tomen medidas para garantizar el acceso universal a la salud.
Adicionalmente, en la detención, procesamiento y audiencias migratorias la propagación del virus es inevitable, destacan varios informes. La detención prolongada junto con el hacinamiento aumentan las posibilidades de contagio. La exposición al COVID-19 entre personas detenidas y deportadas es el resultado de la negligencia gubernamental y que a su vez viola los derechos de las personas migrantes. Sin embargo, las deportaciones continúan. Honduras intenta imponer una cuarentena a los deportados recién llegados quienes rechazan la medida. El Salvador anunció que no recibiría deportados. Alianza Americas está haciendo un llamado para que se detengan las redadas anti inmigrantes, las detenciones y las deportaciones. Se demanda tambien la liberacion de las personas detenidas, al igual que la suspension de las audiencias en las cortes de inmigracion.
La Directora Médica de Médicos Sin Fronteras ha hecho un llamado a la solidaridad, a ser responsables y aislarnos físicamente, y también para el abastecimiento de los equipos e insumos médicos necesarios para atender a la población enferma. Este es también un momento para empezar a reflexionar sobre el impacto que tendrá esta pandemia y las medidas para contenerla en la forma cómo vivimos, la prioridades que establecemos y nuestra relación con el planeta.
