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A mediados de agosto, una delegación de investigación integrada por los legisladores estatales de Massachussets Nika Elugardo y Andy Vargas, y representantes de las organizaciones Centro Presente, Lawyers for Civil Rights y Alianza Americas, visitó Honduras y El Salvador para documentar las causas del éxodo migrante. Foto: Lawyers for Civil Rights
4 de septiembre de 2019 — La Administración Trump continúa asegurándose de que México y Centroamérica se conviertan en su muro para frenar a personas que buscan solicitar asilo en los Estados Unidos. La semana pasada, durante la visita a El Salvador del secretario interino de Seguridad Interior de los EE. UU. Kevin McAleenan, se dio a conocer la firma de un acuerdo entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el secretario McAleenan para frenar la migración.
Según dieron a conocer ambos funcionarios, el acuerdo busca reforzar la “Patrulla Fronteriza” de El Salvador, creada recientemente por el gobierno de Bukele. También, incluye la colaboración de los EE.UU. para desarticular pandillas y bandas de tráfico de personas, y “mejorar las condiciones de asilo en El Salvador”. Sobre este último punto, el presidente Bukele negó que se trate de un acuerdo de “país seguro” o un acuerdo de asilo como el firmado en Guatemala el saliente presidente Jimmy Morales, que se mantiene bloqueado por la Corte de Constitucionalidad de ese país.
De momento, no hay claridad sobre el acuerdo alcanzado en El Salvador. Pero -como ha remarcado Alianza Americas, sería muy problemático que cualquier país centroamericano se declare “país seguro” para solicitantes de asilo, como pretende Estados Unidos. En lugar de apoyar patrullas fronterizas o la militarización de las fronteras, lo que Centroamérica necesita es apoyo a programas sociales que ayuden a disminuir la desigualdad causante de los problemas de violencia y pobreza que motivan el éxodo centroamericano. Sólo de esta forma, a mediano o a largo plazo, Centroamérica puede llegar a ser una región donde menos personas se vean forzadas a migrar. Lamentablemente, la administración Trump está apostando a medidas erradas, como ignorar los ataques a la lucha contra la corrupción y la impunidad por parte de los gobiernos, como ocurre en Guatemala con el cierre de la CICIG que se hizo oficial esta semana.
Recientemente, Alianza Americas junto con nuestros miembros Centro Presente y nuestros aliados Abogados por los Derechos Civiles lanzamos un reporte con sugerencias de atención al éxodo centroamericano, tras una delegación de investigación en la región en agosto. Puede consultar el reporte aquí.
La situación de migrantes y solicitantes de asilo empeora
En México, mientras tanto, en la medida en que se va consolidando la política de aprehensión, detención y deportación, se observa cómo la situación de seguridad está empeorando y cómo las personas migrantes y aquellas que buscan asilo en EE. UU. tienen que desarrollar estrategias para intentar evadir los controles migratorios. Recientemente, el Comité de Discriminación Racial de Naciones Unidas se mostró preocupado al respecto (Par. 34 y 35). Muchos no logran sortear los obstáculos y son aprehendidos y deportados. Otros no pueden ser deportados y se rehusan a salir de México en dirección a Guatemala. Otros tantos, se quedan en algún lugar de la frontera, intentando sobrevivir, esperando que la situación cambie o por lo menos evitando regresar a sus países de origen. Mientras que muchos otros son víctimas del crimen organizado y son secuestrados, ejecutados o desaparecidos.
Migrantes africanos en Tapachula exigen sus derechos
La semana pasada informamos sobre la crisis humanitaria que enfrentan las más de 3,000 mil personas de los distintos países de África que se encuentran varadas en Tapachula, como consecuencia del cerco migratorio impuesto por México. Tras sufrir represión estatal, ahora han decidido organizarse para exigir que el gobierno mexicano deje de violar sus derechos.
En un comuninicado difundido la semana pasada, la recién creada Asamblea de Migrantes Africanos explicó las razones de su desplazamiento forzado y enumeraron sus exigencias al gobierno mexicano: 1) Que les sea entregado un documento que les autorice continuar su camino hacia el Norte y poder solicitar asilo en Estados Unidos y Canadá; 2) Para quienes opten por la protección internacional en México, acceder sin bloqueos al procedimiento del reconocimiento de la condición de refugiado; 3) Asistencia humanitaria urgente para evitar el deterioro de la salud física y mental; y 4) Detener la represión por parte de fuerzas de seguridad del Estado. Las peticiones al gobierno mexicano también fueron expresadas en una conferencia de prensa y en una marcha pacífica. Esta lucha se torna larga y necesita la voz y respaldo de las personas de conciencia en toda la region para que la dignidad de las personas africanas sea reconocida por el Estado Mexicano.
El cerco que enfrentan los migrantes africanos es el resultado del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos alcanzado en junio pasado. Se conoce que este acuerdo será evaluado el próximo 10 de septiembre en Washington D.C., en una reunión entre el vicepresidente de los EE. UU. Mike Pence y el canciller de México Marcelo Ebrard. Por ahora, el gobierno mexicano destaca que gracias al acuerdo se ha reducido en un 52 % el número cruces hacia los Estados Unidos.
