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20 de agosto de 2019 — En los últimos días se confirmó que México está enviando a los solicitantes de asilo en Estados Unidos -que son regresados a México bajo el programa Migrant Protection Protocols (MPP, por su nombre en inglés) o “Remain in Mexico”- a Ciudad Hidalgo, Chiapas. Esto deja a las personas con procedimientos de asilo pendientes en EE. UU. a 2,200 kilómetros de la frontera sur de ese país. A las personas solicitantes de asilo devueltas a Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas les ofrecen la opción de ser transportados a Chiapas, ante la condición de inseguridad en la zona norte de México, pero no les ofrecen traslados desde allí a la frontera con Estados Unidos para asistir a las audiencias de sus casos de asilo, lo que correría por cuenta de ellos. Chiapas tampoco es un lugar que ofrece condiciones de seguridad y vida digna para solicitantes de asilo.
El programa de devolución de solicitantes de asilo a México ha sido criticado por las condiciones de inseguridad y de vulnerabilidad en que quedan los solicitantes de asilo. Esta situación se confirma cuando es el mismo gobierno mexicano el que les está ofreciendo abandonar la región fronteriza ante la inseguridad. El programa también ha sido duramente criticado por violar el principio de no devolución, es decir, por devolver a solicitantes de asilo a territorios donde su vida corre peligro. La decisión de transportar a los solicitantes hasta la frontera sur de México confirma que uno de los objetivos era devolverlos, y deja en evidencia la participación activa de México en esta grave violación al derecho internacional. Parece que la intención detrás de esta medida es incentivar que los solicitantes de asilo desistan de su caso de asilo y que regresen a sus países de origen. No hay claridad sobre si podrán salir de México y regresar a los Estados Unidos para sus audiencias, y tampoco qué sucederá con ellos cuando se venza su permiso de residencia en México por un año.
No son rescates de migrantes, son detenciones
México continúa con eufemismos en materia migratoria, al llamar rescates a las detenciones de personas migrantes, principalmente en operativos en carreteras. Desde que se comenzó a ejecutar el plan de militarización de la frontera sur del país, las personas migrantes han buscado redes de tráfico para llegar al norte, desafiando las condiciones de inseguridad, insalubridad, y sin garantías de poder llegar a su destino. Este es el caso de un reciente operativo en el que se detuvo a personas de India, Bangladesh y Sri Lanka. En el mes de julio y en lo que va de agosto, Alianza Americas ha monitoreado cerca de ocho de estos operativos, en los las personas migrantes han terminado en las estaciones migratorias, y quedan vulnerables a la deportación.
La respuesta del Estado mexicano ante la existencia de redes de tráfico ha sido detener en estaciones migratorias a las personas migrantes en vez de reconocerlas como víctimas de delito y darles acceso a la justicia. De esta forma se evidencia que el rol de México es el de procurar la deportación de personas migrantes y no proteger y salvaguardar sus derechos.
Estados Unidos presiona a presidente electo en Guatemala
Mientras tanto, Estados Unidos ha comenzado a presionar al presidente electo en Guatemala, Alejandro Giammattei, en relación al acuerdo de asilo suscrito por el saliente gobierno de Jimmy Morales el mes pasado. Mauricio Claver-Carone, asesor para asuntos hemisféricos, llegó esta semana al país para reunirse con funcionarios del actual gobierno y con el presidente electo. El funcionario busca desbloquear la puesta en vigor del acuerdo, que pretende convertir a Guatemala en una cárcel de solicitantes de asilo. El acuerdo no ha entrado en vigor ante el papel activo de la Corte de Constitucionalidad que ha dado trámite a tres demandas de amparo interpuestas contra el acuerdo, una de ellas por el procurador de derechos humanos Jordán Rodas. Hasta el cierre de este blog no se conocía un fallo de la Corte sobre estas demandas. Lo que sí es cierto es que este acuerdo no tiene ningún sentido, y nos sumamos a los llamados desde organizaciones de la sociedad civil de la región para insistir en que Guatemala está muy lejos de ser un país que ofrezca condiciones de seguridad a las personas en búsqueda de protección.
¿Quién es Giammattei? Es un médico de profesión que ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 11 de agosto, siendo su cuarta ocasión en la que se presentó como candidato presidencial. En 2006, mientras fue director de centros penales, fue señalado por un caso de ejecuciones extrajudiciales de siete internos. Se inició una investigación penal contra Giammattei, pero fue cerrada. Este incidente marcó su carrera política y refleja los desafíos de la lucha contra la impunidad en Guatemala. No sorprendió cuando en campaña electoral Giammattei anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Durante la campaña, Giammattei hizo varias declaraciones relacionadas a la movilidad humana y los migrantes, la implementación de las cuales sería importante seguir monitoreando. Insistió en la necesidad de atraer inversión y generar empleo para que los guatemaltecos no tengan que migrar, ofreció buscar un acuerdo de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los guatemaltecos y abrir más representaciones consulares en Estados Unidos y en México, apoyar la integración de las personas deportadas con microemprendimientos y promover la educación financiera de los receptores de remesas.
