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La decisión de la administración de Trump de demonizar a la migración ha resultado en intentos incesantes por intensificar el control migratorio, detener e impedir el ingreso de personas extranjeras, particularmente de quienes ingresan por la frontera sur del país. Los 32 meses de gobierno de Trump han resultado en un sinfín de medidas administrativas que modifican los procedimientos migratorios y restringen el derecho de asilo, y de ajustes presupuestarios para financiar el muro fronterizo. Algunas de estas maniobras han sido detenidas por las cortes a partir de estrategias de litigio; otras han avanzado en su implementación generando precedentes nefastos tales como los Migrant Protection Protocols (MPP), a través de los cuales los solicitantes de asilo son devueltos a México donde deben esperar la audiencia de su caso de asilo en Estados Unidos, y la regla que agregó un nuevo requisito para solicitar asilo: haber pedido asilo en un país de tránsito a EE. UU. y que haya sido negado. Por otro lado, la administración Trump ha tenido que dar marcha atrás a medidas abominables que causaron el rechazo de la opinión pública tales como la separación de los niños de sus padres al ingresar a Estados Unidos, la deportación de migrantes que están recibiendo tratamiento médico, y la negativa de las autoridades estatales y locales a cooperar con la agencia encargada de ejecutar la política migratoria (ICE -Immigration and Customs Enforcement).
A 32 meses de la administración Trump, las medidas de una política anti-inmigrante se sienten en los operadores del sistema, en la opinión pública y en la ciudadanía. En la actualidad hay más de un millón de expedientes migratorios pendientes en las Cortes de Inmigración. Esto es el resultado de rezagos en el sistema, y también de la eliminación de un sistema de prioridades para el cumplimiento de la ley migratoria. En los once meses que han transcurrido del año fiscal 2019 (que inició en octubre de 2018) ingresaron 385 mil nuevos casos. El gobierno habla de una crisis, pero hay que tener claro que se trata de una crisis que fabricó con medidas dirigidas a perseguir a los migrantes y a los solicitantes de asilo, en lugar de considerar opciones de política que contribuyan a descongestionar el sistema. Igualmente, los funcionarios del gobierno han tenido que afrontar cuestionamientos éticos de las acciones que están realizando en cumplimiento de la política anti-inmigrante. Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza han visto cómo su trabajo cambió del control del delito al de agentes de control migratorio en un contexto de emergencia humanitaria. Los agentes no tienen la preparación, los recursos, ni la vocación para atender a los solicitantes de asilo, y sienten el rechazo de la opinión pública.
Los efectos nocivos han desbordado la frontera, con la imposición de medidas a México y al norte de Centroamérica, bajo amenazas de tarifas y otras sanciones si no cooperan con la agenda anti-inmigrante. Uno a uno, buscando congraciarse con Estados Unidos, los países centroamericanos han ido cediendo. El último, fue El Salvador. El 20 de septiembre, la canciller salvadoreña Alexandra Hill suscribió con con el secretario interino de Seguridad Nacional de EE. UU. Kevin McAleenan un memorando de entendimiento en materia de cooperación sobre asilo, con contenidos similares al que suscribieron Guatemala y Estados Unidos hace algunas semanas. Estos acuerdos establecen que EE. UU. podrá enviar a los solicitantes de asilo a Guatemala o El Salvador donde atenderán y procesarán su solicitud de asilo. Estos países recibirán asistencia para mejorar y fortalecer sus sistemas de asilo. No es necesario que las personas hayan transitado por esos países, no se trata de que sean países seguros. Es simplemente la última medida desesperada de Estados Unidos para evadir sus obligaciones internacionales como país de asilo y rebotar a los solicitantes de asilo a un tercer país: centroamericanos a México; salvadoreños, hondureños y mexicanos a Guatemala; guatemaltecos, hondureños y México a El Salvador; cubanos, haitianos, congoleños y de otras nacionalidades: a todos los anteriores.
En México, el gobierno premia al líder de la política de contención
Por decreto, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador decidió que la política migratoria del país sea conducida por el canciller Ebrad Marcelo Ebrard, quitando ese mandato a la Secretaría de Gobernación. Con este decreto, surge la Comisión Interseccional de Atención Integral en Materia Migratoria la cual coordinará todas las políticas, acciones y programas en esta materia. Con esta decisión, López Obrador parece premiar a Ebrad por los logros alcanzados en los acuerdos con Estados Unidos, que han convertido a México en un muro que impide el paso de los migrantes a la frontera sur de EE. UU., a un alto costo para el sistema migratorio mexicano y un alto costo humano para las personas migrantes. Esas condiciones busca evaluar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado 13 de agosto, el organismo solicitó al gobierno mexicano una visita a las fronteras norte y sur del país, pero hasta el momento, el gobierno no ha accedido, y asegura que necesita un plan de acción de la entidad para poder autorizarla.
“A la boca del lobo”
En México, especialmente en Tamaulipas, han vuelto a salir a la luz testimonios de personas migrantes víctimas de secuestro. Estos hechos remontan a 2009-2011, cuando la violencia contra esta población atravesó su etapa más dura. Con la política MPP, EE. UU. está envía a la “boca del lobo”, a personas que huyeron del peligro en sus países. Medios de comunicación han divulgado casos en que los migrantes suplican para no ser regresados a México, pero terminan accediendo porque son son amenazados con separación familiar.
Migrantes africanos continúan resistiendo
Las personas de origen africano que buscan llegar hacia los Estados Unidos para solicitar asilo continúan resistiendo en el sur de México ante el bloqueo del gobierno de López Obrador. Las autoridades consideran apátridas a 979 migrantes africanos, lo que ha complicado su regularización migratoria en México. Actualmente esta población tiene dos opciones: regularizar su situación migratoria en México o dejar el país a través de la frontera sur (Guatemala), -la segunda opción es rechazada por la mayoría de la población africana-. Como lo explicamos en un blog anterior, el bloqueo a los migrantes africanos se debe a un cambio en la política migratoria mexicana surgida de los acuerdos con EE. UU.
