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6 de agosto de 2019 — Tras lograr –bajo amenazas– que el gobierno de Jimmy Morales en Guatemala suscribiera un acuerdo sobre asilo, Estados Unidos ahora busca que más países de la región, irónicamente afectados por epidemias de violencia, impunidad y hambre, suscriban acuerdos similares. El debate público ya empieza en El Salvador y en Costa Rica. La intención de Estados Unidos de promover la suscripción de acuerdos similares con más países de la región, igual como en el caso de Guatemala, es un grave atentado contra la democracia en la región. La administración Trump no puede convertir a Centroamérica en una región segura con este tipo de acuerdos. Las condiciones de seguridad no se definen mediante acuerdos, sino que se crean con condiciones sociales, políticas y económicas bajo las cuales abandonar el país de origen ya no sea la única opción de sobrevivencia. Es mundialmente conocido que países como Guatemala, El Salvador y Honduras sufren problemáticas que no garantizarían seguridad a personas en búsqueda de protección. Hasta que estos problemas no se atiendan, el éxodo de personas de estos países continuará.
Nuevos ataques al asilo, ahora desde el Senado
A la vez, en el Senado de los Estados Unidos se tomaron medidas cuestionadas para avanzar un proyecto de ley que, esencialmente, terminaría con la posibilidad de que personas en búsqueda de protección puedan solicitar asilo en la frontera sur del país. La semana pasada, el senador republicano Lindsey Graham rompió las reglas del Comité de Asuntos Judiciales del Senado y del Senado mismo en un esfuerzo para lograr la pronta aprobación de su propuesta de Ley de Seguridad y Protección (Secure and Protect Act), denunció la organización Human Rights First.
La insistencia del senador Graham llega días después de que una corte federal detuviera la aplicación de una regla de asilo, dictada por la administración Trump, que buscaba eliminar las solicitudes de asilo en la frontera sur. Esta táctica en el Senado va de la mano con las intenciones del Partido Republicano y de la administración Trump de restringir el proceso de asilo a toda costa.
El vergonzoso papel de México: tortura y muerte
La semana pasada salieron a la luz las condiciones de tortura en las que se son detenidos menores y adultos en la estación migratoria de Iztapalapa, al sur de la Ciudad de México. El periódico El País difundió testimonios de dos familias detenidas en este centro que dan cuenta de hacinamiento, maltratos y falta de atención médica que permitieron la muerte de una niña guatemalteca a mediados de mayo pasado en ese centro de detención. Esta situación se replica en todo el país y ya ha sido constatada por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. En mayo ese organismo concluyó, tras una sesión realizada en Ginebra, que el Gobierno de México sigue implementando prácticas de tortura contra las personas migrantes y solicitantes de asilo.
[Sobre este tema le invitamos a ver México ante el Comité contra la Tortura, un seminario virtual que Alianza Americas realizó el pasado 31 de julio].
A los graves problemas en las estaciones migratorias, se suman los ataques hacia las personas migrantes y solicitantes de asilo por parte de las fuerzas del Estado. La ciudad de Saltillo, Coahuila, fue testigo del asesinato de un hombre hondureño durante un operativo de la Policía Federal, del Instituto Nacional de Migración y del Grupo de Operaciones Especiales de Coahuila, la noche del 31 de julio. Según denunció la Casa del Migrante de Saltillo el hombre fue abatido frente a su hija de 8 años de edad, y formaba parte de un grupo de 10 personas que recién habían abandonado la Casa. Además, se conoce que se trató de criminalizar a la víctima, argumentado que llevaba consigo un arma de fuego, lo que demuestra que la investigación tiene anomalías desde el principio. Esta muerte es una nueva muestra del enfoque cada vez más hostil del gobierno de México hacia las personas migrantes y en búsqueda de protección, que ya ha reducido el flujo migratorio hacia Estados Unidos en un 40 %, según las autoridades. El Estado mexicano debe de responsabilizarse por esta muerte y dar la protección necesaria a la niña y a su familia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe retroceder en el errado enfoque de abordar la crisis humanitaria en la región. De seguir con su política de contención, México seguirá siendo escenario del sufrimiento humano de las personas en movilidad, a las cuales no se les permite ejercer su derecho a buscar protección en el lugar en el cual se sientan seguras.
